Poder delegado o poder corporativo
No es preciso recurrir a demasiada bibliografía para saber que en la educación media previa a 1973 en la materia Historia Argentina rara vez se llegaba hasta la Ley Sáenz Peña, que otorgaba el voto (masculino) universal. Y que en esos años de dictadores como Onganía-Levingston-Lanusse, se estudiaba Instrucción Cívica (y su variante Educación Democrática) como un resabio de otra dictadura, la que se amparaba en el pomposo nombre de Revolución Libertadora. Allí, los alumnos debían someterse a la lobotomía que significa tener que recitar en los exámenes algún artículo de la Constitución y vivir sin ella. Algo tremendo era el bajísimo registro que tenían los mismos estudiantes sobre el nivel de psicosis al que los sometían quienes estaban a cargo de su educación ¿Psicosis o adhesión compulsiva a las autoridades dictatoriales? ¿Adhesión o franco desinterés?
Podrá parecer un dilema retórico. Sin embargo, sería interesante poder cuantificar y calificar cuáles son los vínculos que tiene la sociedad toda con los valores de ciudadanía y democracia. El tema no es menor porque la Presidenta cosechó un nivel de adhesión altísimo en las últimas elecciones su imagen, de acuerdo a distintas encuestas, es favorable en dos de cada tres argentinos. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner alertó a las corporaciones que ella gobierna para los 40 millones. Por el otro, reconoció que la economía no se rige por las leyes del Congreso sino por otras, fácticas. Por un lado, para las sesiones extraordinarias mandó un paquete de leyes comprometidas con cambios sustantivos, como las de extranjerización de tierras, de contratación de trabajo rural y de producción y distribución del papel de diarios. Por el otro, mandó la llamada Ley Antiterrorista que es una reforma al Código Penal a medida del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo a medida del G-20).
Una primera lectura es que un gobernante tiene que hacer equilibrios entre las fuerzas que tiene y los lugares donde quiere llegar. En consecuencia, no es novedad: los avances deben respetar escenarios concretos y correlación de fuerzas concretas. Pero el gran problema es a quiénes se tiene en cuenta para analizar escenarios y fuerzas en juego. Es decir, ¿dónde están los ciudadanos?, ¿dónde está el pueblo? Dicho en otras palabras, ¿estas adhesiones hablan de que el país atraviesa un alto grado de participación social o hablan, apenas, del conformismo por una época poco conflictiva? Desde ya que ninguna respuesta seria será monocausal sino que encontrará segmentos distintos, motivaciones diferentes y un alto grado de volatilidad en las respuestas de los entrevistados si alguien se toma el trabajo de preguntar a las mismas personas varias veces a lo largo del tiempo.
El tema no es academicista. Sin una sociedad que encarne los valores del cambio y con organizaciones colectivas que lo estimulen, es al menos ingenuo plantearse grandes desafíos. Días pasados, Daniel Filmus le decía al autor de estas líneas que Ricardo Rouvier, en sus últimos estudios de opinión pública, encontró un segmento importante de “votantes modélicos”. Se refiere –a juicio de este cronista– a personas que encarnan, interpretan o resignifican aquellas medidas del gobierno de Cristina que permiten bajar a tierra una categoría abstracta como “el modelo”. La lista es larga, desde Asignación Universal por Hijo hasta los juicios por delitos de lesa humanidad, pasando por las convenciones colectivas de trabajo y la mejora de la educación.
Al respecto, conviene reparar en Construcción de Ciudadanía, la materia que es el correlato de Educación Democrática pero para estos valores de la democracia. Un apunte de una educadora (Mariana Melgarejo) dice algo interesante: (en esta materia) “Deberían desaparecer las caracterizaciones de los ‘buenos’ y los ‘malos’ alumnos. En este sentido, juzgar a alguien porque no participa debería poder llevar a todo el grupo a reflexionar por qué no ha participado, si no es, en todo caso, porque el proyecto inhibe la participación de quienes pueden sumarse…”. El párrafo, aunque sacado de contexto, contiene un dato clave: importa el cómo (participación) y no el qué (bueno o malo). De eso se trata el paradigma planteado por la Presidenta, universalización de políticas y respeto por la ciudadanía. Pero esto plantea, al menos, dos grandes temas: el primero es que si esos valores no son patrimonio de una sociedad movilizada y conciente de sus derechos, esto no funciona bien. Dicho más crudamente, si un sector importante de la sociedad mira con el bolsillo y no con el corazón y la cabeza, la simple adhesión se puede transformar en desinterés y desapego de una buena parte de esa sociedad. El segundo punto, y más difícil, es que estamos en una sociedad de profundas desigualdades, con grandes privilegios de una minoría que todavía goza de un andamiaje de leyes que hacen muy difícil la redistribución de ingresos. Al respecto, ver José Nun, La desigualdad y los impuestos (Capital Intelectual), reciente y oportunamente editado. Si hay algo que diferenció al kirchnerismo del resto de las corrientes políticas con acceso al poder en estos 28 de democracia es que se atrevió a modificar el orden conservador. A veces recurriendo primero a debates ejemplares (ley de medios) y otras con coraje (política de derechos humanos). Curiosamente, no siempre parecía que la relación de fuerzas era conveniente. Cambiar un estado de cosas en temas que son el corazón del capitalismo financiero (reforma financiera, impositiva y del Banco Central) significa ponerse a las corporaciones del poder económico en contra sin la certeza de que los propios beneficiarios mantengan una conducta sostenida de compromiso político con ese cambio.
