La eterna sombra del golpe

El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, enfrenta uno de los momentos políticos más difíciles desde que asumió el gobierno al decidir implantar el Estado de Excepción en abril pasado, adelantándose al entramado opositor que controla el Congreso y otros estamentos del poder, que estaban preparando imponer este proyecto para demostrar la falta de “operatividad” del mandatario.
Por una parte se lo intentaba inculpar de complicidad con el supuesto Ejército Popular Paraguayo (EPP), una evidente instalación propagandística de la contrainsurgencia extranjera que opera en el país, y por la otra se trata romper su lazo con las bases populares y las fuerzas de izquierda que lo sostienen.
Esta semana la Cámara de Diputados aprobó el polémico proyecto de Ley Antiterrorista que castiga “los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”, estableciendo penas para el primero de los casos de 10 a 30 años y para el resto de 5 a 15. Las organizaciones sociales y sectores de izquierda, que apoyan a Lugo, y los escasos legisladores oficialistas, advierten sobre las posibles manipulaciones de la Ley por parte de jueces del pasado dictatorial.
El proyecto había sido retirado por Lugo en 2009, pero bajo la severa presión de Estados Unidos lo presentó este año nuevamente. De no hacerlo también se lo acusaría de algún tipo de “complicidad” ya que Washington “sospecha” de que en la Triple frontera “operan grupos fundamentalistas islámicos”, lo que es rechazado por organizaciones populares y humanitarias. Éstas denuncian que Washington apunta a forzar el establecimiento de una base militar en el lugar, lo que le permitiría controlar a varios países a la vez y al importante Acuífero Guaraní, uno de los más grandes reservorios de agua potable en el mundo.
Por eso, dirigentes campesinos se reunieron con el presidente Lugo para plantear su rechazo a la política de Seguridad del Ministerio del Interior y exigir el final del asesoramiento estadounidense y los acuerdos de seguridad con Colombia. Pidieron amparo para la población, especialmente en las zonas rurales, donde en los últimos años se estiman en más de 200 los campesinos asesinados y desaparecidos y plantearon la urgencia de que Lugo encabece una reforma agraria postergada desde siempre. Lo llamativo es que destacaron el trabajo del Ministro de Defensa, el general Luis Bareiro Spaini, que soporta una serie de presiones de la oposición por sus actitudes soberanas. Pocos conocen en el exterior que Bareiro Spaini fue sometido a una interpelación opositora como parte de las maniobras golpistas. Sus respuestas a los medios han sido precisas ante acusaciones falsas, pero también una carta de protesta enviada a la embajadora de Estados Unidos Liliana Ayalde desató las furias opositoras.
Por una parte advirtió a los medios que la cooperación con Colombia no ha sido solicitada por el Ministerio de Defensa. Y por otra precisó que su Ministerio “en el pleno ejercicio de acatamiento a los innegables principios de soberanía nacional reitera, que no ha tenido, no tiene ni tendrá cualquiera fuese la denominación y calificación de asesores ni expertos extranjeros que pretendan dictar normas a seguir en circunstancias especiales”.
En las últimas horas el entramado golpista está en funciones. El vicepresidente del Partido Liberal Radical, Federico Franco, quien hace rato rompió la alianza con Lugo y que conspira cotidianamente contra el mandatario, intenta un juicio político para destituirlo y reemplazarlo en uno de los tantos modelos de golpe que están planteados para “encarrilar” a Paraguay y unirlo a los países del “bien”. Obligar al presidente a golpearse a sí mismo con medidas que lo separen del pueblo, no es poca cosa.