Represores vigilantes
Promediando febrero de 2010, la Legislatura porteña dispuso que para marzo los registros de los dueños y empleados de las agencias de seguridad privada y sus antecedentes, deberían ser publicados en internet, para escrutinio de la sociedad civil. Transparencia PRO. En marzo, cuando Miradas al Sur publicó una nota sobre represores reciclados en el rubro de la seguridad privada en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, los registros todavía se estaban digitalizando. Lamentándose por la dilación administrativa, un funcionario muy cercano al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijo al ser consultado sobre el tema: “Qué complicación es eso, porque yo no sé si el Gobierno de la Ciudad tiene poder de vetar a un tipo. Yo lo que sí sé es que la responsabilidad por la contratación de un ex represor (sic) en definitiva es de la empresa privada, yo no sé el Gobierno de la Ciudad cuánto puede hacer, ¿no es cierto?”.
No sabía nada. La Ley 1913, sancionada en diciembre de 2005, establece en su artículo 5 los requisitos para integrar las firmas. El inciso g dice: “No haber sido condenado ni indultado por delitos que configuren violación a los derechos humanos”. A un marco de por sí laxo, el posterior decreto reglamentario 446 lo hace de goma: la Dirección de Seguridad Privada debe, “de creerlo pertinente”, solicitar informes sobre los postulantes al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, cosa no muy frecuente. Por esos vacíos legales transitan, como si fueran jubilaciones de privilegio, represores procesados, presos y sometidos a juicio, firmes sospechosos y ex comisarios y militares que predican desde sitios apologéticos de la dictadura. Incluso así, algunos vigiladores que hoy velan –con habilitaciones irregulares– por la suerte de instituciones, empresas, comercios, espacios públicos y personas, han sido indultados por sublevarse a la patria.
En la provincia el panorama podría ser peor. Los nombres de policías privados y empresarios del miedo no se difunden, pero casi todos los casos oscuros detectados en la Ciudad tienen su correlato provincial; a pesar de que la ley específica proscribe también a los procesados, Secretaría de Derechos Humanos bonaerense advirtió –sólo hasta 2009–, cuarenta casos con antecedentes, sin ninguna eficacia. Las nóminas públicas abrieron la caja de Pandora.
Los casos. El subprefecto retirado Jorge Marcelo de los Santos tenía 10 años cuando los hombres de Videla asaltaron la Casa Rosada. Sus ideas se fueron moldeando con la dictadura militar. Cuando cumplió los 21 años participó de los alzamientos de Semana Santa en 1987. Fue indultado en octubre de 1989. Hoy figura como vigilador habilitado de SSP Servicios de Seguridad Privada, que tiene la habilitación 00030 del gobierno de Macri, aunque rastrillando la web se lo puede encontrar con el cargo de gerente. Su empresa le presta servicios nada menos que a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a Osde, al consulado de Perú, entre otros.
El subteniente Oscar Darío Minguitti también se sublevó aquella Semana Santa. Con De los Santos no sólo comparten el indulto de Carlos Menem, también su afición a la seguridad privada. Con su experiencia, Minguitti ganó el privilegio de ser uno de los escasos vigiladores autorizados a portar armas dentro de su empresa, Resguard SA, que opera en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Minguitti tiene responsabilidades varias. Entre sus custodiados se encuentra La Razón y Radio 10, pero también Pérez Companc, el Grupo Camuzzi y Esso.
Un tercer carapintada refuerza la seguridad de los porteños. Luis Alberto Brun cobró cierta notoriedad como carapintada: “Si Seineldín llega a morir pasaremos a ejecutar acciones especiales hasta asesinar a todo aquel personal que se oponga. Tenemos todos los medios para hacer lo que decimos”. Lo extraño es que fue contratado en 2004 por el entonces ministro de Seguridad León Arslanian como director de Planeamiento y Gestión del Ministerio y luego asignado a la coordinación entre los foros y el Ministerio. Nunca abandonó su hobby: hoy es jefe de Seguridad de Cooperativa de Provisión de Servicios en Seguridad Privada y renovó la habilitación el 14 de junio.
Estos ejércitos al mejor postor ofrecen una gama de servicios que va desde la custodia de edificios hasta la “investigación prelaboral de personal doméstico para countries”, como dice la plataforma de Trident Investigative. La Correpi asegura que los guardias privados son responsables de 2% de los 3.393 asesinatos desde 1983 hasta hoy: 63 muertes.
Sabiéndolo, no es menor la desidia de los gobiernos estatales para fortalecer las regulaciones y hacer cumplir las que existen. Este diario había anticipado en marzo de 2010 que Víctor Fogelman, el sabueso predilecto de Eduardo Duhalde, procesado por su participación en la represión ilegal en Bahía Blanca, era socio de la empresa Siccurezza, que tiene clientes como Lacoste y el Exxel Group, entre otros. Nada cambió desde entonces.
Similar es el caso del coronel retirado Jorge Luis Toccalino, que está siendo juzgado en Mar del Plata por decenas de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, y dos homicidios en los chupaderos conocidos como La Cueva y la comisaría 4ª. Toccalino es el apoderado de Servicio de Guardi y Custodia SA, una agencia que tiene la bendición del alcalde y el gobernador.
Roberto Armando Balmaceda, jefe de la Sección Central de Reunión del Destacamento 101, un hombre de inteligencia preso por sus crímenes en La Cacha, es el director técnico de Grupo Seguridad Norte SRL, también con sedes en ambas jurisdicciones y autorizados a portar armas. Sus socios son Alicia González, su esposa, y uno de sus hijo, Ricardo.
Otros dos casos oscuros son los de los comisarios retirados de la Federal Rolando Nerone y Cayetano Nacarato. Nerone fue uno de los federales que desenmascaró Rodolfo Walsh, integrante de la célula que persiguió y secuestró exiliados cuando mandaba la Triple A. Participó del secuestro de la uruguaya Victoria Lucía Grisonas y el asesinato de su esposo Roger Julien. Julien alcanzó a herirlo en la pierna, lo que poco después le costó el retiro. En el legajo personal de Nacarato, su camarada, fue hallado el informe del comisario Alberto Obregón donde exaltaba la necesidad de “neutralizar en forma satisfactoria la actividad de organizaciones de tipo subversivo”, que utilizó el juez Daniel Rafecas hace unas semanas para procesarlo.
Nerone fue el centro de una polémica, porque la empresa que lo contrató hasta junio pasado –Anselmi SRL– custodiaba la Secretaría de Cultura de la Nación. Nacarato, por ahora lejos del banquillo, se mantiene indemne en sus sedes de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata –a pesar de que la Secretaría de DD.HH. los observó en 2003– al frente de Audiseg SA, una agencia que ni siquiera tiene web.
