Por la creación de empleo hay dos millones más de jubilados
Desde el 2003 a la fecha, la cobertura previsional de la población en condiciones de jubilarse pasó de 3.185.000 a 5.585.000 de beneficiarios. La expansión de esta cobertura fue posible por la decisión de terminar con la estafa de las Afjp y de sostener dos políticas que se combinan potenciando el resultado: la creación de empleo y la promoción de la formalización laboral. Como resultado de estas políticas, la cobertura previsional pasó de cubrir el 57 por ciento al 90 por ciento del total del universo de habitantes de la tercera edad.
El sistema de capitalización creado por Cavallo y Menem operaba sobre la base de asegurar la rentabilidad de las administradoras mediante comisiones sobre el total de los aportes. Luego venía la búsqueda de utilidades nominales sobre el total de la cartera de fondos colocados. Esa combinación sólo se podía sostener a condición de agrandar la masa de aportantes y, simultáneamente, disminuir la proporción de beneficiarios. Para que el negocio funcionara era necesario prolongar la permanencia dentro del sistema del mayor número posible de contribuyentes en relación con los beneficiarios potenciales. Más aportantes y mayor extensión del tiempo de aportes fueron igual a mayores ingresos para las administradoras. Los jubilados quedaron afuera de ese negocio.
Movilidad jubilatoria. El 15 de octubre de 2008 se promulgó la ley que dispuso la movilidad jubilatoria cada seis meses para las prestaciones previsionales de regímenes nacionales generales y especiales y las correspondientes a las antiguas cajas provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación.
El coeficiente de movilidad se determinó por mitades, según las variaciones registradas en salarios y en los recursos tributarios que alimentan el régimen previsional. La sustentabilidad del sistema de incrementos se resolvió decidiendo que los ajustes no podrán ser superiores al aumento anual de los recursos tributarios incrementados por una tasa actuarial del tres por ciento también anual.
La movilidad jubilatoria introdujo un corte profundo entre el anterior y el nuevo sistema. El régimen jubilatorio de Cavallo-Menem había permitido ajustes para los jubilados que quedaron en el sistema de reparto, mientras que los empujados al sistema de capitalización se convirtieron en víctimas de los resultados que las administradoras prometieron obtener sobre la colocación de sus aportes. Sin embargo, el ajuste concedido para quienes quedaron en el régimen de reparto era ilusorio debido al mecanismo de actualización dispuesto: dependía de la variación de los aportes divididos por el número total de afiliados. Dado que el negocio montado consistía en vaciar al régimen de reparto, los aportantes iban a ser cada vez menos. Por ello, las actualizaciones jubilatorias pasaron a ser una vana ilusión en los dos mercados en que quedaron separados los jubilados: en el de capitalización, porque los haberes jubilatorios se convirtieron en rehenes del manejo de las administradoras de fondo; en el de reparto, por el agotamiento que se le impuso al sistema.
La fijación en la misma ley de movilidad jubilatoria del monto mensual del haber básico universal profundizó el cambio de sistema. Uno de sus efectos se manifiesta en el ajuste de la jubilación mínima. A principios de los ’90 fue fijada en 150 pesos y se mantuvo así hasta fines del año 2002.
El cambio en el sistema previsional está sustentado en una política económica que promueve el mercado interno, la creación de puestos de trabajo y la formalización laboral. Sobre esas bases se construyó la arquitectura del nuevo régimen, que tiene en la ley de movilidad jubilatoria y en el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) sus ejes organizadores.
Casi una declaración de principios, al inicio mismo de la ley que el 4 de diciembre de 2008 dio nacimiento al Sipa, se dice: “El Estado nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley”. Esta política de Estado se traduce en la obligación de absorber con el presupuesto público las pérdidas que el negociado de las Afjp provocó en los haberes jubilatorios de los aportantes, obligados o voluntarios, quienes subvencionaron con sus contribuciones –la famosa “plata de los jubilados”– las arcas de las administradoras y de sus directivos.
Dirección de los fondos. Los fondos del Sipa se originan en aportes personales de los trabajadores y contribuciones patronales, más recursos impositivos que hacen posible que las prestaciones previsionales se paguen en su totalidad: en el año 2009, el 42,4 por ciento de los ingresos totales del sistema correspondieron a fuentes no tributarias. El Estado destina partes de numerosos impuestos a financiar, por afuera de aportes y contribuciones previsionales, los haberes jubilatorios. Entre esos gravámenes se encuentran los impuestos coparticipables, a las ganancias, al valor agregado (IVA), a las naftas, gasoil, diésel, kerosene y al gas natural comprimido y otros gravámenes específicos.
El Sipa se completa con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), formado con las colocaciones que venían del régimen de capitalización. Ese fondo no se utiliza para el pago de haberes, sino que está destinado a garantizar la sustentabilidad del sistema en términos inter generacionales.
Otro de los grandes cambios decididos en relación con los noventa y la concepción entonces imperante que privilegió los intereses de las administradoras por sobre la protección social, se manifiesta en la dirección que han tomado las colocaciones del FGS: en forma creciente se han ido orientando a proyectos productivos que realimentan la política de creación de empleo. Esta última es la base del nuevo sistema previsional que tiene la sociedad argentina.
