Por qué la cautela

Que los jóvenes inscriptos irregularmente en 1976 por Ernestina Herrera de Noble como Marcela y Felipe Noble Herrera hayan aceptado entregar muestras de su ADN para que sean comparadas con las de 246 familias que buscan hijos de desaparecidos es el resultado de una lucha que no supo ni sabe de descanso: la de las Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar a sus nietos. Y esto es así más allá de los resultados que puedan arrojar las pruebas. Porque, cualesquiera sean los resultados, lo que se conocerá es la verdad.
Que Marcela y Felipe se presenten en el Banco Nacional de Datos Genéticos, cumpliendo con lo que dispone la ley, no es –como se ha dicho hasta el cansancio desde los medios del monopolio y sus compañeros de ruta– un gesto de buena voluntad de los jóvenes (también víctimas de una situación que les impide conocer sus verdaderos orígenes) ni una renuncia a sus derechos constitucionales para terminar con “las persecuciones de las que es objeto” su anciana madre. Si lo hacen, es porque ya casi no les quedaba otra alternativa: apenas la presentación ante la Corte Suprema de un recurso extraordinario que casi seguramente sería rechazado por el alto tribunal. La comparación de las muestras iba a hacerse, más tarde o más temprano. Lo único que hicieron los abogados de Clarín fue elegir la oportunidad.
Es imposible hablar de buena voluntad cuando la causa lleva más de diez años debido a las maniobras judiciales de los abogados de Ernestina Herrera de Noble, a la destitución de un juez, Roberto Marquevich, y a la inacción deliberada de su sucesor, Conrado Bergesio, durante casi ocho años. Por eso –más allá de la alegría por la noticia– la cautela de las Abuelas y sus abogados es explicable. La causa que investiga la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera es una causa embarrada que –sean o no hijos de desaparecidos durante la última dictadura– se origina en un delito ya prescripto: sus adopciones irregulares en 1976, con la complicidad de la jueza de Menores de San Isidro, Ofelia Hejt (ya fallecida), a quien se le ha comprobado la entrega ilegal de por lo menos un hijo de desaparecidos, el nieto recuperado Andrés La Blunda.
En 2001, el entonces juez de la causa, Roberto Marquevich, encontró seis irregularidades flagrantes en los trámites de adopción de los niños inscriptos como Marcela y Felipe (ver nota principal).
Desde entonces hasta esta semana, los abogados de la viuda de Noble –y también los de los jóvenes– intentaron por todos los medios evitar que se conocieran los orígenes biológicos de Marcela y Felipe. Sobran las razones para desconfiar. La prudencia y la cautela con las que tanto Estela de Carlotto como los abogados de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo tomaron el escrito presentado por los hijos adoptivos de la directora de Clarín se basan en una larga historia. Todo indica que la hora de la verdad –sea cual fuere ésta– está más cerca. Siempre y cuando nadie la pueda manipular.