Tiempo argentino
Sobre policías y sindicatos
Al cierre esta edición, el gobierno de Santa Cruz negociaba con cuarenta delegados de la policía provincial el levantamiento de la huelga que desde el lunes dejó sin custodia a gran parte de la provincia. Luego de marchas de familiares y de un acuartelamiento que –según denunciaron los medios de prensa– provocó el aumento de robos, la discusión está puesta en los porcentajes salariales. Por la medida fueron sancionados un comisario y un oficial. El primero fue puesto a disponibilidad y el oficial fue trasladado a otra comisaría como represalia. Desde entonces, los amotinados pidieron, también, la renuncia del jefe y subjefe de la fuerza, “por las presiones aplicadas a los policías y sus familiares” que participan de la protesta.
Los policías santacruceños habían tomado una medida similar en 2010. En Misiones, en febrero, la tropa se autoacuarteló por mejoras salariales y para pedir la reincorporación de cinco cesanteados, separados de la fuerza luego de un intento de sindicalización. Entre otras medidas, tomaron la jefatura de policía y amenazaron con hacer lo mismo con la casa de gobierno. En abril y mayo del año pasado, los policías de Tucumán protagonizaron escenas similares: además de autoacuartelarse, hicieron piquetes y movilizaciones junto a varios de sus familiares.
En diciembre del año pasado, en la provincia de Buenos Aires, un sector de la policía bonaerense se acuarteló luego de que dieciséis efectivos de infantería fueran sancionados por reprimir a militantes de La Cámpora que presenciaban la asunción del gobernador Daniel Scioli y el vice Gabriel Mariotto.
Si bien en nuestro país está prohibido que la policía se sindicalice, en algunas provincias hay asociaciones profesionales y sindicatos ilegales. En la provincia de Buenos Aires hubo –y hay– varios intentos. Un precursor en la materia es el ex comisario Edgardo Mastandrea, hoy detenido por crímenes de lesa humanidad. Uno de esos grupos –que en la semana contó con una muy pequeña columna en la movilización de la CTA reclamando por los salarios– intentó llamar a un acuartelamiento policial, imitando a Santa Cruz. La convocatoria no tuvo repercusión.
Otro de los “sindicatos” funciona en Santa Fe, donde –como informó Miradas al Sur la semana pasada– las denuncias por corrupción, torturas y negociados son más que frecuentes. Allí, hace dos semanas tres jóvenes denunciaron haber sido torturados con picana y submarino seco en una comisaría. La respuesta de la “Unión de Trabajadores Policiales de Santa Fe” fue inmediata: fueron hasta la localidad para respaldar a sus compañeros, que como única sanción habían sido trasladados. “No vamos a permitir”, dijeron desde su página de internet, “que ninguna persona quiera limpiar sus vestiduras en esto de hacer politiquería barata, ensuciando a la familia policial; le vamos a poner un freno a los que vociferan contra nobles trabajadores que en el ejercicio de sus funciones sólo hacen cumplir la ley y resguardar los bienes del resto de la sociedad”.
Mientras desde algunos sectores se dice que los policías son “los trabajadores estatales más precarizados”, quienes se oponen a la sindicalización esgrimen como argumento que ejemplos como el de Santa Fe o la provincia de Buenos Aires, demuestran que sería un arma de doble filo. “En la matriz policial argentina”, reconoce un hombre de una de las fuerzas más numerosas del país, “sería imposible escapar de la extorsión. Se le estaría dando un cause institucional a una política en la que la población termina de rehén. Por ejemplo, en Santa Cruz, se registraron varios robos: ni siquiera mantuvieron las prestaciones mínimas”.
Policía y política. Pero, más allá de lo salarial y la defensa corporativa, otros plantean un debate de fondo: el rol político de las policías en una época en la que los ejércitos dejaron de ser un factor de poder. La alerta la dio Ecuador, en 2010. La huelga policial por mejoras salariales terminó en un intento de golpe de Estado. El presidente Rafael Correa estuvo secuestrado y, si logró salir vivo de allí, es porque miles de personas se movilizaron para rescatarlos. Desde entonces, el concepto se repite.
En Argentina, quien lo expresó de forma más clara fue Raúl Zaffaroni. En una entrevista con el periodista Martín Piqué, en Tiempo Argentino, habló sobre la criminalización de la protesta y la relación de ésta con la policía. “El discurso de no criminalizar la protesta social no es un discurso progresista”, dijo el juez de la Corte Suprema. “Es un discurso de legítima defensa de todo Estado y de todo gobierno más o menos progresista”.
–¿Por qué legítima defensa? –preguntó el periodista.
–Porque criminalizar la protesta social o, mejor dicho, reprimir la protesta social es directamente una trampa. Se lo hace para que en la represión haya unos cuantos muertos. Y que eso provoque Kosteki y Santillán, y que con eso se tenga que ir Duhalde, que eso provoque los muertos de la Plaza de Mayo, y que con eso se termine de voltear a De la Rúa. Hoy los golpes de Estado los dan las fuerzas de seguridad, no los dan los ejércitos. No son golpes de Estado tradicionales, son golpes de Estado desestabilizadores. Con los ejemplos que damos, no creo que tengamos que ir a pensar en Ecuador. Entre una coalición de medios masivos de gran difusión, un sector policial disconforme (porque no necesita ser toda una fuerza), generalmente por razones no muy confesables, y algún segmento político interesado en desestabilizar, sí pueden dar un golpe de Estado. Tranquilamente. Pero esto que digo no es ninguna novedad. En América latina hace ya quince años que lo voltearon a Nilo Batista en Río de Janeiro: lo volteó una organización de esta naturaleza, con combinación de la Red Globo. ¿Por qué? Porque no había querido eximir a la Red Globo de algunos impuestos estatales.
El motín policial en Bolivia duró una semana y comenzó con un reclamo salarial al que se le sumaron quejas por las sanciones disciplinarias, que incluyeron un incendio. En una crónica desde el lugar de los hechos, la Revista Anfibia contó la escena: “Los amotinados querían tomar el edificio donde se guardan sus legajos, sus fojas de servicio. Y hacer una fogata con ellos”. Más adelante: “Sin resistencia aparente, el edificio del Tribunal Disciplinario se entregó al fuego y a una violencia cada vez más deliberada, cada vez menos atemorizada, de los rangos bajos de la policía. Desde afuera, desde la plazuela, desde el atrio de la iglesia, a través de las ventanas, se veían las llamas que avanzaban sobre las oficinas”.
Luego de levantada la huelga, el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, denunció que detrás de los amotinados había un intento de golpe de Estado. Señaló a dos partidos de la oposición –Unidad Nacional (UN) y Movimiento Sin Miedo (MSM)– como instigadores de los hechos más violentos y señaló una serie de elementos –el ataque a instituciones públicas, agresiones contra la prensa, parálisis del sistema financiero y llamados abiertos al golpe– que hacían suponer que en la trastienda había una intencionalidad oscura.
Quizá, como en el resto de América latina, la protesta policial había puesto en manifiesto la poca distancia que, en manos de la policía, hay entre el reclamo salarial, el corporativo y el convertirse en un actor armado en la política de nuestro continente.
