Por justicia en José León Suárez
La Cárcova es un asentamiento de veinticuatro manzanas al fondo de José León Suárez, en el partido de San Martín. La calle central, una de las últimas con asfalto, está atravesada por banderines de colores que anuncian el carnaval. A medida que las casas se hacen más precarias –que se vuelven de chapa y madera– el asfalto se desvanece. Allá al fondo, contra la vía, el 3 de febrero de 2011 descarriló un tren que transportaba alimentos y autopartes. Los vecinos se congregaron a ver qué pasaba primero, y para intentar llevarse algo de lo que había caído al piso, después. Durante la represión fueron baleados por la policía Franco Almirón, de 16 años, Joaquín Romero, de 19, y Mauricio Ramos, de 17. Sólo Joaquín sobrevivió.
A un año de aquellas muertes, un millar de personas se movilizaron para pedir justicia por ellos. Además de las organizaciones con trabajo territorial en la zona, estuvieron desde el intendente de San Martín hasta el vicegobernador da la provincia, Gabriel Mariotto. A las seis de la tarde, los funcionarios se mezclaron con los manifestantes y las miles de vecinos que a esa hora comparten algo fresco en la calle para escapar del calor insoportable de los ranchos. La Cárcova es un asentamiento que vive el verano en la calle.
–¿El reclamo es por el agua? –preguntó una señora que arrastraba un changuito.
–No –le respondió Ornela, una de las organizadoras–. Es por los chicos que mataron hace un año.
–También hagan algo por el agua: nos cerraron la cañería principal. Hace unos días que no tenemos nada.
En la esquina donde paraban los pibes asesinados, al pie de un banco con los colores de Chacarita, estaba Don Ramos, el abuelo de unos de lo chicos. El año pasado, mientras los vecinos se movilizaban para pedir justicia y revertir la versión policial, él estaba plantado ahí: quería terminar rápido un altar en el mismo lugar donde solía sentarse su nieto. El viernes, mientras la gente caminaba hasta el fondo del barrio, él seguía plantado ahí, esta vez con la vista clavada en el monolito de ladrillo que construyó un año atrás.
–¿Venís?– le preguntaba cada uno de los que pasaba.
Pero Don Ramos no decía nada. Apenas asentía con la cabeza para decir que no, que se iba a quedar ahí.
La vía es una frontera: más allá está el descampado y, más allá todavía, los basurales de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Como la mayoría de sus vecinos, aquella tarde los tres adolescentes baleados se preparaban para aprovechar la única hora diaria en que la policía los dejaba revolver la basura y llevarse los desechos que pudieran reciclarse.
El viernes, al pie del nogal en el que los chicos intentaron refugiarse de las balas, un altar blanco con sus fotos recibía las velas y algún que otro rezo de los vecinos. Justo cuando la movilización pasaba por el lugar, pasó el tren. El maquinista bajó la velocidad y tocó bocina:
–¿Saluda?–pregunta un periodista.
–No. Pide paso.
Los que cruzan la vía en sus bicicletas rumbo al basural se apuran. Cuando llega al puente que cruza Arroyo Italia –un riacho plagado de esqueletos de automóviles–, el tren avanza a paso de hombre. Sobre esa vía pequeña, precaria, parece suspendido en el aire.
El Acto. Adelante iban los familiares de los muertos. Detrás, los militantes con banderas de La Cámpora y el Movimiento Evita, y los vecinos del barrio. El destino final fue la estación de José León Suarez. El destino final fue la estación de José León Suarez. Al pie de un escenario montado al costado del andén, los familiares se acomodaron en sillas del plástico blancas. Eran unos cincuenta: la mayoría mujeres y niños. Los primeros en hablar fueron ellos. Subieron la madre de Mauricio Ramos –al que todos los decían Pela–, la hermana, la tía y la abuela.
Ella, Doña Juana, se plantó frente al micrófono.
–Voy a leer una carta– anunció, y luego se detuvo unos segundos para rescatar los anteojos del fondo de un bolsito.
–Te fuiste en plena juventud –leyó-. No podemos entender a esta vida. No la entendemos.
Entonces, el llanto. Y un pedido:
–Sacame de acá que no puedo respirar.
León Grosso le alcanzó agua, la ayudó a bajar. Desde el 10 de diciembre, Grosso es diputado, pero sigue trabajando en el barrio como desde hace una década. El viernes era un día clave para él: desde diciembre preparaban la movilización. “Queremos –repetían sus compañeros– que se convierta en un precedente. Para que esto no vuelva a pasar más.”
Luego de los familiares, subieron al palco las figuras políticas. Estaban el vicegobernador Gabriel Marioto, el intendente Gabriel Katopodis, el dirigente Emilio Persico, el rector de Universidad de San Martín Carlos Ruta, el diputado Marcelo Sain y el ex canciller Jorge Taiana, entre otros.
El intendente Gabriel Katopodis –al frente de una comuna donde la relación entre la policía y el narcotráfico suele estar sore el tapete– dijo que “no queremos que la policía decida quién vive y que muere en nuestros barrios”.
El acto lo cerró Mariotto. “Me da vergüenza –dijo– tener que venir a hablar con estos compañeros.” En su discurso habló de la diferencia entre los policías que “hacen actos heróicos” y los que cometen delitos. “Todavía”, dijo, “hay prácticas que tendemos que desandar. Tenemos que recuperar los lugares de la institucionalización.”
Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando pidió, sin llamarlo por su nombre, la que el jefe de la policía Departamental de San Martín, Mario Briceño, sea removido de su cargo, en el que está desde antes del asesinato de los dos jóvenes. Briceño formó parte, además, de la investigación del caso Candela, y es cuestionado por el narcotraficante Mameluco Villalba gozaba de protección policial en su distrito mientras era buscado por la Justicia.
“No puede haber complicidad entre la policía y el delito”, señalo Marioto, “pero mucho menos entre la política, la policía y el delito.”
Cuando terminó de hablar, sobre el escenario se proyectó un video hecho por los vecinos de los chicos asesinados: un documento que reflejaba la dura convivencia cotidiana de los jóvenes y la represión policial.
