Papel Prensa: un reclamo de Justicia

La detención de José Alfredo Martínez de Hoz por orden del juez federal Norberto Oyarbide, a principios del mes pasado, luego de decidir su procesamiento por secuestro extorsivo y un embargo sobre sus bienes por dos millones de pesos, no sólo tendrá consecuencias en esa causa sino que también abrirá las puertas para que otros delitos económicos cometidos durante la dictadura sean considerados crímenes de lesa humanidad. El despojo de Papel Prensa a la familia Graiver puede ser uno de ellos.
El otrora intocable ministro de Economía de la última dictadura quedó procesado en la causa que investiga el secuestro, en 1976, de los empresarios textiles Federico y Miguel Ernesto Gutheim, quienes fueron obligados en cautiverio y bajo tortura a firmar un contrato con una empresa de Hong Kong. Luego de permanecer detenidos de manera ilegal durante más de cinco meses, y tras haber finalmente accedido a lo que los militares les exigían, los empresarios fueron dejados en libertad. Martínez de Hoz había sido indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem y el expediente había quedado archivado. Durante más de quince años, el delito quedó impune. Sin embargo, en 2006, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otros organismos reclamaron la inconstitucionalidad del perdón presidencial, lo que fue aceptado por el juez Oyarbide, en primera instancia, y luego por la Cámara Federal. Esa medida fue apelada por los defensores del ex ministro de la dictadura, pero a fines de abril de 2010 la Corte ratificó la inconstitucionalidad del indulto otorgado por Menem. Al fundamentar el fallo, los jueces del máximo tribunal de la Nación recordaron que el crimen, cometido con las herramientas y la impunidad que el terrorismo de Estado otorgaba a sus autores, debía ser considerado de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.

Presiones y torturas. En Miradas al Sur ya se han citado testimonios sobre las condiciones en que los herederos y socios de David Graiver firmaron el boleto de venta de sus acciones en Papel Prensa S.A., antes y durante las detenciones ilegales de las que fueron víctimas en 1977 en los campos clandestinos de concentración conocidos como Puesto Vasco y Pozo de Banfield. También, mediante qué operaciones pasaron a manos de Clarín, La Nación y La Razón. “Yo vi a los tres grandes diarios de este país saquear una empresa de un grupo familiar cuyos miembros estaban todos presos, juzgados por un tribunal de guerra y condenados. Un tribunal que les sacó declaraciones bajo tortura”, denunció Osvaldo Papaleo, quien también fue detenido por los dictadores, el año pasado ante la Cámara de Diputados.
El hermano de Lidia Papaleo, la viuda de Graiver, reconstruyó toda la operación de saqueo: “Si bien Papel Prensa era uno de los activos más importantes de Graiver, no era éste su único negocio. Entre agosto del ’76 y marzo del ’77, cuando la familia estaba liquidando sus activos, recibió algún tipo de oferta por parte de Clarín, La Razón y La Nación para comprar Papel Prensa. De hecho, la tarde del día en que detienen a la mayoría de la familia, mi hermana, Lidia Papaleo de Graiver, asistió junto a Isidoro Graiver a una reunión con representantes legales y algunos miembros de los directorios de estas empresas para ver si se podía firmar una carta de intención para comprar la empresa. Esa noche son detenidos”, relató.
Papaleó también explicó cómo, después de esas primeras detenciones, los mismos grupos de tareas del terrorismo de Estado realizaron una nueva cadena de secuestros, entre ellos el de Jacobo Timerman, destinada a quedarse con el diario La Opinión. “Allí comienza otra actividad –dijo–. La dictadura acciona contra el diario La Opinión, que dirigía Jacobo Timerman y del cual era propietario David Graiver. Así se iba desarrollando la política de los medios. A su vez, un tribunal de guerra condena a la familia Graiver en base a declaraciones arrancadas bajo tortura en el Pozo de Banfield y en el Puesto Vasco de Bernal. Yo también soy detenido y paso nueve meses en el Puesto Vasco. La familia Graiver es blanqueada, al igual que Jacobo Timerman. Pero la familia queda detenida. Yo salgo a los nueve meses y me voy del país.”
Una vez dueños de las acciones, los propietarios de los tres diarios, asociados con los dictadores intentaron darle visos de legalidad a la operación y de impedir que, en el futuro, la familia Graiver pudiera recuperar lo que se les había quitado bajo presiones y torturas. Una vez que las detenciones ilegales fueron “blanqueadas por los militares empezamos a intentar que la familia Graiver fuera juzgada por la Justicia civil y no por la Justicia militar. Luego, los Graiver fueron incluidos en lo que se llamó el ‘acta institucional’. El acta significaba que uno perdía los derechos civiles y económicos. Esto significaba que todos los bienes de la familia pasaban a estar en manos de la Comisión Nacional para la Recuperación Patrimonial (Conarepa). Por lo tanto, el 75% de Papel Prensa pasó a estar en manos del Estado. A fines del ’78 se convoca a una asamblea para tratar el tema accionario de la empresa. En ese momento me reúno con el abogado de Clarín, Bernardo Sofovich, quien me advierte que se va a realizar una multiplicación de las acciones y la posterior cesión a Clarín, La Nación y La Razón. Con la multiplicación, las empresas se aseguraban la posición dominante por más que la familia Graiver recuperara sus acciones. De esa asamblea no pudimos participar, nos fue prohibido”, contó también Papaleo.
Las similitudes entre la operación de apropiación, en el marco del terrorismo de Estado, de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón con el caso Gutheim, saltan a la vista. Se trató de delitos económicos perpetrados por los dictadores y sus cómplices civiles en el marco del terrorismo de Estado y con las herramientas que éste les proveía, esto es, el secuestro, la detención ilegal, la tortura y la amenaza constante de muerte.
En otras palabras, la apropiación de Papel Prensa tiene todos los componentes de un crimen de lesa humanidad –y, como tal, imprescriptible–, por el cual deben ser juzgados todos sus responsables.