Los proyectos que esperan luego del matrimonio homosexual
En el Congreso de la Nación no hay tiempo para detenerse a celebrar el aniversario de aquella histórica noche en que se promulgó la Ley de Matrimonio Igualitario. De todos modos, la sensación que sigue firme entre las agrupaciones y los legisladores más proclives a los cambios es que nada fue igual después de la sanción de dicha norma. Y por eso también es que la agenda legislativa está abarrotada de asuntos pendientes relacionados con el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y trans.
En un año atípico, con elecciones distritales, primarias y nacionales, en el que el Congreso está manteniendo una actividad limitada aunque, a la vez, trascendental (Ley de Quiebras y de Producción Estatal de Medicamentos lo atestiguan), hay esperanzas de que la agenda le haga un lugar a algunos de los temas que faltan.
“Hay puertas abiertas a partir de la sanción de la Ley de Matrimonio”, asegura a Miradas al Sur Silvia Augsburger, la diputada socialista con mandato cumplido, que trabajó con la Ley de Matrimonio y que en 2007 y en 2009 presentó también su proyecto de Ley de Identidad de Género que, de la lista, es la iniciativa más urgente del colectivo.
Las organizaciones son optimistas porque vienen manteniendo reuniones desde agosto del año pasado y han conseguido un compromiso para iniciar el debate en comisión en la semana posterior a las elecciones primarias.
La ilusión es conseguir el quórum para una primera reunión y luego lograr el dictamen para ir al recinto.
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) trabaja en el tema. Su presidente a nivel nacional, Esteban Paulón, coincide con Augsburger en que la Ley de Matrimonio Igualitario abrió puertas, pero opina que, sobre todo, lo hizo “en el sentido de desmentir que estos temas sean piantavotos, que no es que la sociedad los resiste, sólo hacía falta abrir el debate. Yo siempre digo que hasta el 4 de mayo cuando se empezó a debatir la ley, nunca antes en el Congreso de la Nación se había nombrado la palabra homosexual, o gay, o lesbiana, en ningún debate. Y de golpe, ya el sólo hecho de debatirlo abrió muchísimas perspectivas”.
El dirigente cuenta que “la Ley de Identidad de Género tiene más apoyo que la del Matrimonio Igualitario, e incluso por parte de sectores que tenían una posición mucho más dogmática”. Según su punto de vista, “a un año, ya todo el mundo analizó y evaluó su voto y cómo insidió a nivel social”.
Una vez aprobada, esta ley permitirá a las personas trans acceder a la rectificación de sus datos mediante un procedimiento rápido y sencillo, sin pasar por una instancia judicial. Hasta ahora han sido pocos quienes han conseguido DNI con su nombre. Lo más común es que deban esperar varios años la sentencia del juzgado de turno y, muchas veces, con resultados negativos.
La reconocida Flor de la V es una de las primeras trans de Latinoamérica que logró que en su DNI se leyera Florencia Trinidad, sin diagnósticos médicos, psiquiátricos o intervenciones quirúrgicas compulsivas. “No tener un DNI significa para nosotras la negación del derecho básico a la identidad. Además del daño moral que ocasiona, nos impide muchas veces acceder al sistema de salud, nos expulsa del sistema educativo, nos impide conseguir trabajo o tener aportes jubilatorios, obra social, firmar contratos. Hasta para votar tenemos que hacerlo en la fila de varones”, sostuvo Marcela Romero, coordinadora nacional de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (Attta).
Augsburger se queja: “No puede ser que hoy no exista por ley la garantía para que una persona trans sea en primer lugar llamada por el nombre que ha elegido, lo que muchas veces impide incluso que sean atendidas en lugares públicos”. Por eso, cuando se habla de la normativa que reconoce la identidad de género con el nombre, se habla de inmediato de la ley de atención sanitaria para reasignación de sexo. “Una parte de la ley es el derecho a la identidad, reconocimiento en el DNI, y otra parte tiene que ver con la cuestión sanitaria”, explica Paulón. Lo que queda claro es que todas las partes, al ser complementarias, deberían discutirse casi en simultáneo.
“Una parte de la población, sobre todo la más joven, con la posibilidad de obtener el documento y un acompañamiento profesional y saludable en la construcción corporal, mejorará muchísimo sus posibilidades de inserción laboral, de acceso a la salud o evitará incluso cuestiones que resultan en una menor esperanza de vida para la población trans”, suma Paulón.
Actualmente, el proceso corporal de las trans es riesgoso tanto en lo tocante a las siliconas como en todo lo que tiene que ver con las cuestiones hormonales. No hay servicios especializados. Sólo se conocen los de las ciudades de Rosario y de Buenos Aires, pero este último ahora se encuentra desactivado por falta de presupuesto. “No hay prácticamente equipos preparados para las operaciones y, a su vez, esas intervenciones están prohibidas por la ley de ejercicio de la medicina”, detalla Paulón. La intención es que la Ley de Atención Integrada de la Salud elimine estas restricciones para las operaciones de readecuación genital y permitan que las prácticas se hagan. Lo que buscan las agrupaciones es la obligatoriedad de que haya por lo menos un servicio provincial especializado para estas prácticas, y después garantizar el derecho de acceso a todo lo relacionado con tratamiento hormonal, prótesis mamarias y las distintas partes del proceso que hoy se realizan sin supervisión médica.
Hay otras normativas que quizás no lleguen para este año pero también pugnan por una oportunidad parlamentaria. Una es la regularización de las adopciones previas a la Ley de Matrimonio Igualitario para parejas que ahora pudieron casarse o para que hermanitos nacidos antes y después de sancionada la iniciativa sean inscriptos del mismo modo. Otra es la apertura de las coberturas en técnicas de reproducción humana, para asistir a parejas compuestas por dos hombres o dos mujeres en su derecho a formar una familia. Ello deberá contemplar tanto los tratamientos como reglamentar lo referente a alquileres de vientres.
También se encuentra pendiente la ampliación de la Ley 23.592 de penalización de actos discriminatorios, aprobada por unanimidad el año pasado en Diputados. Surgida en el contexto de los atentados a la Amia y a la Embajada de Israel, no contempla otros contextos discriminatorios y el nuevo proyecto impulsa, primero, la incorporación de la “categoría sospechosa”, que en Derecho ampara a grupos vulnerados en sus derechos, evaluando su condición como principal motivo de conflicto. Y además se pide la inversión de la carga de la prueba, para que sea la persona acusada de discriminar la que tenga que demostrar su inocencia, y no como es hoy, que la persona que fue discriminada tiene que demostrar que lo fue.
Un reclamo de las organizaciones es por más políticas públicas. “Si el Estado no compromete recursos para capacitar al personal judicial y a todo el que interviene en el proceso de adopción, va a ser muy difícil que un matrimonio homosexual adopte, por ejemplo”, remarca Paulón.
El panorama legislativo también quedó modificado esta semana con el fallecimiento en un accidente automovilístico del senador nacional por Tierra del Fuego, José Martínez, ocurrido el jueves pasado. En su reemplazo, la banca de la Cámara Alta será ocupada por el hasta ahora diputado provincial Osvaldo López, quien meses atrás fue noticia cuando, tras la sanción de la Ley del Matrimonio Igualitario, contrajo enlace con su secretario privado, Javier Calisaya, siendo el segundo matrimonio entre personas del mismo sexo en esa provincia.
