Tiempo argentino
La oposición sale detrás de Moyano
Una vez más el arco opositor saldrá a jugar su partido, esta vez en una cancha marcada entre Hugo Moyano y el Grupo Clarín. La movida, como en las épocas del Grupo A, se intentará esta semana en el Parlamento, en este caso a través del pedido de una sesión especial para tratar la modificación del impuesto a las ganancias. El pedido que ingresó el viernes por la tarde, firmado por los diputados Federico Pinedo y Gabriela Michetti del PRO, Enrique Thomas, Gustavo Ferrari y Alfredo Atanasof por el Frente Peronista, un grupo de radicales encabezados por el ex ministro de la Alianza Ricardo Gil Lavedra y el lilito Alfonso Prat Gay, insta al presidente del cuerpo a convocar a una sesión especial para debatir las modificaciones del impuesto que recae sobre el 17% de los trabajadores registrados.
Como solía suceder en los días en que el Grupo A gozaba de buena salud e intentaba “refundar la república” –como sostenía Patricia Bullrich– a través de la modificación del régimen arancelario para las exportaciones de granos, la oposición no logra ponerse de acuerdo. Por eso, el próximo miércoles, en caso de que la sesión sea convocada, bajará al recinto con por lo menos 31 proyectos diferentes.
El proyecto presentado por Gil Lavedra, Prat Gay y Ferrari plantea gravar la renta financiera y eximir del pago del impuesto a las ganancias a los salarios menores a cuatro veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (hoy ese salario es de $2.300) y a las jubilaciones ordinarias. Según detallaron los legisladores, la medida beneficiará a “un millón de asalariados y casi 150.000 jubilados hoy injustamente alcanzados por el impuesto a las ganancias”. Prat Gay indicó que el gravamen de la renta financiera es “una deuda pendiente del sistema tributario” y subrayó que, “hoy por hoy, el piso a partir del cual se tributa ganancias se ubica en 5.800 pesos, cuando esta cifra debería ser 9.200 pesos”. Además, dijo que el proyecto en cuestión propone eximir del pago de este impuesto a los salarios menores a cuatro veces el salario mínimo, vital y móvil, como así también a las jubilaciones ordinarias.
Los legisladores explicaron, sin terminar de dar precisiones, que los fondos que llegarían por la vía de imponer la renta financiera paliarían la merma que provocará la modificación tal cual está planteada. Sin embargo, ninguno se atrevió a confirmar que con el gravamen propuesto para la renta financiera se pueda remplazar la totalidad de lo recaudado por el impuesto a las ganancias. Tampoco especificaron cómo afectaría la modificación a la coparticipación ni al dinero que cada provincia recibe de manera automática de los ingresos que el Estado nacional recibe por ese concepto.
El ex jefe de gabinete del gobierno de Eduardo Duhalde, Alfredo Atanasof, advirtió que “es una cuestión que se viene debatiendo hace años” y refutó el argumento del oficialismo de que subir el piso del mínimo no imponible significaría menores ingresos para las provincias, ya que al gravar la renta financiera “se equilibraría el desequilibrio de caja”.
Por su parte, el proyecto de modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias presentado por Claudio Lozano, presidente del Bloque Unidad Popular, acompañado por todos los integrantes de su bloque (Víctor De Gennaro, Graciela Iturraspe, Liliana Parada y Antonio Riestra), según argumenta el oficialismo, “no cumple con la Ley de Administración Financiera que plantea que ante la modificación de un impuesto la misma ley debe prever la sustitución de esos recursos en la recaudación”.
Al respecto del proyecto, su autor, Claudio Lozano, señaló que “el Gobierno insiste en no actualizar el mínimo no imponible en Ganancias, que debería ser según nuestro proyecto, de un piso de $ 13.460. Así transforma un impuesto que debieran pagar los ricos en un tributo sobre los asalariados de mayores ingresos y los sectores medios”. La norma impulsada por el bloque de Lozano incluye la universalización de las asignaciones familiares así como incorpora y modifica exenciones y deducciones. El texto sostiene la posibilidad de deducir un monto por pago de alquiler, eliminar las exenciones a la renta financiera y exceptúa del pago de impuestos los adicionales que reciban los trabajadores (presentismo, antigüedad, etc.).
El proyecto del economista que llegara a la política desde la CTA detalla que el gravamen de la renta financiera “permitiría compensar el costo fiscal de la pretendida reforma”. En ese sentido, las estimaciones oficiales que se incluyen en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2012, nos muestran que sólo por el concepto de exenciones de intereses de títulos públicos se obtendrían ingresos por $ 4.583,9 millones”.
