La impunidad contada desde adentro

(PEPE MATEOS).

Te puedo decir que cuando mataron a los chicos, llegó Juampi Cafiero al Ministerio y salió eyectado Genoud, luego premiado con un lugar en la Corte”, empieza el relato una fuente que conoció, desde adentro, algunos de los manejos de la Bonaerense sobre el crimen del Puente Avellaneda. Para situarse: el gobernador era Felipe Solá y el ministro de Justicia y Seguridad saliente Luis Genoud. En cuanto a la designación de Juan Pablo Cafiero por parte de Solá fue una medida valiente que, por supuesto, no contaba con el aval del entonces presidente Eduardo Duhalde ni mucho menos de la Bonaerense. Quien conversó con este cronista pasó a jugar un rol de confianza del nuevo ministro en la división Asuntos Internos.
“De movida, (el ex comisario Alfredo) Fanchiotti pretendía decir que había disparado con cartuchos con postas de goma porque el cartucho era rojo. Como si todos los cartuchos rojos contuvieran postas de goma. Hubo un informe de la propia policía que lo avalaba y había fotos de los efectivos con cartuchos rojos en la cartuchera. Yo me fui al arsenal (subsuelo del Ministerio) y pedí un ejemplar de cada cartucho de escopeta Itaka que tuvieran, sin importar el color: de explosión, postas de goma y postas de plomo. Le llevé a Juampi 10 cartuchos. Como resultado, concluimos que había cartuchos de cualquier color con cualquier contenido. Ante la evidencia, volví al arsenal y uno de los jefes, ya medio cagado porque se le venía la noche, me dijo que las municiones eran brasileñas y que el color nada tenía que ver con el contenido: había cartuchos de explosión (usados en las canchas de fútbol habitualmente) de todos los colores, postas de goma de todos los colores y postas de plomo de todos los colores. El color dependía de la partida que venía, se compraban en Brasil, y, salvo que se encargara un color para un contenido en particular con mucha antelación, los brasileños le ponían el color que les pintaba (en el doble sentido) a los cartuchos”, relata quien, diez años atrás tuvo que meterse en el laberinto de los Asuntos Internos de la Bonaerense.

Otro laberinto. “Luego había que identificar a un tipo vestido de civil con buzo rojo y azul que desde la caja de una camioneta policial tiraba con una (escopeta) Itaka en Avellaneda como si disparara contra patitos en una kermese”, sigue la fuente. “Llené mi oficina de legajos de efectivos de Avellaneda, había sacado fotos del verduguito ese de los videos de la TV, y, por comparación fotográfica, más legajos más videos, apareció el tipo que estuvo prófugo un año. En los últimos años cayó un par de veces en cana con autos afanados, por lo que hay que suponer que fue exonerado.” La fuente cuenta que, antes de entregarse, el ex policía había enviado a la esposa para negociar el cambio de calificación de la causa. “La desgastamos (a la esposa), la tuvimos como la zanahoria al burro, hasta que el tipo se entregó.”

