La lupa sobre el abuso institucional

Carrera. Víctima de una causa armada. (TELAM)

Los controles institucionales, que mantienen la salud democrática, llegaron a las intocables fuerzas de seguridad. Por ejemplo, la ministra Nilda Garré, firmó un acuerdo con la Oficina Anticorrupción (OA) de la Nación, buscando capacitar a las fuerzas en transparencia en compras y contrataciones. Además, junto al Movimiento Evita y al Centro de Estudio Legales y Sociales (Cels), lanzó la “Campaña Nacional contra la Violencia Institucional”. La diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda, por su parte, presentó un proyecto para democratizar al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Y en la Legislatura porteña, Rafael Gentili volvió a ingresar este miércoles el proyecto de ley para crear una comisión especial de seguimiento de instituciones de seguridad en hechos de abuso y gatillo fácil.
Los porteños conviven con una gestión que no es ajena a los abusos institucionales. Armado de la Policía Metropolitana, escuchas ilegales encargadas a agentes, represión a la protesta social e impulso a fuerzas parapoliciales como la Ucep, lo certifican. Para peor, al tratarse en este caso de una iniciativa legislativa, la comisión de seguimiento suma en su contra la prolífica actividad del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en materia de vetos.
De todos modos, las expectativas de Gentili son buenas y ello se funda en el “amplio apoyo” que recibió por parte de toda la oposición, que acompañó a la par de organismos de derechos humanos y personalidades como la de la cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, o el director del documental The rati horror show, Enrique Piñeyro. “Al mismo tiempo –dice Gentili a Miradas al Sur– es un tema de una gravedad importante y el caso Carrera así lo testimonia.”
Fernando Carrera, que también estuvo en la presentación del proyecto, acaba de quedar en libertad gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, tras haber sido condenado con una causa armada por efectivos policiales, en complicidad con funcionarios judiciales, y deslindar sus responsabilidades por las vidas malogradas en el violento operativo que hoy se conoce como la Masacre de Pompeya.
El gran impacto mediático de esta medida influyó en la decisión del legislador de Proyecto Sur de presentar ahora el proyecto que tres años atrás había impulsado Facundo Di Filippo (MC) y ni fue tratado. Es que no es novedad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad advierte en sus últimos informes sobre esta problemática.
El de Carrera es uno de muchos otros casos. Allí están los muertos del gatillo fácil del 19 y 20 de diciembre del 2001. Está Camila Arjona, que en el mismo 2005 que balean y aprehenden a Carrera, es asesinada, estando embarazada, cuando tres efectivos de la comisaría 52 tiran contra adolescentes de la Villa 20 que se negaron a comprarles drogas. Gianina Lobos tenía 21 años y también estaba embarazada en 2009, pero perdió el bebé y a su amiga, Mabel Guerra, de 17, cuando iban por la Villa 31 y un suboficial de Prefectura les disparó desde su auto. Ese mismo año fue fatal para Jonatan Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, que aparecieron enterrados en el cementerio de Chacarita como “NN sobre robo automotor”. Y también para Rubén Carballo (17), cuando fue al estadio de Vélez a ver a Viejas Locas y, a las 14 horas de una brutal represión, apareció inconsciente. Según la Policía Federal, cayó al vacío al intentar colarse por un paredón, tan peligroso que lo hirió con balas de goma y le fracturó el cráneo. Sólo se salvó su entrada al recital, intacta en su bolsillo. Al otro año sucedió el desalojo del Parque Indoamericano con las muertes de Bernardo Salguero (22) y Rosemary Churapuña (28).
“Lo que aparece en el caso Lezcano y en el Indoamericano, es la complicidad de cierto poder judicial –afirma Gentili–. No todo, pero una parte del sistema judicial actúa con mucha celeridad en encubrir los abusos policiales”, remata. Entonces, la Comisión no se las verá sólo con los uniformados: “La independencia de los poderes no implica el silencio. Más una comisión integrada por una gran representación política, Defensoría del Pueblo, funcionarios del Gobierno y organizaciones de derechos humanos”, opina Gentili.
En otro plano de los abusos posibles en las fuerzas, el caso novedoso es el convenio que Garré firmó con la OA. “No hay antecedentes dentro de las fuerzas de seguridad de programas de formación y capacitación con nociones de transparencia en general, en todo el proceso de compras y contrataciones”, sostiene su titular, Julio Vitobello, y explica que de lo que se trata es de enseñar “toda una normativa a la que hay que ceñirse para que todo proceso de compra o contratación sea, no sólo exitoso, sino también transparente. Una normativa que es como un manual de instrucciones y que muchas veces impide o dificulta la acción de los lobbies.