Marcela, Felipe y la dilación para confirmar su verdadera identidad

(AP)

Tenían dos días. El plazo lo fijó la jueza Sandra Arroyo Salgado para que Felipe y Marcela de Noble Herrera se presentaran en el Hospital Durand para una nueva extracción de sangre. Pero los jóvenes no asistieron a la cita prevista para las 9 de la mañana por el Banco Nacional de Datos Genéticos (Bndg) que funciona ahí. Los abogados Pablo Llonto y Alan Iud los esperaron en vano.
La decisión de no presentarse no tomó de sorpresa a nadie. Jorge Anzorreguy, uno de los representantes legales de los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, había adelantado que los hermanos no iban a asistir. El letrado fue repuesto en el caso a fines de noviembre. Arroyo Salgado lo había apartado por representar a las víctimas y a su vez a la imputada en el delito de apropiación, Ernestina Herrera. La Cámara Federal de San Martín determinó que tanto él como Horacio Silva representen sólo a los jóvenes.
Para no asistir a la convocatoria del último jueves, los magistrados presentaron una apelación. Así, la medida no está firme y hay que esperar la resolución. La jueza ahora deberá expedirse para ver si la acepta o la rechaza y si le da intervención a la Cámara de Apelaciones. En última instancia, se recurrirá a la Corte Suprema.
El motivo para recabar material genético directamente del cuerpo es la confirmación de que es la única vía para que la causa avance. Los perfiles genéticos obtenidos de las muestras de sangre y saliva –recabadas en el Cuerpo Médico Forense en 2009– no pueden ser atribuidos en forma “indubitable” a Marcela y Felipe. Y la jueza pidió nuevas muestras. Arroyo Salgado lo determinó el miércoles 21 en una resolución de 64 páginas. Lo hizo en una semana clave para los delitos de lesa humanidad: un día antes condenaron a perpetua a Jorge Rafael Videla y a Luciano Benjamín Menéndez y 16 represores fueron declarados culpables en el juicio por los crímenes de los centros clandestinos Atlético, El Banco y El Olimpo.

Qué pasó. La jueza había hecho lugar a una presentación que hizo Abuelas de Plaza de Mayo el 2 de diciembre. La solicitud pedía una nueva extracción de ADN para Marcela y Felipe por no ser certeras las muestras obtenidas hace ya casi un año, el 29 de diciembre del año pasado. Las presumían contaminadas, “ineficaces” y que no eran “indubitables”. Sobraban razones: ningún perito de la querella pudo presenciar el procedimiento, no se garantizó la cadena de custodia de las muestras y se guardaron en el Cuerpo Médico Forense, un establecimiento no habilitado para esa función. “Las situaciones siempre fueron tramposas”, resumían desde el organismo. El juez Conrado Bergesio tenía la causa, pero lo apartó la Cámara Federal de San Martín, a pedido de las Abuelas, por dilatar la causa.
La extracción directa que no se pudo efectuar el jueves sería en primer lugar voluntaria. “Ordenan la extracción compulsiva de sangre”, tituló el diario La Nación apelando a un autoritarismo inexistente. La extracción será compulsiva sólo en caso de que se nieguen y en mínimas cantidades de sangre, pelo o saliva. Esta vez, por decisión de Arroyo Salgado, la obtención tendrá un cambio sustancial. Para que no vuelvan a ocurrir las irregularidades anteriores, la toma de muestras, selección, preservación y custodia iba a estar a cargo de la propia directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Rodríguez Cardozo.
“Son víctimas que tienen derechos y también tienen obligaciones”, dijo la titular del organismo refiriéndose a los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín. El último nieto recuperado –el número 102– vivió una situación similar. No acudió a ningún llamado del juzgado en donde estaba su causa. Por orden del magistrado, juez Rodolfo Canicoba Corral, la fuerza pública lo llevó a Tribunales. Ahí, el hijo del matrimonio Rochistein-Tauro dejó cuatro elementos de su ropa y así se permitió la identificación en septiembre último. El caso tiene un lazo con el de los Noble. El jefe policial del operativo de allanamiento, Carlos Garaventa, fue el mismo que estuvo en las pesquisas de la causa de Marcela y Felipe.
“Las pruebas del delito las tienen en su cuerpo y nadie que tenga pruebas de un delito puede ocultarlas”, aseveró Estela de Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. El jueves al mediodía, las Abuelas brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Asociación. Miradas al Sur fue uno de los medios asistentes. Carlotto habló acompañada de otras abuelas, tres hijos recuperados y los abogados Pablo Llonto y Alan Iud. Comentó que la casa estaba cerrada y reabrió para esta rueda, porque “para los derechos humanos no hay pausa”.
Se leyó un comunicado en donde se explica el criterio de la exigencia de una extracción compulsiva. El texto se apoya en la Ley 26.598, aprobada en noviembre de 2009. Si las víctimas se niegan a la extracción de sangre o saliva, el juez puede recurrir a métodos alternativos en contra de la voluntad de la persona. Sólo sería viable si no existiera otro medio para obtener ADN.
Antes de finalizarlo, mandó un mensaje a Marcela y Felipe. Les recordó la importancia de animarse “a romper la opresión a la que los someten”. Lo hizo tras remarcar que la Asociación quiere que los jóvenes recuperen su derecho: su identidad. Y sentenció que “nadie puede vivir con una duda semejante”.
“Pasen las noticias”, dijo Carlotto a los periodistas presentes, luego de apagadas las cámaras y grabadores. “Y sobre todo TN, que acá está el micrófono”, dijo uno de los hombres señalando el aparato.

Pasos a seguir. Los Noble Herrera suelen pasar Navidad y Año Nuevo en Punta del Este. La jueza Arroyo Salgado puede pedir que se ordene a la fuerza pública –la policía– actuar en consecuencia. Pero si los hermanos están en el Uruguay, no se podrá efectuar la orden. El letrado Alan Iud contó que sólo se podrá cumplir en aquellos países con los cuales la Argentina haya realizado acuerdos bilaterales en cuestiones de lesa humanidad.
“Marcela y Felipe firmaron por escrito estar dispuestos a colaborar en la causa –argumentó el abogado Pablo Llonto–, pero no hacen algo tan simple como presentarse a una audiencia.” La responsabilidad se la adjudicó a quienes los representan. “Son víctimas manipuladas por sus abogados”, sentenció Llonto.
Hace diez años que la causa avanza con un paso para adelante y retrocede con un paso para atrás. Parece que no se sabrá la identidad antes de fin de año, como auguraba la fiscal de la causa Rita Molina. A dos días de cumplirse un año de la obtención de las muestras, la extracción directa de material biológico es la esperanza más prometedora para cotejar con el Archivo Nacional de Datos Genéticos. Hay 2.500 historias más que aguardan su final merecido.