Mejor no informar de ciertas cosas

Las investigadoras Micaela Bazzano (UBA-Unlp) y Luciana Pol (UBA-Cels) dicen en un trabajo sobre las condiciones de producción de las estadísticas criminales que pese a algunos avances en el desarrollo de sistemas centralizados de registros informáticos, “la fuerte atención de los medios de comunicación frente a eventuales aumentos de las tasas delictuales produjo también retracciones en la política de publicidad de los datos producidos”.
Las investigadoras realizaron un extenso relevamiento de lo publicado por los medios en términos de estadísticas criminales y las posiciones oficiales expresadas en diversos organismos, algunos de los cuales “tienden a invisibilizar” problemas. Así, “a fines de 2007 la página web de la Dirección Nacional de Política Criminal fue eliminada sorpresivamente, sin brindar ninguna explicación, negando el acceso público. A principios de 2009, parte de esta información ha sido publicada nuevamente en Internet, pero se encuentra incompleta y desactualizada”. Algo similar sucedió con el Registro Nacional de Reincidencia. Como en el caso del Indec, la falta de información oficial rigurosa y creíble produce un peligroso fenómeno de respuestas por parte de “fuentes ‘alternativas’, cuya sistematicidad o confiabilidad es, como mínimo, imposible de verificar”.
Parte del problema de la ausencia de información confiable es que “puede verse cómo las medidas tomadas políticamente de manera urgente, sobre todo en materia de seguridad y justicia penal, no están basadas en los datos de las estadísticas que producen las oficinas, sino en casos policiales puntuales que adquieren relevancia en los medios de comunicación provocando desazón y pánico social”. En cambio, falta información básica acerca de las muertes causadas por situaciones violentas y que no son registradas como tales: “Aquellos en los que alguien es agredido físicamente y muere luego de un tiempo de agonía” (no son registrados como homicidios, sino como muertes por causas clínicas”) y los asociados con la violencia intramuros, en los que “se desconoce si la muerte fue causada por un extraño o alguien del entorno social o familiar de la víctima”. En los casos de las muertes producidas por abortos, dicen Bazzano y Pol, no se especifica si se trata de un aborto espontáneo o producido, lo que impide planificar las políticas públicas necesarias en el área.
También existen problemas graves con los registros policiales, que tienden a desdibujar “la participación de los mismos policías en los hechos de violencia, en los que a menudo la muerte de personas en ocasión de robo no son registradas como tales”. En cuanto a la Justicia, un problema central es “la ausencia de estadísticas unificadas para todo el país”. Hasta hoy no se puso en marcha un Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales “debido a la reticencia de los poderes judiciales de las provincias, reacios a enviar su información estadística al Poder Ejecutivo Nacional y en algunos casos sin los recursos necesarios para producir esa información”.