“Son un poder metalegal y parapolicial”

Es muy notorio el proceso por el cual el Estado ha dado su consentimiento para que se produzca la transferencia hacia sectores privados de lo que podía ser catalogado como su poder monopólico: la utilización de la fuerza y la coerción.
Este no es el único traspaso que se ha producido, podemos citar los casos de la proyectada privatización de la justicia y el manejo de algunas prisiones por intereses privados. Todo lo anterior responde a una coyuntura en la cual el Estado debe enfrentar la sempiterna crisis fiscal, reformulando sus distintos roles y dando un mayor espacio de actividad al sector privado.
¿El Estado sólo encauzará la ansiedad de la población hacia la demanda de cerrar puertas y ventanas, colocar sistemas de alarmas en las casas, apostar un sistema computado en los puestos fronterizos, instalar vigilancia electrónica en las cárceles, patrullas de vigilancia en las calles, evaporando de esta manera toda posibilidad de llegar a la raíz de la inseguridad pudiendo controlar las fuerzas que la alimentan?
Afirmo que esta renuncia de la soberanía estatal acarrea peligros evidentes para las garantías jurídico-penales de los individuos, ya sea debido a su reciente encuadre legal, a la falta de control por parte de los órganos de gobierno que deberían monitorear sus actividades, a su actuación en detrimento de la intimidad y libertad de los ciudadanos, a su exponencial crecimiento que aumenta el riesgo de impunidad y de constituirse en un poder metalegal y parapolicial.
Se produce un retroceso por parte del Estado-Nación en la vida económica, pero acrecienta y robustece su intervención en el ámbito penal. Se instaura la seguridad ciudadana (definida sólo en términos físicos y económicos, y no teniendo en cuenta los sociales, sanitarios, educativos o salariales) como el principal orientador de las políticas públicas, operando en sintonía con la ideología económica y social instituida en el individualismo y en las máximas imperantes del mercado. La exclusiva relación entre el deterioro del sector social del Estado y el despliegue de su extremidad penal, con la contribución del sector privado, se consuma a través del trato punitivo de la inseguridad y de la exclusión social, consecuencias directas e irrebatibles de esas políticas.
Es evidente que los sectores sociales privilegiados tienen la posibilidad de incorporar una nueva adquisición: el poseer una policía propia que actúa según sus preferencias. Todo lo anterior se desarrolla en un marco en el cual la seguridad se ha mercantilizado, reduciéndose a actuar como un bien más en el mercado de la oferta y la demanda, pasando de ser un monopolio estatal a un “oligopolio privado”.
El acceso a la seguridad privada es desigual, lo cual se puede hacer extensivo a la capacidad de disponer servicios de alarmas y monitoreo de distintos lugares; todo converge en un ensanchamiento de las diferencias sociales que se evidencian en la Argentina de hoy.
La inseguridad de los sectores más pudientes ha devenido en un cambio en la configuración urbana de las ciudades, limitando la sociabilidad vecinal: barrios cerrados, countries, malls (áreas comerciales cerradas), aumento de condominios y guardias privados. Es en el ámbito urbano donde la polarización de la sociedad alcanza su máxima expresión, donde es expuesto el aislamiento social bajo formas de espacio semi-privado o semi-público. Es así como se crean espacios defendibles en donde los “protegidos” se resguardan de los “no protegidos”, esos guetos o islas militarizadas demuestran la existencia en sus habitantes de un sentimiento de desprotección, miedo y sospecha al mundo exterior.
La seguridad privada se ha traducido en una mayor proliferación de armas entre personal sin capacitación adecuada, lo cual ha hecho que se produjera un fenómeno contrario a los resultados anhelados: en lugar de una disminución de los índices de delitos, la disponibilidad de armamento acrecentó y agravó las consecuencias de hechos de violencia.
Estos actores ponen en crisis los presupuestos esenciales con los que jurídica y políticamente eran consideradas las cuestiones referidas a la seguridad pública, teniendo su nacimiento en una sociedad caracterizada por complejidades subyacentes con una primacía absoluta de las leyes del mercado. Es por lo expuesto que en la concentración estatal de la violencia se ha producido un quiebre debido a la aparición de las agencias de seguridad privada, con un inminente fracaso de la pretendida prestación colectiva de la seguridad.