El martes pasado, Día del Periodista, se conoció la primera declaración pública de Comuna (Comunicadores de la Argentina), una asociación de trabajadores de prensa, que cuenta con la adhesión de más de 400 periodistas, docentes de comunicación, estudiantes y blogeros. Aquí, algunos párrafos de la declaración:
“Creemos en el pluralismo y el derecho al disenso como valor y marca en la formación de nuestro país; en la solidaridad social; en la memoria, verdad y justicia como valores fundantes de nuestra democracia; en el respeto por el diferente; en la cultura del trabajo; en la inalienable libertad de creación y expresión; en la integración latinoamericana y la autodeterminación de los pueblos; el federalismo y la unidad nacional; la defensa de lo público y la participación del Estado como garantía de cumplimiento y promoción solidaria de viejos y nuevos derechos. Nos oponemos a la conformación de monopolios, oligopolios y posiciones dominantes comunicacionales, así como a que las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito comunicacional. Nos comprometemos a defender y profundizar la plena aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia. Hacemos nuestro el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que señala: ‘No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones’; y el punto 12 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que establece: ‘Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos’”.
