El viernes, Miradas al Sur se acercó a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, en el barrio de Congreso, con la intención de charlar con alguna de ellas. En la planta baja del edificio, alumnos, turistas y particulares poblaban las mesas del comedor, la librería y los pasillos; al tiempo que los empleados, muchos de ellos de los barrios de Lugano, Mataderos y Quilmes, donde funcionan los obradores, trabajaban detrás del mostrador, en la cocina y en las distintas oficinas. Era un día como cualquier otro. En ese momento, las mujeres que enfrentaron en soledad la dictadura recorrían Tecnópolis.
Voceros de la organización aclararon que las Madres “no están dando declaraciones, porque la causa está bajo secreto de sumario”. Este cronista sí pudo, en cambio, dialogar vía telefónica con Eduardo Fachal, uno de los abogados de la entidad. “En las cuatro cajas que abrió la Justicia no hay ni un solo elemento referente al objeto que se investiga en la causa, y al parecer, el señor Schoklender fundamentó sus denuncias en base a un correo electrónico de origen anónimo que anduvo circulando por las redacciones de los diarios durante la semana”, dijo el letrado.
Parecía que el abrumador apoyo popular recibido por el Gobierno Nacional en las elecciones primarias los había obligado a deponer las armas de destrucción masiva, aunque sea por unas semanas. Pero la falsa calma se resquebrajó en mil pedazos el viernes pasado, cuando Clarín y La Nación titularon en sus portadas “Denuncian financiamiento de las Madres a campañas K”. Para ello se montaron en la presentación judicial realizada por Sergio Schoklender en la causa que investiga el posible desvío de fondos públicos y lavado del dinero destinado a la construcción de viviendas sociales a cargo de la Fundación Sueños Compartidos.
Los hechos. La causa, en manos del juez federal Norberto Oyarbide, hacía un par de semanas que no sufría grandes novedades. Pero el avispero empezó a inquietarse el lunes pasado, cuando el ex apoderado de las Madres, al ver que el juez no lo recibiría, y que extendería el secreto de sumario, declaró ante un enjambre de movileros que lo perseguían por las escalinatas de Comodoro Py: “Querían que no hablara hasta octubre pero no pienso esperar. El jueves voy a dar una conferencia de prensa y voy a hablar de todo y de todos. El que avisa no es traidor”, dijo Schoklender. La embestida mediática tuvo una consecuencia inmediata: sus abogados defensores, Adrián Tenca y Horacio Pitreu, cansados de las decisiones inoportunas de su defendido, renunciaron, aduciendo que no compartían la politización del caso.
Fue luego de que una pericia caligráfica de la Gendarmería confirmara que la firma de Bonafini en un contrato con Meldorek –presentado como prueba para sostener que ella estaba al tanto de todos los movimientos de la Fundación– había sido fraguada. La amenazante conferencia de prensa nunca se realizó y devino, el miércoles pasado, en la larga entrevista que Schoklender le ofreció a la revista Noticias, del Grupo Perfil. En la ocasión, se defendió y aprovechó para despacharse contra algunos funcionarios del Gobierno nacional. Además, se lamentó, con aparente dolor, de las palabras "canalla" y "traidor" que Hebe le dedicó.
Schoklender se decidió a hablar, según dijo, porque se había traspasado un límite. En sus palabras: "Que se pararan las obras o que le rompieran las pelotas a mi hijo o al colegio". Sin sus abogados, asumió su propia defensa, y convencido, quizá, de que la historia lo terminará absolviendo, el jueves presentó documentación en la Fiscalía Antilavado y en el juzgado de Oyarbide.
De los documentos se desprenderían al menos tres denuncias. Que Sueños Compartidos habría aportado financiamiento a las campañas electorales de Cristina Kirchner, Amado Boudou y Abel Fatala. En segundo lugar, la supuesta existencia de una cuenta en el exterior a nombre de Hebe, con depósitos que rondarían los dos millones de euros. Por último, presuntas operaciones inmobiliarias que habrían abultado el patrimonio de Alejandra Bonafini, la hija de Hebe.
La presentación no sólo desencadenó la nueva operación mediática de Clarín y La Nación; también tuvo consecuencias en la causa. Oyarbide dispuso el envío de exhortos a Europa para verificar si allí hay cuentas a nombre de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y, si así fuere, determinar si tuvo movimientos y el origen de los supuestos fondos. El fiscal Jorge Di Lello, por su parte, decidió abrir antes de lo previsto las cajas con la documentación que Schoklender había entregado a la Justicia para fundamentar que nunca violó la ley con la administración de los fondos públicos que recibía la Fundación.
Dato clave. El abogado Eduardo Fachal confirmó un dato que la propia Hebe de Bonafini había hecho público en declaraciones radiales: "La cuenta del exterior nunca sumó las cifras que se le adjudican, fue cerrada hace más de cinco años y por otro lado no pertenecía a la Fundación Sueños Compartidos sino a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, para recibir donaciones para capacitaciones, charlas y convenios con municipios y entidades de Canarias, Asturias y Oviedo, en España". ¿La denuncia de Schoklender tiene sustento jurídico? "De ninguna manera, no hay ningún documento o papel que respalde la denuncia", fue la tajante respuesta de Fachal.
Finalmente, en horas de la tarde del viernes, Hebe de Bonafini habló. Dijo lo suyo. Lo hizo en declaraciones a Radio Nacional. En la oficina de los voceros de las Madres, en inmaculado silencio, Miradas al Sur tomó nota: "Sé que la verdad se va a imponer. Yo cuento lo que es, no tengo nada que esconder. Las Madres somos lo que somos, la gente ya nos conoce y eso nos da mucha fuerza, el apoyo incondicional del pueblo. Siempre hemos tenido una forma de proceder, nos pagamos hasta el agua. Nunca sacamos un mango de las Madres, no cobramos la reparación económica. Nos da bronca que los medios nos quieran ensuciar todo el tiempo y tratar de desprestigiarnos". Hebe también se refirió a la supuesta financiación de la campaña electoral con fondos públicos: "Si se hicieron afiches fue como en cualquier imprenta. No sé, porque una cosa es que se encarguen cien afiches o volantes, o lo que sea, y otra que nosotras le financiemos la campaña a un candidato. El Gobierno es el que nos ayuda a nosotros, no nosotros al Gobierno".
