Uno de los muchos indicadores de injusticia social de Argentina es que las embarazadas pobres controlan sus embarazos más tarde y menos veces que las de clase media, pese a que su riesgo biológico y social es mayor, y que su porcentaje de prematurez es el doble. Esta medida, anunciada por la Presidenta, se suma a otras iniciativas de su gobierno. Otorgar dinero a embarazadas pobres, con la contrapartida de que controlen su embarazo en un centro de salud, mejorará significativamente la materialidad de su vida –crucial para ellas y para que sus embarazos tengan mejores probabilidades de sobrevivir y evolucionar–.
La asignación universal a embarazadas fue posible por varios factores. Pero, en primer lugar, por la decisión política de que la salud y el bienestar humano son prioritarios ante los productos de consumo que nos ofrecen las corporaciones y sus voceros.
En la Argentina, la mortalidad materna es superior a la de otros países que incluso gastan menos en salud. Esto se debe a que la mayor parte de nuestro gasto se canaliza hacia la salud de lucro, debido a la capacidad de presión política que ésta tiene, fundamentalmente en el rubro medicamentos. A los capitalistas de la salud les interesan sus beneficios, no el nivel sanitario de la población.
Otra razón es que no hemos despenalizado el aborto, haciéndolo accesible, seguro y gratuito. Es mucho pedir que nuestros partidos políticos mayoritarios tengan iniciativas para despenalizar. Entonces, es tarea de la sociedad civil tomar el tema, amplificarlo, trabajar horizontalmente con diferentes grupos de interés, como sucedió con las leyes de medios y de matrimonio igualitario; y enfrentar a la clase política con esta reivindicación. Donde el aborto es legal, y en sociedades similares a la nuestra, hay una muerte cada cien mil abortos hechos. Con estas estadísticas tendríamos cinco muertes por año.
