Tiempo argentino
La Santa Inquisición bonaerense
Maximiliano Zapata Osores está detenido desde hace seis años y pasó por más de treinta cárceles. La última es la unidad 32 de Florencio Varela. Allí estuvo diez días metido en un buzón de aislamiento. No estaba sancionado, pero lo tenían allí porque no habían terminado sus trámites de ingreso. No le dejaban recibir visitas. Maximiliano empezó a golpear la puerta de su celda, como forma de reclamo. La respuesta de los guardias fue dispararle con balas de goma. El se tapó con una frazada. Entraron siete penitenciarios y lo golpearon con palos, lo patearon y lo trompearon. Después fue llevado esposado a la enfermería. Fue atendido por una enfermera o médica que no lo curó ni le recetó ningún remedio. Las lesiones –aunque no todas– constan en su historia clínica. Cuando lo llevaron de regreso a su celda, sus guardias le tenían reservado un nuevo castigo: le ataron las manos con una soga y lo colgaron de una abertura en la pared, al lado de la puerta de ingreso. Apenas rozaba el piso con las puntas de los pies. Lo dejaron así entre siete y ocho horas. No fue la primera vez de Maximiliano: fue torturado en los camiones de traslado, reprimido con gas pimienta, quemado con cigarrillos, mojado con manguera de incendios. Su cuerpo es un archivo de cicatrices.
Ese es el menú de malos tratos y torturas que se sirve, demasiado a menudo, en las cárceles del distrito bonaerense. Que quedó confirmado una vez más esta semana, con la presentación del séptimo informe anual sobre cárceles y comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria. De acuerdo con los datos de esta organización, las denuncias por violaciones a los derechos humanos en las prisiones de la provincia aumentaron un 30 por ciento durante el último año. Durante 2011 se registraron 7.089 denuncias por casos de tortura y maltrato. Los principales tipos fueron: falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, aislamiento, malas condiciones de infraestructura, problemas de alimentación y golpes.
Hubo, por otro lado, 10.458 situaciones violentas informadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La clasificación de hechos que realiza el SPB no contempla la violencia de los guardias sobre los detenidos. Por eso, no se informan agresiones o amenazas padecidas por los presos. Del total, se informó, 2.093 fueron hechos de represión con armas de fuego con postas de goma. En 8 de cada 10 casos se lesionó el cuerpo de los detenidos. Los datos se obtuvieron luego de 120 visitas que realizan por año a unidades penales, comisarías, destacamentos policiales y centros de detención de niños.
El trabajo señala también que el año pasado murieron 126 personas en 39 de las 54 cárceles. El 40 por ciento (47 casos) fueron por causas traumáticas. El resto, (75 casos): 18 fueron por sida, 4 “sin especificación” y en 25 casos “se consignó paro no traumático”. El informe también evidenció uno de los problemas estructurales del sistema penitenciario: la sobrepoblación, con nichos de hacinamiento. Actualmente en la provincia existen 18.640 plazas en las que se alojan 27.991 detenidos. De ese total, el 28 por ciento tiene entre 18 y 24 años, el 41 por ciento de 25 a 34 años, el 18 por ciento de 35 a 44 y el resto más de 45 años. En ningún caso se respetan los estándares internacionales que prevén 7 m2 por cada detenido.
Reformas y mejoras. La CPM presentó una copia del informe a Daniel Scioli. Fue en una reunión que mantuvieron con el gobernador, de la que no participó el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. “Destacamos que las prácticas de torturas y malos tratos han sido reconocidas por el Ejecutivo provincial. Scioli sabe que tiene allí un problema y se comprometió a tomar las medidas necesarias para resolverlo”, señala a Miradas al Sur Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura de la comisión. “Nosotros hemos sido siempre muy críticos de la gestión de Casal. Pero más allá de los hombres, hay que tomar decisiones estructurales, que trasciendan. Las principales: reformar y mejorar las instituciones policiales y penitenciarias. El poder político tiene que ser quien diseñe las prácticas y debe tener un fuerte control civil sobre esas fuerzas, con auditorias externas.” Otra aspiración es quitar a la Policía Bonaerense la investigación penal de los delitos complejos. “Porque arbitrariamente arman causas para que se trabaje para ellos, o a situaciones de ineficacia”, aportó el secretario ejecutivo de la CPM, Alejandro Mosquera.
Andrea Casamento preside la ONG Familiares de detenidos en cárceles federales. Su hijo mayor estuvo preso en el complejo de Ezeiza en 2004, “acusado de un delito que no cometió y del cual salió absuelto en el juicio”, cuenta a Miradas al Sur. Allí conoció a su marido. “Está preso en el mismo lugar por un delito que sí cometió. Nos casamos en la cárcel de Ezeiza hace ocho años.” Es una voz autorizada para hablar del sistema carcelario: desde hace ocho años recorre juzgados, cárceles, defensorías, compartiendo con presos y familiares situaciones similares. “Intentado encontrar alguna repuesta de parte del Estado”, dice.
“No sólo en el SPB se tortura, sino también en el Federal. Para que esto se termine debe haber una clara y firme decisión política y una sociedad que acompañe.” Casamento se queja del doble discurso que hay sobre este tema. “Resulta que nadie avala los malos tratos y las torturas, pero cuando estos hechos son denunciados nadie se escandaliza. Sólo preocupa que los presos no vayan a salir.”
Para Casamento, es necesario derogar la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal, creada por la dictadura de Lanusse en mayo de 1973, tan sólo unos días antes de la asunción de Perón. “Hay que discutir un nuevo servicio penitenciario. Desmilitarizado, reducido, que sólo cumpla una función de custodia externa de las unidades penitenciarias. El resto de las actividades que se realicen dentro de la cárcel deben desarrollarse desde las instituciones públicas respectivas: el Ministerio de Educación, el de Desarrollo Social, el de Trabajo, etc.” Y propone dos puntos más: el tratamiento en el Senado de la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y un acceso sin condicionamientos a los centros de detención para las ONG que trabajan con personas privadas de la libertad.
Violencias
Mujeres y trans, las más vulnerables
El Servicio Penitenciario Bonaerense aloja a 1.205 mujeres “en un sistema carcelario diseñado, pensado, desarrollado y controlado por y para hombres”, dice el informe. De estas mujeres detenidas, 17 estaban embarazadas, 74 estaban detenidas con sus hijos/as, y 91 chicos/as se encontraban detenidos/as con sus madres. “A la violencia inherente a las instituciones penitenciarias, se le suma la violencia de género como una forma de la tortura específica, ejercida tanto por personal femenino como masculino. Durante el año 2011 se incrementaron los hechos de violencia informados por el SPB: de 254 registrados en 2010 a 419 en 2011”.
Las personas trans que adoptaron una identidad de género femenina son las más vulnerables dentro de las unidades penales. No hay espacios de detención pensados para alojarlas, por lo que son obligadas a permanecer en unidades penales masculinas. Los únicos pabellones destinados para el alojamiento de personas trans son los denominados de “homosexuales”, donde conviven con gays y personas con causas vinculadas a delitos contra la integridad sexual, primando el criterio de “desviaciones sexuales”.
