Opinión. Una de Don Corleone

Cada tanto se pone en discusión la supremacía de algún derecho sobre otro. Así, se plantean acríticamente falsas disputas que ya, a esta altura de la conciencia universal, no debieran darse. En verdad, lejos del sano debate de una sociedad que discute sus libertades, se presenta éste como una disputa por la agresión al incontaminado derecho de los vecinos de parte de los sectores más vulnerables. Esto, no es más que una antinomia forzada para manipular la opinión pública en favor de los más poderosos. De tal modo, fue moda contraponer la libre circulación de los ciudadanos, contra los violentos trabajadores e indigentes que se atrevían a cortar calles o rutas, construyendo una falacia que amenazaba derechos.
Frente al conflicto gremial de Clarín, los medios hegemónicos y las voces interesadas, vuelven con las falacias: presentan la agresión a un derecho como si fuera el único afectado, la libertad de expresión. Nadie va a cuestionar el valor de la libertad de expresión como derecho fundamental; ahora bien, se somete a interpretación desde su posición más escuálida que es la libertad de prensa, y niega que en la libertad de expresión encontramos el origen de la libertad sindical. Vemos absortos, como pretenden oponer a un derecho fundamental de la primera generación, otro de igual raigambre constitucional, ocultando que en la violación de la libertad de expresión de los trabajadores se encuentra el origen del conflicto.
El Estado de Derecho actual asume el conflicto social como ínsito a su razón de ser, y reconoce derechos y garantías que actúan sobre él. La huelga, como una forma de acción directa y garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en sus diversas manifestaciones, es la exteriorización de un conflicto y tiene como finalidad, visibilizar una situación que obligue al patrón renuente a negociar. Esta garantía constitucional, legitima el daño: impedir el ingreso el acceso al establecimiento, mediante piquetes es una medida de acción directa tan antigua como las luchas obreras del siglo pasado. El derecho de huelga y las medidas complementarias son formas de la libertad de expresión.
Como un giro del largo conflicto, el morbo mediático expuso a un delegado al avieso artilugio de una cámara oculta con la intención de socavar su credibilidad pública. Más allá de la ilegal maniobra, que pone al abogado de la patronal violando el código de ética profesional, en tanto mantiene conversaciones conciliatorias con el cliente de otro sin su presencia; lo que omite deliberadamente el medio es que el despido de un representante sindical y el incumplimiento de decisiones judiciales y administrativas firmes son ilícitos graves, y que si bien la ley habilita la reinstalación del delegado despedido, permite que ese daño causado por el ilícito pueda ser reparado económicamente. Más allá de su pertinencia, es lo que la ley dice; e indigna como laboralistas, que se utilicen estos mecanismos para demonizar trabajadores, eludiendo la responsabilidad que posee el grupo monopólico de desinformación, sobre los repetidos ilícitos laborales cometidos.
Lejos de cualquier antinomia, lo que surge evidente es que hay poderosos intereses de los patrones que a la usanza de Don Corleone, primero rechazarán, luego intentarán seducir, luego sobornarán, con la tecnología lo filmarán y por último, por último, es necesario escribir otro final.