Las “patrullas juveniles” de Scioli
Niños ‘sueltos’, sin tutela familiar o escolar, se desplazaban en ‘bandadas’ por las calles del centro, donde aprendían las peores artes de la delincuencia. Estas víctimas de la sociedad iban camino a convertirse en punguistas y escruchantes. Había incluso invisibles ‘sociedades de niños ladrones’, o ‘academias del robo’ donde se ‘doctoran de ladrones’, según los diarios de la época.” Podría ser una noticia actual del diario La Nación. Pero no lo es. Son consideraciones de la publicación La voz de la Iglesia, del año 1894, consignado en el libro Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, de la historiadora Lila Caimari. En la Argentina de fin de siglo XIX, la de la gran inmigración y del modelo agroexportador, las desigualdades sociales estaban a la orden del día. También el reclamo de intervención estatal a través de los medios. Como hoy. Atento a esos pedidos, el gobernador bonaerense Daniel Scioli creó hace dos meses las “patrullas juveniles”. Son cuatro autos en los que van un policía y un operador de calle del ministerio de Desarrollo Social. El objetivo: detener a menores contraventores. Control policial para pibes en riesgo social.
El gobierno bonaerense lo presenta de otra forma. Dice que las Unidades de Prevención Juvenil buscan detectar, mediar, orientar y acompañar a los chicos en conflicto con la ley. Muchos verbos amables. El ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, no usó tantos eufemismos: “El riesgo de que un menor pase de una estadística de vulnerabilidad a una estadística de delincuencia es muy próximo.” ¿Habrá querido decir chico pobre igual a chico delincuente? “El único objetivo de este programa es evitar situaciones de vulneración de derechos a los que se encuentran expuestos niños y adolescentes en situación de calle en la ciudad de La Plata”, dijo por su parte el ministro de Desarrollo Humano, Baldomero Álvarez, en una nota publicada en el diario El Día.
La respuesta no tardó en salir. Lo hizo a través de una carta Gabriel Elías Ganon, defensor general de San Nicolás. “Es la ciudadanía la que reclama y observa a cuatro patrulleros policiales pintados de naranja con la sigla ‘prevención juvenil’, y se pregunta: ¿Son policías? ¿Cómo actuarán? ¿Quiénes son? ¿A quién se dirige? ¿Detienen pibes? ¿Por qué circulan por el centro de la ciudad y no por la esquina de mi casa? La Justicia también se pregunta: si la Cámara Penal platense prohibió detener a chicos en comisarías por vulneración de sus derechos y ordenó remitirlos a los servicios sociales, entonces: ¿por qué los ministros Casal y Álvarez apelaron esa orden ante la Suprema Corte para que no se cumpla? ¿No es contradictorio crear unidades de prevención que no detienen y –a la vez– apelar esa orden judicial para detener a los pibes en comisarías?” Ganon se refiere al fallo de la Corte bonaerense que impide a la policía efectuar arrestos de pibes por averiguación de antecedentes o merodeo.
Desde la Justicia y desde el Congreso provincial han tratado de obtener información acerca de las patrullas y cómo funcionan. Tres diputadas firmaron un proyecto de pedido de informes al Ejecutivo. Hizo lo mismo el defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Julián Axat. Exigió informes a los dos ministerios involucrados para que expliquen de qué se trata el proyecto, cómo se seleccionó el personal, qué capacitación tiene, cuáles son los horarios y zonas de patrullaje. El recurso fue presentado mediante una resolución del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias. En 2008, Arias prohibió las detenciones policiales ilegales a menores.
¿Qué respondieron los ministros de Scioli? “Jamás respondieron el informe, alegando que existe en esto un ‘conflicto de poderes’. Y mientras ellos mantienen su silencio impune, las patrullas juveniles ya están en la calle. Esto deja en evidencia que los patrulleros han sido puestos a funcionar sin reglamentación, sin registro de personal, sin convenios y sin siquiera con su publicación en el boletín oficial. Ésta es una jugada sucia para evadir las resoluciones de la Justicia y que la policía bonaerense pueda seguir deteniendo a niños, niñas y jóvenes en forma discrecional”, denunció la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez de La Plata (Apdn).
