Parar la pelota
La Asignación Universal por Hijo es una de las medidas más potentes en términos de justicia de las tomadas en los últimos años para mejorar las condiciones de vida de los hogares que pertenecen a los sectores más desfavorecidos y tienen hijos menores de 18 años. Es superadora también como política social en términos de ir de la mano de una contraprestación que la asocia a la reposición de derechos vinculados a la identidad, a la salud y a la educación.
Quienes trabajamos en educación y algo conocemos acerca de cómo se evalúan los resultados de las políticas y cómo se releva la información en el sector, sabemos que los cambios (sobre todo los deseables, los esperados) no suceden de un momento a otro y que es necesario todavía avanzar mucho en generar consensos y en gestionar más recursos para hacer posible el acceso para todos a los niveles sancionados como obligatorios.
Todavía se escuchan voces (no nuevas) que cuestionan la necesidad de destinar asignaciones o subsidios para garantizar la asistencia escolar. Los mismos cuestionamientos surgían en relación con las becas escolares, diciendo que se utilizaban para comprar ropa, zapatillas, comida, como si tales bienes no fueran imprescindibles para vivir, o para ir a la escuela o más recientemente, la infelizmente célebre frase que afirma que se esos recursos se “desvirtuarían… destinándose a la droga o al juego”. En este sentido decimos que aún es necesario insistir sobre esta certeza de que hay que atender a quienes más lo necesitan y que aun esta atención es mínima, insuficiente y que afirmaciones de este tipo estigmatizan doblemente a la población destinataria.
Pero también resulta imprescindible “parar la pelota” y evaluar impactos reales y revisar cuestiones pendientes, a resolver, para que sepamos de qué estamos hablando cuando presentamos logros. Todavía no finalizó el plazo que estableció la Anses para hacer llegar las libretas a los hogares para que puedan acreditar escolaridad, vacunación y tramitación de documentos. Los sistemas de información existentes no tienen bases exhaustivas con datos por persona sistematizados, en el caso del sector educación por alumnos, que hagan posible estimar ya el impacto de esta asignación en todo el territorio del país. Todo lo que ha circulado hasta ahora en los medios proviene de estimaciones con fuerte tono optimista, que evidencian además un escaso conocimiento de las dinámicas que pueden observarse en el corto plazo (de un año a otro). Tampoco hay al mes de junio estadísticas confiables que permitan identificar logros de manera precisa, territorialmente identificados y sobre los cuales podamos predicar aumentos importantes de la matrícula.
Por otra parte, en muchas provincias falta garantizar la oferta educativa necesaria para albergar a quienes demandan una vacante, claramente esto sucede en el nivel inicial. Sólo provincia de Buenos Aires necesitaría crear aproximadamente 500 jardines para atender a los 80 mil niños que se estima aún resta escolarizar en el jardín de infantes, más allá de la obligatoriedad, ya que en este número estaría incluida la población de tres años que hoy no asiste. Si bien las jurisdicciones vienen realizando mejoras para aumentar el acceso al nivel inicial, faltan recursos para hacer posible el incremento deseado. El nivel primario está prácticamente universalizado, los niños y niñas no alcanzados aún son los que tienen las peores condiciones de vida, o están en situación de calle y, por eso, constituyen un grupo difícil de incluir. En el nivel secundario el primer ciclo (12 a 14 años, o 13 a 15 según las provincias) está también extendido, tiene altas tasas de escolarización, dada la obligatoriedad iniciada en los noventa. Sin embargo, los problemas persisten en el ciclo superior y en los malos niveles de retención, con lo que la deuda social es aquí más compleja: además de promover el acceso hay que garantizar la permanencia y, más aún, avanzar en trabajar sobre aprendizajes relevantes, y aquí es donde también faltan generar consensos reales (en la sociedad, en las escuelas, en las familias) e implementar medidas que repongan la igualdad de posibilidades. Los cambios propuestos para la educación secundaria todavía son intenciones que cuesta materializar, por su novedad, por su carácter progresivo y por la complejidad de adecuaciones que requiere en la estructura de las escuelas secundarias, en la formación docente hoy, entre otras cosas.
Entre los años 2004 y 2008 la matrícula del país aumentó un 2,7% en la educación común, en los niveles inicial, primario y secundario. El nivel inicial fue el que experimentó el mayor crecimiento, aumentando en un 15% el total de alumnos matriculados en ese período. La escuela secundaria incorporó unos 124 mil alumnos que representan sólo un incremento del 3,6% en cinco años.
Entre los años 2007 y 2008 la matrícula de estos tres niveles aumentó un 2,1%, lo cual sigue evidenciando una tendencia a la ampliación y extensión de nuestros sistemas educativos, que están claramente en crecimiento. Decir hoy que una única medida (aunque importante) tuvo un impacto superior a lo posible es subestimar los problemas que enfrentamos y hacerlo impide ampliar y profundizar el conjunto de acciones puntuales que requiere efectivizar el propósito de que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén en la escuela.
