Nuevo orden urbano

La política habitacional en la ciudad desde 2007 muestra facetas complejas. Sin duda una de las políticas más firmes es la de reorganizar el orden urbano donde quede poco margen para los sectores más pobres. En primer lugar, los espacios públicos fueron y son desalojados de forma contundente y violenta. Desde el inicio de las acciones de la Ucep a comienzos del 2008 expulsando cartoneros de las plazas hasta la actualidad, lo que se busca es que no se vean personas indigentes o empobrecidas en las calles, que no circulen en ellas los llamados trapitos, ni los limpiavidrios y tampoco vendedores callejeros. Esto implica además que el espacio público justamente deja de tener el carácter de público y pueda ser el lugar de las manifestaciones. A toda protesta callejera se la denomina piquetear como si con esa palabra se quitara legitimidad, ya que los funcionarios tienen el prejuicio de que los piqueteros son “sujetos indeseables” y así se criminaliza la protesta. El vecino legítimo es el peatón o el automovilista.
En segundo lugar, a la creciente cantidad de desalojos judiciales, el Gobierno de la Ciudad impulsa los desalojos administrativos. En muchos casos, cuando se desalojaron villas (como Villa Topo en Barracas o la Villa de Caballito) se les dio a los habitantes un subsidio escueto, creyendo que con ese poco dinero les alcanza para vivir en un lugar del conurbano, es decir, que se trasladen a la periferia más lejana posible. Por otra parte, de esta forma se pretende resolver las demandas de los vecinos legítimos (las llamadas clases medias) porque los sectores populares no serían en el criterio de los funcionarios de la Ciudad vecinos legítimos.
Por último, si bien se aprobó una ley de urbanización de la Villa 31, la situación de las villas no mejora por la falta de inversiones en el mantenimiento de las redes de infraestructura. Los discursos son contradictorios, pero estigmatizantes y no se considera a sus habitantes sujetos con derechos a vivir en la ciudad. Así, hay muchas semejanzas a la fatídica frase de la dictadura “hay que merecer la ciudad”.

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Otras notas

  • L a semana pasada comenzó y terminó con dos desalojos en la Ciudad: el de las viviendas sociales ocupadas en Lafuente y Castañares y el del asentamiento La Veredita, ubicado a una cuadra del primero. Ambos hechos, ocurridos en Villa Soldati, se suman a la larga lista de desalojos porteños.

  • Los habitantes de la villa 1-11-14 lograron en el año 2000 que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionase la Ley Nº 403, que dispone que dicho barrio debe urbanizarse.

  • Hace un año atrás, pobladores que demandaban “un lugar donde vivir” ocuparon el Parque Indoamericano conmocionando a la sociedad Argentina la secuela de hechos violentos con represión, muertes y heridos.
    Ni el tergiversante tratamiento mediático ni la habitual intervención de punteros o activistas en los incidentes, pudo distraer la atención de un hecho, que sin duda significa todo un hito en la extendida lucha popular por el acceso al suelo y el derecho a la Ciudad.

  • La Ley 3.343 aprobada por la Legislatura en 2009 sanciona la urbanización de la Villa 31 y 31 bis y prevé su transformación en un barrio más de la ciudad: el Barrio Padre Carlos Mugica.

  • El 22 de abril no fue un día más en la larga historia de la Villa 1-11-14. Luego de más de dos años de intervención judicial, se realizaron los comicios para elegir a sus representantes. Y los habitantes de una de las villas más pobladas de la Ciudad saben que no fue en vano esperar esta jornada.

  • La organización comunitaria de las villas surge junto con ellas debido a la necesidad de reclamar por condiciones dignas de habitabilidad. A medida que las villas crecían en tamaño y cantidad, estas organizaciones lograron reconocimiento institucional. En 1998 una ley de la Ciudad impulsada por organizaciones villeras reconoció la emergencia existente y la necesidad de participación de sus habitantes.