El viernes 17 ya se registró un incidente. Poco antes de la medianoche, dos integrantes de esa organización llegaron hasta la puerta de la escuela Nº 84. Había un montón de chicos rodeados por tres patrulleros de la Bonaerense. Los pibes habían sido puestos contra la pared. El patrullero juvenil había estado en el lugar, pero se había llevado “a los chicos buenos” (sic) a sus casas. Los “malos” habían quedado en la puerta del colegio. Entre ellos había un nene de 13 años acusado de robarle un gorrito a otro. Lo querían llevar a la comisaría, bajo el pretexto de que se trataba de un delito, pero los miembros de la Apdn evitaron que lo hicieran. El organismo dio esta semana su opinión sobre el tema. Fueron claros: “Patrulla juvenil es invertir en represión ilegal”. Dicen que es un “engendro mal parido” que no soluciona los problemas de los pibes. Todo lo contario: los agrava.
“Estamos en contra de esta medida por considerarla ilegal, persecutoria y oportunista. Con los patrulleros juveniles no hay plan integral. Ni siquiera hay información oficial que dé cuenta de la existencia de un plan con sus correspondientes fines y sus formas de llevarlo adelante. Y es persecutoria porque constatamos en la calle que los vehículos van manejados sólo por dos policías y, en algunos casos, hemos confirmado la presencia de un trabajador de Desarrollo Social. Según comentan chicos que trabajan o viven en la calle, a lo sumo se acercan a preguntarles cómo están y se van sin ofrecerles ninguna ayuda a sus problemas concretos”, dijo a Miradas al Sur una fuente de la Apdn. No dio su nombre porque varios integrantes de ese organismo ya han recibido aprietes de la policía.
Para la Apdn es una medida “oportunista”. “Porque se da en momentos donde el gobernador no puede tapar los casos de inseguridad que genera su política de darle más poder a la policía que organiza el crimen, mientras en paralelo subejecuta o recorta programas de asistencia social. La policía se maneja al margen de la ley. Continuamente detiene chicos y chicas, los ingresa a comisarías, los golpea, los encierra con adultos y casi nunca avisa a los órganos de la Justicia o a los servicios de niñez.”
De igual manera piensa Laura Musa, asesora general tutelar porteña y miembro de la Fundación Sur Argentina. “Las patrullas juveniles van a mostrar más claramente aún la perversa e ilegal confusión entre el uso de la persecución pseudopenal con la protección por pobreza”, señaló a Miradas al Sur. Musa sostiene que es una medida ilegal porque va en contra de la Ley Nacional de Infancia y Adolescencia, de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y hasta de la Constitución Nacional. “Ante la prohibición de detener niños y adolescentes en comisarías, y de privar de libertad por pobreza o para ‘protección’, salen a la calle patrullas con policías que ‘detectan’ a los jóvenes que podrían llegar a ser peligrosos, en lo que se ha llamado conductas ‘predelictuales’ o portación de cara. Y para no incurrir en una detención ilegal, van acompañados por personal de Desarrollo Social que ‘legaliza’ la incorporación compulsiva, o sea, detención en un programa asistencial, que nunca debería ser compulsivo.”
La Fundación Sur y el Cels iniciaron un hábeas corpus colectivo pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la privación de libertad de chicos menores de 16 años, inimputables pero, a pesar de ello, presos en el Instituto San Martín. Pero la Corte Suprema, “siguiendo los votos de Zaffaroni y Argibay, declaró que ‘si bien es inconstitucional la privación de libertad de quienes son inimputables, se los mantendrá en esa condición a fin de protegerlos por estar en situación de riesgo’”, explicó Musa. Y agregó: “Lamentablemente ese fallo hizo escuela y ahora se materializa en la provincia de Buenos Aires: para los adolescentes más pobres, no son las políticas sociales inclusivas ni el debido proceso de una ley de responsabilidad penal juvenil, que es lo legal: ahora serán las patrullas con toda la discrecionalidad del criterio policial y de la asistencia”. Y se preguntó: “¿Y los derechos? ¿Y las garantías del debido proceso?”. El fallo de la Corte Suprema estás siendo revisado ahora por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal en el que está denunciado el Estado argentino.
