La máquina de hacer perejiles
El viernes pasado a la noche, varios patrulleros entraron a Villa La Tranquila, en el partido de San Martín. Casi al mismo tiempo, otros hacían lo mismo en La Cárcova, La 18, Catanga, Corea y 8 de Julio, todos barrios humildes del mismo partido.
–Es por el caso Candela –decían los hombres de azul si alguien preguntaba.
Pero lo que hicieron fue llevarse a todo aquel se les cruzaba en el camino. Sólo en La Tranquila hubo 18 detenidos. A uno de ellos, un niño de trece años, lo interceptaron en una cancha de futbol. El oficial que lo detuvo lo tacleó justo frente al arco y le pegó una patada en el pecho. En la puerta de un rancho, un grupo compartía una cerveza. Los metieron a todos para adentro y los tiraron al piso. Allí, sin ninguna orden de allanamiento, la policía se dedicó a revolver todo . Varios detenidos perdieron sus celulares. Los dueños de casa, sus ahorros.
Luego de una madrugada de idas y venidas, todos fueron liberados. La explicación oficial fue que era un operativo de rutina, y que estaban demorados por averiguación de antecedentes. Los casi veinte jóvenes que la policía obligó a forman en fila y sin abrigo en el patio de la comisaría no sintieron lo mismo.
–Acá –dijo uno de los que más los golpeaba–, los podemos matar a todos y nadie va a reclamar.
Para los que conocen la estructura policial de San Martín, los operativos del viernes pasado y que todavía se repiten tuvieron otro motivo: limpiar un poco la imagen de las comisarías de la zona.
La razón: todos los involucrados en el caso Candela vienen del partido de San Martín.
Viejos conocidos. –¡El Negro Pila! –grita una mujer mientras Miradas al Sur conversa con los vecinos en uno de los barrios allanados.
Desde el reconocimiento del cadáver de Candela trasmitido en vivo y en directo, la mujer no logró desprenderse de la pantalla: vive como intoxicada por las imágenes. Cuando grita ese nombre, todos corren junto a ella. Negro Pila es como se conoce en San Martín a Hugo, el principal acusado por el crimen de la nena de once años.
–Acá venía todos los días –cuenta una de las vecinas–. Tenía vendedores que trabajaban para él. Andaba en un auto de vidrios oscuros.
–Se tuvo que ir porque tuvo lío con los chicos del barrio –agrega otra–. Sus vendedores no eran gente del barrio, y no respetaban nada. Se tirotearon con los pibes de acá, hirieron a varios pero después se tuvieron que mandar a mudar.
–¿Y la policía? –pregunta Miradas al Sur. El interrogante les suena a lugar común.
–El que le venía a cobrar –dice una de ellas– era Walter Medina, que era el jefe de calle de la comisaría 1ª. Parecían muy amigos.
Ese oficial, de unos 35 años, fue blanco de las quejas de las madres con hijos golpeados por los hombres de la ley , y fue trasladado a la comisaría de Billinghurst, que tiene jurisdicción en las villas 9 de Julio y La 18. En otras palabras: de la jurisdicción donde había quioscos menores –incluyendo al del Negro Pila – a la zona donde reinaba Mameluco Villalba, el transa que quiso ser intendente de San Martín.
–El jefe de calle –explica a Miradas al Sur un viejo jefe de la Bonaerense– es el que recauda para el comisario, y el que sabe todo lo que pasa en el barrio. Nadie puede vender droga sin permiso de él.
En sus palabras hay algo de melancolía.
–Estos pibes –se queja– no son como nosotros. A los de nuestra generación el trabajo los transformaba en delincuentes. Éstos ya entran en la escuela de policía con vocación de robar.
Sus cálculos son a ojo: dice que en San Martín, una comisaría normal puede recaudar 50 mil pesos al mes. Una grande, como la de José León Suárez –con jurisdicción en la Corea y la Cárcova– mucho más. Es que en la Corea es donde están los centros de distribución de cocaína más importantes. Y en la Cárcova, los suboficiales se disputan la basura con los recicladores. El ejemplo más conocido es el de la masacre de José León Suárez, en febrero de este año, con dos jóvenes fusilados durante el saqueo a un vagón de tren.
Carola Labrador, la madre de Candela, nació en La Corea. Su padre, el Beto Labrador, fue un puntero político que llegó a concejal. Carola no siguió su camino. Después de su primer casamiento hace dos décadas, tuvo un amorío con un dealer del barrio, del que se habló en los primeros días del caso. Luego se juntó con Alfredo Rodríguez, el padre de Candela. Hasta hace poco, Rodríguez también fue protagonista de la cobertura periodística del caso. De él se dijo que era un pirata del asfalto con un prontuario de temer.
La realidad es que el padre de Candela fue condenado por tres hechos, todos fallidos. El último es del 5 de febrero de 2007. Ese día intentó robarle a dos empleados de una casa de música con una pistola 6.35 sin balas. Sus cómplices huyeron y él fue apresado al intentar escapar corriendo. Tres años antes, la hermana de Carola, Sabrina Labrador, lo había denunciado por tirotearle el frente de su casa. “En esa época estaba separado de mi hermana y andaba muy drogado”, contó la mujer en su testimonio. Y tres años antes de ese hecho, el 13 de julio de 2001, Rodríguez intentó robar un camión estacionado en la puerta de un corralón. Lo atraparon media cuadra después. Su condena, en un juicio abreviado, fue a tres años y medios de prisión.
El perejil, en la jerga de la Bonaerense, es alguien de poca pericia para el delito, bastante turbio como para parecer culpable de cualquier cosa, y con pocos elementos para defenderse. Son personajes de reparto, ideales para actuar de chivos expiatorios. Primero le tocó jugar ese papel a Rodriguez. Ahora es el turno del Negro Pila. Más allá de estar involucrado o no en el caso, a este último se le adjudica una desventaja adicional: su condición de peón de la policía. Al fin de cuentas, dicen los que saben, los hombres de azul son los que escriben el guión en el teatro de ilegalidades que es el conurbano bonaerense.
