Rodríguez Zapatero se arrodilla ante los mercados financieros
A pocos meses de la fecha en que dejará el poder, el presidente español no deja de dar sorpresas. Si en los últimos años ha ido haciendo concesión tras concesión a “los mercados”, a la derecha política y económica, lo de estos días ha sido directamente arrodillarse ante ellos.
La mayoría de los analistas auguraban que a tan poca distancia de las elecciones anticipadas en España, que tendrán lugar el 20 de noviembre, José Luis Rodríguez Zapatero intentaría hacer algunos gestos de izquierda para recuperar parte de esos tantísimos votos perdidos durante los tres años que lleva de su segundo mandato. Pero no, no ha sido así.
El presidente español y su formación política, el Partido Socialista Obrero Español (Psoe), parecen más preocupados en “calmar a los mercados financieros” –palabras de Zapatero– y ganarse unas palmaditas en la espalda de la señora Merkel, de Sarkozy, del FMI y de las grandes agencias de calificación de riesgo estadounidenses, que en devolver la esperanza a esos cientos de miles –¿o millones?– de electores perdidos por el camino.
En una acción que ha sorprendido a la mayoría, Rodríguez Zapatero ha sellado a toda prisa un acuerdo con el principal partido opositor, el derechista Partido Popular –uno de los poquísimos pactos en siete años de gobierno–, para aprobar por vía de urgencia nada menos que una reforma de la Constitución, la segunda en 33 años de vida.
A través de ella se pretende que en su artículo 135 quede fijado que ni el Estado ni las regiones autónomas podrán superar el déficit estructural fijado por la Unión Europea y que el pago de la deuda pública sea “de prioridad absoluta”. Una medida que se asemeja a la que le impusieron los congresistas republicanos recientemente a Barack Obama.
Se prevé que ese límite quedará en un máximo de déficit en las cuentas del Estado de un 0,26% en relación con el PIB y de un 0,14% para las regiones.
¿Y de dónde se recortan esos presupuestos si se supera ese nivel, algo que inevitablemente sucederá? Del gasto en Educación, Sanidad, pensiones, viviendas sociales, subsidios para los más desfavorecidos, salarios de los funcionarios y un largo etcétera. Y el tan reivindicado ‘Estado del bienestar’”, a pique.
Pero eso sí, de reimplantar el impuesto a las grandes fortunas, nada. Ni esa ni ninguna medida que afecte a la gran patronal, a los sectores más pudientes de la sociedad. Es aceptar lo que siempre ha dicho el PP: “Los empresarios son los que generan empleo”. Por lo tanto, no hay que meterse nunca con ellos.
El gobierno ha recibido rápidamente todos los parabienes de Angela Merkel, de Nicolas Sarkozy, del Banco Central Europeo y del FMI, mientras el líder del PP, Mariano Rajoy levantaba la mano sonriente para recordarles a todos ellos que el mérito era suyo, que siempre lo propuso, que es coherente con la ideología y el programa de su partido y que por fin logró doblegar al Psoe.
La Constitución vigente actualmente fue votada en 1978 en referéndum popular en plena época de transición post franquista y tras ser consensuada por todos los partidos políticos. Sin embargo, en este caso el Psoe y el PP –que sólo contaron con el apoyo de UPN, la derecha navarra– han hecho oídos sordos a los llamamientos de la izquierda para que se sometiera igualmente a una consulta popular.
Tras haber superado el viernes la votación en la Cámara baja, debe ser refrendada ahora por el Senado y sólo podría convocarse un referéndum si antes de que sea definitivamente sancionada se obtuviera como mínimo el apoyo del 10% de los diputados (35) o de los senadores (26).
Es una verdadera carrera contrarreloj la que se librará los próximos días.
En vísperas de la votación en el Parlamento, el gobierno tuvo que emplearse a fondo para convencer a sectores de la izquierda interna del Psoe de la necesidad de fijar por ley la “estabilidad presupuestaria”. Muchos diputados habían mostrado su disconformidad, pero finalmente sólo dos votaron en contra, uno por error, y otros se ausentaron.
En la calle, las dos grandes centrales sindicales, Ccoo y UGT, al igual que el movimiento del 15-M y distintos colectivos ciudadanos, han rechazado frontalmente la medida, considerándola como “un asalto de los mercados al estado de derecho”, y han convocado movilizaciones callejeras para este martes, víspera de la votación en el Senado.
Paralelamente, se han recogido ya más de 150.000 firmas por Internet para reclamar la celebración de un referéndum.
A pesar de que Zapatero expresó su convicción de que la reforma exprés tranquilizaría a los mercados financieros, el mismo día en que se aprobó en la Cámara baja, la prima de riesgo, que puntúa la solvencia de un país, se disparó a más de 300 puntos, por lo que ni siquiera con semejante regresión parecía conseguir su objetivo.
Consecuentemente con el “espíritu” del pacto entre los dos grandes partidos, en varias de las regiones autónomas controladas por el PP se ha empezado a “dar ejemplo”. Así, en regiones como Castilla-La Mancha, en manos del PP, ya se ha anunciado un durísimo programa de ajuste para acabar con el déficit de esa comunidad, que supondrá, según los socialistas, la destrucción de cerca de 15.000 empleos, de un total de 76.000 funcionarios que tiene actualmente. Entre ellos habría 4.000 médicos, enfermeras y auxiliares y 4.500 profesores.
Allí, como en Madrid, Galicia y otras regiones controladas por el PP, se pretende paliar la falta de profesores con horas suplementarias de trabajo para los que conserven su puesto.
El intento del PP de mostrarse con estos ejemplos, tanto ante su electorado como ante los mercados, como un partido que puede sacar al país de la crisis de volver al poder –algo que sucederá, según todas las encuestas– ha provocado la movilización de los docentes, que preparan medidas de protesta y huelgas.
Con la reforma constitucional, Rodríguez Zapatero ha sacado adelante una reivindicación de la derecha, dejando fuera esperadas leyes prometidas, como la Ley de Muerte Digna, la de Igualdad de Trato, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la de Telecomunicaciones. Zapatero dijo que ya no había “tiempo material” para aprobarlas en esta legislatura.
Por ello le dio prioridad absoluta a la reforma constitucional, ¡que entrará en vigor en 2020!.
