“Se trata de empoderarlos con perspectiva de derechos humanos”

La clave está en el seguimiento que se hace de cada persona, una vez que sale de la órbita del sistema penal”, dice la doctora Laura Lopresti, titular de la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia.
–¿En qué consisten esas mejoras?
– Centralmente, en adecuar el sistema penal a la nueva Ley de Salud Mental sancionada en diciembre de 2010, para los casos de personas privadas de la libertad que requieran de algún tratamiento integral. Antes del cierre de la Unidad 20 del Hospital Borda para los varones y la Unidad 27 del Hospital Moyano para las mujeres, se había avanzado mucho respecto a una intervención de tipo civil para quienes cumplían una condena y tenían problemas psiquiátricos. El Director Nacional del SPF, doctor Víctor Hortel, encaró el cierre y desguace de esas unidades, ya que no cumplían con ninguno de los parámetros edilicios ni de infraestructura para hacer el trabajo de inserción en derechos humanos que nosotros entendemos debe ser para las personas privadas de la libertad, agravado por el caso de que éstas tienen padecimientos mentales. Tanto la unidad penal en el Borda como en el Moyano no permitían saltar las limitaciones que le imponía la propia estructura de hospital, ideado con una lógica manicomial. Fue entonces que junto con la Secretaría de Justicia se decidió la elaboración e implementación de este programa interministerial que es el Prisma sustentado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud de la Nación.
Antes, cuando una persona usuaria del servicio de salud mental penitenciario recuperaba la libertad, era derivada al hospital Borda. De allí, muchas veces era expulsada, reincidía y entonces reingresaba a la órbita penal. Casi que era cuestión de tiempo para que vuelva a entrar a la U. 20 por reincidencia. Entonces, vimos la necesidad de crear un dispositivo de inclusión social que intente por todos los medios de brindarle herramientas para que al momento de finalizar la condena no reincidiera. Al reingresar al sistema penal, era probable que volviera a las unidades hoy clausuradas.
–¿Había capacidad para tanta gente?
–No era un problema de capacidad. Cualquier persona que tuviera algún padecimiento mental que estuviera detenida por algún delito se lo enviaba a la U. 20 o a la U. 27. Era necesario un dispositivo que sea más preciso en el diagnóstico ya que se ponía en peligro la salud de la persona. Por eso, afinamos los criterios de admisión.
Ahora son criterios de inclusión, que implican una evaluación psiquiátrica y no meramente judicial. Una persona con diagnóstico presuntivo de que está con un episodio psicótico agudo o con un trastorno mental agudo sí es un usuario del Programa. Eso hizo que bajara mucho la cantidad de personas que están bajo la órbita del Programa.
Así, de una población de 150 personas que estaban alojadas en la U. 20, ahora se pasó a un poco menos de 60, 15 mujeres y 40 hombres aproximadamente. Además 35 personas ya egresaron, recuperaron la libertad y están en seguimiento por el dispositivo de inclusión social. Además, se está avanzando en la construcción de un espacio adecuado específicamente para esa población en Ezeiza.
–¿Cómo es la internación para alguien que está en detenido en el interior del país?
–El SPF tiene unidades penitenciarias en todo el territorio nacional. Por ejemplo, una persona que está detenida en Formosa, y presente padecimientos mentales, deberá pasar por el dispositivo de admisión del Prisma

En acción. Mientras habla, la Dra. Lopresti muestra algunas fotos del Prisma, los fundamentos del Programa, informes sobre los talleres de cine, de lectura, de juegos, de plástica, y hasta de una revista que comenzarán a hacer las personas.
–Es un trabajo muy arduo, por cierto, de todos los profesionales que son de primer nivel, y también del personal penitenciario que cumple funciones allí. Da mucha alegría observar que además, gracias a ese trabajo, personas que tenían o tienen padecimientos mentales han vuelto a estudiar y a trabajar, gozando de los mismos derechos que el resto de la población privada de la libertad en el sistema penitenciario federal. Implementamos en el contexto de privación de la libertad las políticas de inclusión y derechos humanos del Gobierno Nacional, que se traducen en el Prisma en los talleres laborales, la revinculación familiar, las actividades recreativas y de educación. Se trata de empoderarlos, que recuperen su dignidad y se le reconozcan los mismos derechos que a las demás personas.