En un plazo no mayor a quince días, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentará una nueva querella –basada en el informe Papel Prensa-La Verdad– en la causa que investiga si la transferencia de acciones de la empresa del Grupo Graiver a los diarios Clarín , La Nación y La Razón fue realizada mediante la comisión de delitos de lesa humanidad. La causa se encuentra en el Juzgado Federal Nº 3 en lo Correccional Criminal de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza, quien delegó la instrucción en la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de esa ciudad, conducida por los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina. El equipo de la secretaría que dirige Eduardo Luis Duhalde enfrenta una ardua tarea: el informe oficial sobre Papel Prensa contiene alrededor de 27.000 fojas que deben ser analizadas a fondo. “No tiene un trabajo fácil. El informe es muy minucioso, pero está confeccionado con un enfoque histórico-periodístico que no puede trasladarse mecánicamente al plano judicial relacionado con los delitos de lesa humanidad. Hay que analizar toda la documentación desde ese nuevo enfoque, que busca establecer si los directivos de los tres diarios estaban en conocimiento de que el traspaso se hizo en el marco del terrorismo de Estado y si fueron cómplices de ese delito”, explicó a Miradas al Sur un jurista especializado en crímenes de lesa humanidad.
¿Yo, señor? ¡No, Señor! La semana pasada, en el marco de los festejos por el 65º aniversario de su primera edición, Clarín presentó el libro rojo de Magnetto, un texto titulado Las claves. La estrategia oficial contra los medios. El folleto, con tapas color sangre y dirigido a los empleados del Grupo, desarrolla una defensa del monopolio ante los suyos, tergiversando u omitiendo muchos de los hechos relacionados con la recientemente reglamentada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con la apropiación de las acciones de Papel Prensa.
Más allá de la anécdota del house organ, la estrategia “informativa” de Clarín hacia el resto de la sociedad se perfila cada vez más a despegar a su CEO, Héctor Magnetto, de los crímenes cometidos contra integrantes del Grupo Graiver para concretar el despojo de la papelera. En ese afán, a los comunicadores del monopolio se les escapa, incluso, alguna verdad. La notita sin firma del jueves pasado, titulada “Violencia, mentiras y peleas” es un ejemplo. Allí se cita una entrevista radial a Rafael Ianover, testaferro de David Graiver que tenía a su nombre acciones A de Papel Prensa hasta que fue obligado a firmar su traspaso. Dice Clarín : “‘¿Le consta que Héctor Magnetto (de Clarín ) o Bartolomé Mitre (de La Nación) pudieran haber amenazado para quedarse con las acciones de Papel Prensa?’, le preguntaron. ‘No, para nada. El acuerdo (de venta) se firmó el 2 de noviembre de 1976. Allí, Patricio Peralta Ramos (de La Razón) me aseguró que a mí no me iba a pasar nada. No obstante, a mí me secuestraron el 12 de abril de 1977’, dijo”. Con eso, para Clarín , Magnetto quedaba despegado. Lo que el artículo no dice es que Magnetto, Mitre y Peralta Ramos habían armado Fapel, el sello de goma que sirvió para la apropiación y que operaban coordinadamente frente a los integrantes del Grupo Graiver. A Magnetto, ese 2 de noviembre, le tocó convencer a Lidia Papaleo para que vendiera sus acciones. Para lograrlo, el hombre fuerte de Clarín le dijo que lo hiciera por su vida (la de ella, claro) y la de su hija. Cualquier parecido entre las conductas de Magnetto y Patricio Peralta Ramos es apenas una casualidad.
La nota del jueves tampoco dice por qué Ianover temía por su vida (le habían allanado la casa y mantenido secuestrada a su familia durante horas) ni qué poder podía tener Peralta Ramos para garantizarle su seguridad si no era cómplice del aparato terrorista del Estado.
Se sabe: después de firmar, los Graiver y Ianover fueron secuestrados por Camps.
En fin, Clarín , “¡miente, miente, que algo queda!”.
