La Veredita: el desamparo total
L a semana pasada comenzó y terminó con dos desalojos en la Ciudad: el de las viviendas sociales ocupadas en Lafuente y Castañares y el del asentamiento La Veredita, ubicado a una cuadra del primero. Ambos hechos, ocurridos en Villa Soldati, se suman a la larga lista de desalojos porteños. En declaraciones públicas, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad no dudaron en encuadrar estas ocupaciones bajo la figura penal de usurpación, desestimando otras posibles lecturas y alentando la consolidación de una imagen de estos pobladores como usurpadores, extorsionadores y recaudadores profesionales de subsidios. Desde esta perspectiva, se torna compresible que sea el mismo gobierno de la Ciudad quien, amparado en una retórica que proclama la recuperación del espacio público como objetivo supremo, denuncie a estos pobladores ante la Justicia Penal, convirtiendo un problema social en un delito o, en otros términos, criminalizando la pobreza. Ahora bien, ¿quiénes son estos hombres, mujeres y niños que “deciden” instalar sus precarias casillas en los instersticios de la Ciudad poco aptos para vivir –baldíos, veredas, terraplenes ferroviarios, bajo puentes–, o que “eligen” ocupar viviendas sociales no asignadas o inmuebles abandonados? Seguramente, habrá tantas historias como personas consultemos. Sin embargo, vale la pena hacer el esfuerzo de reflexionar a partir de algunas de esas historias en pos de afinar nuestra comprensión de las actuales problemáticas urbanas. Tuvimos la posibilidad de visitar La Veredita y entrevistar a las familias antes de que fueran expulsadas. En sus relatos, resuenan ecos de muchos otros escuchados en los últimos años en distintas villas, asentamientos y ocupaciones de la ciudad de Buenos Aires (hacinamiento, onerosos alquileres o la exclusión de planes de viviendas). En efecto, al igual que los habitantes de otros espacios habitacionales de la pobreza, los habitantes de La Veredita describen trayectorias residenciales itinerantes, sumamente inestables y precarias, producto de no poder acceder a una solución habitacional definitiva en la ciudad. Del hotel pasaron a vivir en la calle, de la calle al parador, del parador a alquilar en una villa del conurbano, del conurbano volvieron a la capital, de vuelta a la calle o debajo de un puente, del puente o la calle a un asentamiento... y así sucesivamente hasta llegar a La Veredita. Las primeras familias llegaron al lugar hace más de dos años; las más recientes, hace seis meses, en busca de habitar –aunque sea precariamente– en la ciudad y en busca de las externalidades que nuestra urbe congrega. Gran parte de los habitantes adultos, como también algunos niños, realizaban changas con su carro, “cartoneando” o “cirujeando”. Algunos habían conseguido aumentar mínimamente sus paupérrimos e inestables ingresos con el cobro de alguna pensión o con la Asignación Universal por Hijo. Ante la falta de una opción habitacional, los habitantes lograron levantar con mucho esfuerzo y en condiciones extremadamente hostiles, pequeñas casillas precarias construidas con materiales de desecho sobre las veredas de una zona con un alto nivel de contaminación ambiental, en la cual se extienden hileras continuas de microbasurales y aguas servidas. En estas condiciones sobrevivieron e intentaron rearmar su vida cotidiana: inscribieron a sus niños en escuelas cercanas, solicitaron vacantes para acceder a comedores comunitarios de la zona y establecieron lazos con otras instituciones públicas que les posibilitaban su reproducción diaria. Volviendo al comienzo: ¿resulta tan evidente la frontera entre lo lícito y lo ilícito, entre el delito y el derecho? ¿No estaremos, en el mejor de los casos, ante situaciones complejas en las que se conjugan múltiples violaciones de derechos (al disfrute del espacio público, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la ciudad) Y, si así fuera, ¿existen derechos “más legítimos” que otros? A contrapelo de la complejidad de respuestas que esta lectura ameritaría, el accionar estatal consistió en demandar penalmente a sus ocupantes, liberar el espacio público y “compensar” los efectos devastadores del desalojo con un magro subsidio o con la relocalización en un parador. Es sabido que ni la política del subsidio ni el asilo transitorio en un parador constituyen respuestas sustentables para las familias en situación de calle. Como acertadamente señaló la jueza Liberatori en su fallo, “los actores, cual perros callejeros, son pobladores de una vereda porteña (…) por una secuencia perversa que, como en una cinta de Moebius, conjuga la indiferencia del Estado, los magros subsidios, la ausencia de soluciones sustentables, la represión”. En efecto, las erráticas respuestas estatales a las familias en situación de extrema pobreza ante su expulsión de instersticios urbanos no sólo generan una mayor vulnerabilidad en sus destinatarios sino que, paradójicamente, coadyuvan a aumentar la informalidad y precariedad urbana. En la medida en que las políticas de gobierno desamparan y criminalizan la pobreza, contribuyen a delimitar las fronteras de la ciudadanía porteña, fronteras que expresan el delineamiento de dos universos de población: los que son considerados ciudadanos y los que quedan al margen de ese derecho. Los álgidos debates suscitados en torno de La Veredita y su desalojo –al igual que en otros casos recientes– tornan imprescindible reubicar la problemática de la vivienda en el marco más amplio del derecho a la ciudad y, desde esa perspectiva, asumir el desafío de lograr una distribución más justa del espacio urbano.
