La Justicia según Mauricio

Enviado por Gisela Carpineta el Dom, 25/07/2010 - 02:23.

Por

Eduardo Valdés, conductor del programa Café las palabras

Mamarracho”: persona o cosa indigna de respeto. Ésa es la acepción que utilizó el jefe de Gobierno porteño en relación al fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. La sentencia, firmada por unanimidad de los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, confirma la asociación ilícita de Jorge Fino Palacios, Ciro James y Mauricio Macri, que dictara el juez Norberto Oyarbide. La imputación es haber ordenado escuchar telefónicamente en forma ilegal a su cuñado Néstor Lorenzo y al dirigente de los familiares de víctimas del atentado a la Amia, Sergio Burstein.
“Cómplices de Néstor Kirchner” fue el término con el que calificó a los jueces. Este comportamiento de Macri es similar en todos los casos en los que le tocó lidiar con la Justicia. Veamos algunos ejemplos:

Febrero de 2001. Procesado por contrabando de autos por el juez Carlos Liporace –que ratificó otro fallo de Guillermo Tiscornia– y confirmado por la Cámara, la causa llegó a la Corte Suprema, que lo sobreseyó. Macri acusó a Liporace de llevar una “conspiración” en su contra. “En este país no van presos ni drogadictos ni delincuentes y se la agarran con uno. No quiero pensar en un supuesto complot contra mi figura, aunque en la Argentina estamos muy acostumbrados a estas cosas”, aseguró. Por su absolución en el Superior Tribunal, fueron imputados por la Comisión de Juicio político años más tarde, los magistrados Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor, quienes resultaron destituidos.

Octubre de 2002. Por las cámaras de Seguridad en Boca, el juez Juan José Mahdjoubian procesó a Macri y Julio Grondona. El por entonces presidente xeneize declaró: “Lo que hizo este juez carece de fundamentos y es una falta de respeto. Se guió por falsedades”.

Enero 2008. A poco de haber asumido como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, chocó con el primer fallo en contra. La jueza Elena Liberatori limitó la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Municipales. Macri la acusó de actuar “sin objetividad ni imparcialidad”.

Septiembre de 2008. El juez Roberto Gallardo ordenó al gobierno porteño cumplir con una ley que establece la construcción de viviendas en Casa Amarilla, para lo que la Legislatura votó una partida de 14 millones de pesos. La medida judicial llevó al embargo del dinero por pedido de la Asociación civil Casa Amarilla. Macri demandó al magistrado por daños y perjuicios por “impedirle obtener intereses con ese dinero”.

Octubre de 2008. El jefe porteño incumplió la orden del juez Gallardo que ordenaba enviar médicos las 24 horas a un parador de Parque Roca, donde murió un bebe de 4 meses por falta de atención médica. En ese lugar se encontraban alojadas por el propio Estado más de 400 familias de la Villa Cartón, que se había incendiado un tiempo atrás. La respuesta de Macri fue atroz: “El lugar no puede garantizar la seguridad de los profesionales médicos”. Implicaba la admisión de que el Gobierno no podía hacerse cargo de la seguridad de la población. En un hecho sin antecedentes en el derecho administrativo, el jefe de Gobierno recusó a Gallardo en 400 causas en las que estaba demandado el Estado porteño y vació el Juzgado.

Mayo del 2010. Denunció a cinco jueces de la Ciudad (Roberto Gallardo, Elena Liberatori, Patricia López Vergara, Guillermo Scheibler y Guillermo Treacy) ante el Tribunal Superior de Justicia. El motivo fue la objeción de los magistrados al procedimiento con el que seleccionó a Daniela Ugolini para cubrir la vacante del Superior Tribunal.
La estrategia siempre fue la misma, denigrar al que lo juzga. Ésta es la calidad institucional que defiende su famosa Propuesta Republicana.
A la fecha, no se escuchó nunca de boca de Macri una condena a Palacios elegido por él para dirigir la Policía Metropolitana. El Fino está procesado por el juez Ariel Lijo, por ser “autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y autor del delito de violación de medios de prueba”, en la causa Amia, el peor atentado terrorista de la historia de la Ciudad.
Palacios, señalado como el jefe de la asociación ilícita que se le imputa pertenecer a Macri, declaró que Ciro James, autor de las escuchas a Burstein y a Lorenzo, fue recomendado por él para incorporarse al Gobierno de la Ciudad.
Por ahora, abundan los insultos, pero las explicaciones brillan por su ausencia. En los únicos jueces que confía el procesado jefe de Gobierno es en sus 24 diputados de PRO, quienes le garantizarán la división de poderes y la tan ansiada seguridad jurídica.

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