Los Leiva. Hubo una conexión entre la masacre de Avellaneda de 2002 y la de Fátima del 20 de agosto de 1976. Según relató esta fuente, aquel episodio, que pasó como represalia por alguna acción guerrillera, pero que en realidad fue en el marco de una interna entre marinos y verdes; es decir, entre los genocidas Emilio Massera y Jorge Videla. Pero, más allá del origen, la gente de Videla mandó dinamitar a 30 detenidos que estaban en la jefatura de la Policía Federal. Salvo dos de los dinamitados, el resto no pudo ser identificado por pericias en aquel momento. Muchos años después, el juez federal de Mercedes, Eduardo Pisoni, con competencia en Pilar, ordenó las pericias. Así fue que un grupo de antropólogos forenses se puso en la tarea.
Todos los jueves salían desde el Centro Cultural San Martín –donde funcionaba la Secretaría de Derechos Humanos en tiempos de Raúl Alfonsín– y un camión de la Policía Federal los llevaba a Derqui, donde estaban sepultadas las víctimas. Iban un chofer, tres policías y los antropólogos. En el viaje, los policías se ocupaban de maltratar y asustar a los antropólogos. Había un policía que tenía un morbo particular, el sargento Leiva. Un día, los antropólogos se enteraron de por qué iba Leiva en el viaje: había estado de servicio en la Jefatura aquel 20 de agosto de 1976.
“El prófugo de la Masacre de Avellaneda de buzo rojo que tiraba con una Itaka desde la caja de una camioneta policial, era el sargento primero Carlos Leiva, del servicio de calle de la 1ª de Avellaneda”, relata la fuente. Resulta que este Leiva, el de la Bonaerense, estaba prófugo y era quien tenía como enlace a la esposa para tratar de aliviar su carátula judicial. La esposa de Leiva le pidió directamente al gobernador Solá una audiencia, quien se la pasó a Cafiero y éste, a su vez, se la pasó a quien relata esta historia.
“Yo recibo a la dama y me dice que quería negociar (cual Inodoro Pereyra): el marido se entregaba si se recaratulaba la causa por una calificación más liviana. Yo le dije que no podíamos ni debíamos, pero no cerré la tranquera, cosa de mantener contacto. Vivía en Berazategui y me dejó su teléfono. Cada mes, una llamadita o una entrevista pero siempre era lo mismo. Habrían transcurrido diez meses y la mujer me dice que una comisión policial (sin que yo supiera nada) había ido a hablar con el padre. Yo le pregunto: ¿tu suegro es policía? De la Federal, me dice.”
En un santiamén, el contacto con los antropólogos de la Masacre de Fátima permitió cotejar las fotos entre los Leiva: eran idénticos. Eran padre e hijo.
La próxima reunión con la esposa-mediadora tuvo un condimento distinto. La fuente de esta historia miró a los ojos a la mujer: “Mirá, no quedaría muy bien que en la tapa de los diarios apareciera que el padre del prófugo por el caso Kosteki - Santillán es un policía de la Federal que estuvo la noche de la Masacre de Fátima. La mujer no dijo nada pero acusó el golpe. El sargento Leiva (h) se presentó a la semana, alegando que estaba muy desgastado por no ver a su hijo hacía un año”.
El investigador que contó esta historia, completamente confirmada por otras fuentes por este cronista, no volvió a cruzarse con la esposa de Leiva. Sin embargo, parece que Leiva (h) no estaba tan preocupado por darle buenos ejemplos al hijo que decía extrañar. Después de un trámite jurídico logró zafar de la cárcel. Eso sí, fue formalmente exonerado de las filas policiales. Eso no quiere decir que hubiera abandonado el mundo del delito en el que viven realmente muchos de los que visten el uniforme policial. Basta ver una de las tantas crónicas de hace tres años. Concretamente del 5 de junio de 2009. Una de ellas, la de Página/12, decía: “Carlos Leiva, uno de los policías condenados por la masacre de Avellaneda que había salido de prisión en el 2007 con el beneficio de la libertad condicional, fue descubierto mientras conducía un auto con la patente trucha, portando ilegalmente un arma de guerra con la numeración limada, una práctica usada por los delincuentes para no dejar huellas. Leiva es un ex sargento de la Bonaerense que el día de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán participó de la represión vestido de civil. Una cámara de televisión lo filmó disparando contra los manifestantes con balas de plomo; gracias a esas imágenes, en el juicio posterior pudo probarse su culpabilidad en tres tentativas de homicidio y lesiones contra otros desocupados. Según confirmaron fuentes de la investigación, ahora está detenido bajo la órbita de los tribunales de Morón. La Justicia deberá revisar si le revocan la libertad condicional”. La crónica policial seguía, con más información. La complicidad policial en el delito y los crímenes también sigue, con bastante cobertura política institucional.