Por otro lado, no avanzar en esa dirección deja dos flancos delicados. El primero es que con el contexto de crisis internacional o se pone un dique a las multinacionales y a los grandes bancos o son los trabajadores y la clase media los que pagan. El segundo es que buena parte de la militancia que sostiene el kirchnerismo va en esa dirección y espera un debate seguido por medidas efectivas.
Muchos militantes y dirigentes políticos creen que alcanza con la determinación de la Presidenta quien, además, ahora tiene ambas cámaras del Congreso a su favor. Lo que nadie puede contestar por anticipado es la reacción de las grandes empresas. Y como la política no es la construcción de un puente, sino una puja de intereses con fuerzas diversas, sólo se sabrá qué pasa si esa misma impronta de coraje en otros terrenos se replica en los próximos tiempos sobre estos asuntos claves.
Sindicatos. No hubo señales claras, aunque quizá las haya en los próximos días, por parte de Hugo Moyano en el sentido de bajarle el tono a su distanciamiento del kirchnerismo. Entre la dirigencia cegetista prima la prudencia, hay pocas declaraciones y ninguna de ruptura con el dirigente camionero pese a lo fuerte de su postura. Algunos analistas cercanos al Gobierno sostienen que Moyano perdió, en el sentido de que no ganó puntos frente a la opinión pública, mientras que la imagen de Cristina crece. Es cierto pero muy sesgado. En el mundo sindical no hubo reacción tampoco de listas opositoras o comisiones internas de base que aceptaran el reto de discutir y desafiar las palabras de Moyano. La sintonía fina en este tema podría llevar a pensar que los afiliados adhieren a Cristina pero respetan las decisiones de Moyano. Así de contradictorio, como es la vida en la mayoría de los terrenos. El ejercicio de las paritarias y el avance en los derechos laborales fue de la mano de esta dirigencia sindical, con todos los flancos que puedan dar para quienes quieren una sociedad de ciudadanos modélicos.
Hay un componente de la cultura del mundo del trabajo que es más áspero que el de los sectores medios. Y esas organizaciones gremiales dieron ejemplos de lucha y también sindicalistas empresarios. Eso es algo que deben dirimir los representados, los mismos trabajadores. Lo que no debe abandonar el Estado es la transparencia en la aplicación de las normas. En concreto, ni retrasar los aportes a las obras sociales ni permitir zonas grises que beneficien a grupos gremiales más allá de su rol de representantes. Este año que va a comenzar no será uno fácil. Si hay tantos (¿ex?) Lehman Brothers (ministro de Economía de España, primeros ministros de Italia y Grecia, presidente del Banco Central Europeo y del comité de los Juegos Olímpicos de Londres, entre los más notorios) todo indica que la América latina en transformación debe seguir construyendo Patria Grande de la mano de los trabajadores, los campesinos, los empresarios nacionales, los estudiantes, las capas medias sensibles, los artistas y, sobre todo, de las organizaciones libres del pueblo. Entre estas últimas se encuentran los sindicatos. La dirigencia cegetista, además de haber sido un bastión en los noventas, se sumó a la lucha por los derechos humanos y a la democratización de los medios. Dos hechos cruciales. En la profundización del modelo, más allá de cómo se zanjen las diferencias políticas entre Hugo Moyano y el Gobierno, tiene que estar la CGT. Es cierto que hay ciertos grupos de poder que pueden calificarse como corporaciones. Pero no tienen nada en común los intereses financieros y comerciales de las multinacionales y los bancos con los intereses de los dirigentes sindicales que responden, en última instancia, a sus representados.
