Perón del ’73, la Moncloa, Cristina
La Presidenta recibió esta semana a los representantes de la Confederación General del Trabajo, de la Central de los Trabajadores Argentinos y de la Unión Industrial Argentina. Uno de los temas considerados fue la posibilidad de llegar a acuerdos sociales que generen o sostengan futuros actos de gobierno. Se actualiza así una modalidad de gobierno que ha sido utilizada sobre todo para implantar o profundizar reformas.
Cuando se habla de Pacto Social, surge en los medios dominantes la referencia al Pacto de la Moncloa, firmado el 27 de octubre de 1977, que sirvió en España para manejar la transición entre la dictadura franquista y la democracia. Lo presentan como el paradigma del consenso y la base del “milagro español”, ejemplo que deberíamos imitar. Sin embargo, la Argentina ya había realizado ese ejercicio con antelación, cuando el 8 de junio de 1973 la CGT, la Confederación General Económica y el Gobierno del general Perón concretaron el Acta de Compromiso.
El Pacto de la Moncloa fue suscripto por todas las fuerzas políticas españolas con representación parlamentaria, con el propósito fundamental de arreglar la desastrosa situación económica y comenzar la transición hacia un régimen democrático. Fue aprobado por el Parlamento y en esencia consiste en un plan de ajuste económico y una serie de medidas de apertura política.
En el corto plazo se proponía una política monetaria restrictiva, un presupuesto que redujera el déficit, un nuevo tipo de cambio y un aumento moderado de los salarios. Para el mediano plazo se proponía el estudio de reformas fiscales y una flexibilización del mercado laboral. Incluía también medidas jurídicas y políticas referidas, entre otras, al derecho de reunión y asociación, a la reforma del Código Penal y a la reorganización de las fuerzas de orden público.
En el caso argentino, el Acta de Compromiso Nacional definió un conjunto de objetivos y políticas: la distribución más justa del ingreso, la eliminación de la marginalidad social, la supresión de la desocupación y del subempleo, el mejoramiento de la distribución regional del ingreso, el control del proceso inflacionario y de la fuga de capitales. Pero no se trataba sólo de un catálogo de medidas, sino que se dictaron 19 leyes para el cumplimiento de cada una de ellas. El planteo global se hizo explícito en el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional (diciembre de 1973). Por desgracia, primero el efímero “Rodrigazo” y después el golpe militar frustraron ese proyecto nacional.
En materia agropecuaria y forestal, se sancionaron las leyes de impuesto a la renta normal potencial de la tierra (Ley 20.538), de comercialización de granos (Ley 20.573), de defensa forestal (Ley 20.531), de ampliación de las atribuciones de la Junta Nacional de Carnes (Ley 20.535), de fomento agropecuario (Ley 20.543), y la suspensión de desalojos rurales (Ley 20.518). En industria y minería, las leyes de promoción industrial (Ley 20.560), de defensa del trabajo y la producción nacional (Ley 20.545) y la de promoción minera (Ley 20.551).
En cuanto a las finanzas, se dictaron leyes de gran trascendencia. La primera es la de nacionalización de los depósitos bancarios (Ley 20.520), la nacionalización de bancos (Ley 20.522), la nacionalización de entidades parabancarias (Ley 20.523), la regionalización de los bancos de la Nación y Nacional de Desarrollo (Ley 20.521), las reformas a la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (Ley 20.539), la modificación de la ley de entidades financieras (Ley 20.574).
Con respecto a la organización de la producción, se dictaron las leyes de inversiones de capital extranjero (Ley 20.557), de Corporación de Empresas Nacionales (Ley 20.558), de individualización de personas en empresas extranjeras (Ley 20.575), de Corporación para la promoción y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa (Ley 20.568).
Como se advierte, era la instrumentación concreta de un Proyecto Nacional, que iba mucho más allá de una expresión de deseos y de la firma de un documento en abstracto. Se instrumentó en 19 leyes sancionadas por el Congreso, que hubieran transformado el país. Cuando se las lee, se explica la violencia desatada para impedirlo, así como el posterior ocultamiento del programa de gobierno que había diseñado el presidente Juan D. Perón a través de esas leyes. El establishment debía impedir que se ejecutara ese proyecto nacional.
A partir del 2003, vino el resurgimiento argentino. Ahora funcionan una verdadera democracia y una economía sólida, sin posibilidades de golpes de Estado ni de mercado En primer lugar, se recuperó la política como elemento fundamental de la convivencia y de la forma de gobierno. Éste es uno de los grandes legados históricos de Néstor Kirchner. Los neoliberales implantaron una forma tecnocrática de gobierno que otorgaba poderes a los “gerentes”, para que sirvieran mejor a los “dueños”. Ahora los problemas se tratan en clave política; lo primero que se considera cuando se los aborda es a qué grupos sociales beneficia o perjudica, y si afianzan o deterioran la soberanía nacional.
En todos los ámbitos prevalece el mismo criterio. Se recuperó la soberanía económica con el desligamiento del FMI. Se pone como eje de la acción de gobierno la inclusión social, lo cual implica 5 millones de nuevos empleos; 2,4 millones de nuevos jubilados que carecían de aportes; la Asignación Universal por Hijo, que cubre a 3,6 millones de niños y jóvenes; el 48% de participación de los asalariados en el ingreso global; la reducción del desempleo al 7,3%. Se imparte justicia con una Corte Suprema independiente y con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Es en ese marco que la Presidenta convoca a los actores sociales. Para profundizar el modelo de desarrollo económico con inclusión social surge la necesidad de un sólido apoyo, en especial de las fuerzas económicas (sindicatos y empresarios). No se trata de organizar un coro de alabanzas, sino de crear un ámbito de discusión que contribuya a profundizar el modelo.
