Sobre lo que puede pasar a los 16 años

Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011

Otra vez se discute qué hacer con algunos pocos adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves. Somos muchos quienes pensamos que es una mala idea introducir más personas, cada vez más pequeñas, en un sistema –el penal– que, como dice el criminólogo noruego Nils Christie, se especializa en repartir dolor. Hemos dicho que si hay niños que están donde no deberían –en la calle, con un arma, aspirando bolsitas, solos, fuera de la escuela, del club o de la canchita– es porque muchos adultos, y principalmente el Estado, no están donde tienen que estar. Y hemos concluido que, donde no aparece a tiempo el Estado social, irrumpe –tarde y mal– el Estado penal, con sus policías y cárceles.
Mientras discutimos, no podemos olvidarnos de jóvenes a los que, a los 16 años, les han pasado cosas muy graves, que el Estado debe reparar. Lucas Matías Mendoza tenía 16 cuando, hace catorce años, fue detenido por varios hechos graves. Luego, en abril de 1999, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral de Menores Número 1 de la ciudad de Buenos Aires, junto con Claudio David Núñez, que tenía 17 al ser detenido, también en enero de 1997.
En otra causa, César Alberto Mendoza (sin relación de parentesco con Lucas), también fue condenado a prisión perpetua por delitos cometidos antes de los 18 años. Todos ellos eran niños, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, y por lo tanto no se les podía aplicar la misma pena que a un adulto.
En la provincia de Mendoza, otros tres jóvenes fueron condenados del mismo modo por la Cámara Penal de Menores. Uno de ellos, Ricardo David Videla Fernández, apareció colgado en una celda de castigo el 21 de junio de 2005. Tenía 20 años.
En junio de 2002 se denunciaron los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Hace dos meses, la Cidh afirmó que habían sido mal condenados y recomendó al Estado revisar las sentencias, investigar las torturas denunciadas por varios de los jóvenes y la muerte de Videla Fernández e indemnizar a las víctimas, es decir, a los jóvenes y a sus familias.
Luciano Arruga también tenía también 16 años cuando desapareció hace dos años, el 31 de enero de 2009. Según denunciaron varios testigos en ese entonces, antes estuvo detenido en un destacamento policial de Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Pese a que ni un solo día dejaron de reclamar por él, la familia y los amigos de Luciano no han logrado que su ausencia sea investigada como una desaparición forzada.
Cinco jóvenes cumpliendo penas a prisión perpetua, pese a que se les repite hace años que esas condenas son ilegítimas.
Un adolescente desaparecido, luego de ser hostigado y detenido por la policía bonaerense. En lugar de diseñar nuevos castigos para chicos cada vez más chicos, es imprescindible resolver estas deudas pendientes: la libertad para los cinco condenados a prisión perpetua, la aparición con vida de Luciano Arruga.

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Otras notas

  • Mañana se cumplen dos años de la desaparición de Luciano Arruga, el adolescente de 16 años que fue visto por última vez en un destacamento la Policía Bonaerense en Lomas del Mirador. Por el caso todavía no hay ningún detenido, y la Justicia no logró encontrar pistas firmes para saber qué fue de él.

  • • JUICIO A 16 REPRESORES
    Circuito ABO: Audiencia final y festival callejero

  • El debate sobre los menores en conflicto con la ley penal suele ser de carácter espasmódico e irracional. Como la marea, siempre vuelve. Basta que el foco se pose sobre un delito o un fallo de trascendencia mediática en el que está involucrado un adolescente. La polémica ahora la instaló la resolución del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3, de San Isidro. Hace una semana los jueces Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez resolvieron aplazar por un año la imposición de las penas que les corresponden a dos chicos que ya fueron condenados por el crimen de Santiago Urbani.

  • La Presidenta acaba de poner racionalidad en el exacerbado debate sobre la “imputabilidad” al señalar que “esto de la edad no es una política de seguridad”. Tomando distancia de discursos catastrofistas, Cristina Fernández ubicó las cosas en su verdadera dimensión. Y es que –si bien el debate sobre la edad de imputabilidad penal no puede regirse sólo por criterios cuantitativos– no debe perderse de vista que la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes menores de 18 años no es de gran peso en nuestro país. En ese contexto, la de los menores de 16 años es escasamente relevante.

  • La Justicia de Mendoza condenó a prisión perpetua a cuatro acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la dictadura, entre ellos el del poeta y militante montonero Francisco Paco Urondo. La pena máxima, que deberán cumplirla en una cárcel común, les fue impuesta por el Tribunal a los ex policías Juan Agustín Oyarzábal, Eduardo Smaha, Celustiano Lucero y Luis Alberto Rodríguez.

  • Todos los represores imputados por delitos de lesa humanidad en la denominada “Causa Goya” fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a 25 años de prisión por la desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, durante la última dictadura militar. Se trata de dos ex policías, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; tres ex militares: Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi y Norberto Leopoldo Cao, y el ex efectivo de la Prefectura Naval Luis Leónidas Lemos.