La movilidad comenzó al incluir a todos
El conglomerado opositor logró sacar el dictamen para que se trate en la Cámara de Diputados los diferentes proyectos que proponen llevar la jubilación mínima a un 82 por ciento móvil. A partir de ahí, se instaló un debate acerca de si existen o no los fondos para financiar ese aumento. Pero lo que no tienen en cuenta las diferentes posiciones del arco opositor es que desde el 2003 a esta parte, desde la Anses se buscó ampliar el alcance de beneficiarios del sistema previsional, que en ese lapso creció en un 66,5%, y al mismo tiempo la remuneración actual es superior en términos reales a la que se dio en los noventa.
“A partir de la postconvertibilidad se dieron dos factores que influyeron positivamente en el sistema provisional”, señala el economista Nicolás Arceo, del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. El aumento del empleo, que llevó a que los aportantes pasaran de cinco millones a ocho millones, y el de las remuneraciones que dotó a la Anses de una masa de recursos muy significativa. Ante esa coyuntura, el Gobierno tenía dos alternativas: aumentar sensiblemente las jubilaciones –aunque sin llegar al 82% móvil– o ampliar el nivel de cobertura. La decisión fue esta última. La moratoria de jubilación anticipada permitió el ingreso de dos millones de personas que no pudieron aportar durante los noventa para jubilarse. En ese sentido sí hubo una ampliación del sistema y una mejora en la cobertura muy significativa”, agrega Arceo.
De acuerdo con un estudio de los economistas Marina Dal Pogetto y Martín Vauthier del Estudio Bein, con la moratoria provisional que impulsó la Anses las prestaciones a jubilados pasaron de 3,5 millones en 2005 a 5,8 millones en la actualidad. En tanto que a fines de la convertibilidad un 30% cobraba el haber mínimo, hoy alcanza a casi el 80% de la población de la tercera edad.
A partir de la estatización de las Afjp, la Anses pasó a contar con 98.255 millones de pesos que constituyen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En la actualidad, a partir de la gestión pública ese fondo creció un 52 por ciento y asciende a 149.000 millones de pesos. Desde la oposición, señalan que ese Fondo podría ser utilizado para pagar los haberes al 82% móvil. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía salieron al cruce de esa posibilidad advirtiendo de los peligros que podría acarrear tomar ese tipo de decisiones. Amado Boudou señaló que si se tomara ese dinero los recursos del FGS se agotarían en un plazo de cinco o seis años y a partir de ahí no habría reaseguro para las jubilaciones ni fondos para cubrir el ingreso de nuevos beneficiarios.
A su vez, Arceo señala que tampoco es tan fácil hacerse de esos recursos. “El FGS tiene una alta rentabilidad, pero que en gran parte es virtual, ya que es producto de la mejora en el valor de los títulos públicos de la deuda. Con lo cual, no es dinero contante y sonante. El valor de los títulos mejoró y eso hizo que aumentara el valor del Fondo. Ahora, la ejecución de eso es bastante limitada. Supongamos que la Anses sale a vender el 30% de la tenencia de bonos que tiene en el mercado secundario, el precio de los bonos se derrumba. Es decir que no es materializable esa ganancia”, asegura.
La plata de los jubilados. Tanto desde los medios hegemónicos como desde gran parte de la oposición se criticó la utilización de los fondos de la Anses para emprendimientos productivos o para deuda pública. Sin embargo, Arceo relativiza que las cifras sean significativas y mucho menos que alcancen para cubrir los recursos necesarios para pagar el 82% móvil. “El fondo de Garantías está compuesto en un 62% por títulos públicos. Eso no fue una medida de este gobierno sino que es algo que se arrastra de la década del ’90, ya que durante diez años las Afjp se dedicaron a comprar bonos de la deuda argentina. Eso es algo que incorporó el estado cuando se estatizaron las Afjp. En segundo lugar, los préstamos al sector productivo con el FGS fueron bastante reducidos, no llegaron a un 15%”, afirma.
Justamente para Arceo es necesario desmitificar que los recursos de la Anses sean solamente “la plata de los jubilados” y que por lo tanto también que sólo ellos sean los destinatarios de los fondos. “Me parece que es necesario discutir a fondo de quiénes son los recursos de la Anses. El 60% de los fondos provienen de contribuciones a la seguridad social pero el 40% proviene de impuestos, fundamentalmente de IVA y Ganancias. Por lo tanto el conjunto de la sociedad argentina, incluyendo a los trabajadores informales y desocupados que consumen, aporta a los ingresos de la seguridad social. Es decir que si todos aportamos al sistema de seguridad social, ¿por qué el sistema no puede pagar programas como por ejemplo el de la Asignación Universal por Hijo?", remata.
