“Proceda”

Quizá podría ubicarse la génesis de la política de derechos humanos de las dos gestiones kirchneristas en una palabra: “¡Proceda!”. Fue la orden que escuchó el ex jefe del Ejército Roberto Bendini, la mañana del 24 de marzo de 2004. Se la había dado el entonces presidente Néstor Kirchner. Se sabe: Bendini acató y descolgó los cuadros de los dictadores Videla y Bignone del Colegio Militar. Kirchner pidió perdón “en nombre del Estado” por las atrocidades de la dictadura. Lo hizo en un lugar emblemático, la Esma, transformado por orden suya en museo de la memoria. Esos símbolos marcarían lo que vendría después. Y lo que vino después fue –entre otras cosas– promover en el Congreso la nulidad de las leyes del Perdón, ampliar las políticas reparatorias para las víctimas y apoyar el juzgamiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Los juicios, hay que destacar, fueron tomando envión y mayor desarrollo en la gestión de Cristina.
Resabios de dictadura también siguen dominando vastos sectores del poder judicial. Los buenos, por suerte, son más, y hay como hongos decenas de juicios orales en todo el país. Ex militares, policías y civiles son juzgados por sus jueces naturales, en procesos orales y públicos, con las garantías del debido proceso. Hace dos meses, justamente, se produjo una condena esperada: traje a rayas y cárcel común a 16 represores que actuaron en la Esma. Los datos de la unidad fiscal de coordinación y seguimiento de causas de derechos humanos son contundentes: 265 represores condenados y 807 procesados, la mitad de ellos cumple prisión preventiva. Los juicios ya son, como lo señaló Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, “parte del contrato social de los argentinos”.
El día de su asunción, Kirchner había reconocido que formaba parte de “una generación diezmada, castigada por dolorosas ausencias”. Horacio Verbitsky recordó hace unas semanas en Página/12 que el ex presidente le dijo: “La única política de mi gobierno será memoria, verdad y justicia”. Esos tres principios son, desde el 25 de mayo de 2003, políticas públicas del Estado argentino. La experiencia de memoria y justicia argentina es analizada en el mundo. Sin embargo, sigue habiendo dificultades. Una de ellas: cómo acelerar y reordenar los juicios. Otra es la referida a la situación de los testigos que declaran en juicios de lesa humanidad. El Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar su seguridad. El caso testigo es el de Jorge Julio López, desaparecido hace cinco años. Una herida que sigue abierta.