Teoría y práctica en la política económica peronista
Quizás haya que reconocer, junto con los múltiples críticos de los movimientos populares, que las políticas económicas de los gobiernos peronistas se han caracterizado mucho más por el avance en el campo de lo concreto, la modificación –para bien o para mal– de las estructuras materiales de la sociedad argentina, que por una teorización sistemática y acabada de objetivos e instrumentos en cada momento histórico. Tal vez porque en el peronismo ha primado siempre la cultura del resultado: no decimos “¿qué hacer?”, sino que lo hacemos. Habrá que rastrear tal vez en los orígenes fundacionales: un general busca ganar batallas, no comentarlas. Nuestro General las ganaba, y casi todas: la política, la económica, la social, la cultural… aunque no siempre en el mismo momento. Ojalá sea designio de la propia historia, que nos configura al mismo tiempo que la transformamos, que ésta sea la oportunidad para que los herederos del General podamos establecer nuestra política en las medidas económicas que hagan una sociedad más justa, que no admitirá retrocesos si los valores que defendemos están incorporados al acervo cultural común.
Es mejor construir sobre las bases materiales de la producción, la distribución, el consumo, entendidas como facetas de una misma unidad, para nada lineales ni separadas, que lanzar sobre el papel los principales ejes de la economía, lo cual en el proyecto nacional aparece como un ejercicio necesario pero limitado. Debe –quizás– entenderse lo que sigue como un punto de partida, como un estado de situación en un momento dado de la historia argentina; jamás como un comentario, ojalá como una guía, con la esperanza que la reflexión sirva para análisis de los intelectuales e inspiración de los cuadros, tanto como para arsenal de los militantes.
Estrategia económica realista. No debe amedrentar, ni al escribiente ni al lector, hablar de poder. De eso se trata. Cómo se obtiene, cómo se utiliza, qué se hace, son algunos de los elementos que permiten distinguir entre dictaduras y democracias, entre oligarquías y proyectos populares. El sistema de acumulación de poder llama a la estrategia, y de ella nos vamos a ocupar en primer término.
En efecto, la estrategia consiste en la conducción y la realización de un modelo por los mejores medios; recibe su inspiración y sus fines de la política, y se apoya sobre la habilidad táctica. Debe combinar todos los elementos del poder para lograr sus fines y tener una clara noción de la realidad y de la relación de fuerzas que se enfrenta. De lo contrario, podemos naufragar en un idealismo que no es más que considerar las personas y las cosas, así como las relaciones que las regulan, cómo queremos que sean más que cómo son. Es lo que Freud llamaba una ilusión: un error con deseo.
Desde el punto de vista nacional y popular, la elaboración de una estrategia económica debe estar tan alejada de la quimera como del conformismo: hay demasiadas cosas en juego. La enunciación de quimeras pertenece al género de la política o economía-ficción, loable en cuanto aspiración y a veces admirable como literatura, pero ineficaz como concreción; en sentido inverso, proyectar la continuidad lisa y llana de un presente que aún tiene rasgos de injusticia, es prueba de mediocridad, servilismo o complicidad. Ni la quimera ni la continuidad constituyen una estrategia económica aceptable. Con esa perspectiva, la estrategia es la carta de navegación que permite arribar al puerto deseado; pero no sólo es necesario un rumbo, sino también los medios que permitan llegar.
El Proyecto Nacional en ejecución parte de la base de que es posible aplicar una estrategia de defensa del interés nacional y del bienestar popular; no es demagogia ni mitología, sino realismo político. Pretender que se adopten políticas que defiendan los intereses de la Nación y de su población, no representa un desvarío voluntarista. Sólo que para que se realice deben cumplirse varios requisitos.
Una estrategia económica nacional debe comenzar por una estrategia del poder. Para que deje de ser una abstracción académica y se convierta en un instrumento de acción, es indispensable que el gobierno elabore y aplique un Proyecto Nacional y ejerza potestad o influencia sobre ciertas áreas clave de la economía. Las relaciones entre política y economía, en nuestros días, rememoran la polémica clásica del siglo XVII donde brillaron Pascal y Spinoza, acerca de la fuerza y de la justicia. Una justicia sin fuerza es impotente; una fuerza sin justicia es tiránica, decían ellos; un proyecto nacional sin una política económica efectiva no es viable; una economía sin proyecto nacional es la crisis permanente.
El primer ámbito es el de la economía real. En cuanto a su funcionamiento, es indispensable el ejercicio de la potestad estatal sobre los servicios públicos, que implica, según los casos y la evaluación que se haga, mayor supervisión, control, regulación o propiedad. También debe compatibilizarse la acción empresaria extranjera con el interés nacional argentino, mediante políticas crediticias, monetarias, arancelarias, fiscales y de regulación. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional deberá afirmar su autoridad sobre el sector financiero y, en particular, sobre el Banco Central. Ya se realizó una reforma fundamental que fue la estatización del sistema jubilatorio. Estas reformas son las que habilitan la recuperación de un Estado capaz de ser el instrumento de transformación económica.
Es importante aclarar este punto, ya que aquellos que predican “estados mínimos” son los que más introdujeron al Estado en la vida social argentina, ya sea con la violencia sin límites del gobierno militar, ya sea con la aplicación terminal de la convertibilidad. Nosotros consideramos que al carecer los movimientos políticos nacionales y populares de rentas financieras o agrarias propias, ni aceptar ser los socios locales y menores de imperios empresarios, es el Estado el único instrumento de transformación económica que tenemos, así como son las elecciones el único modo de acceso al gobierno político del Estado que deseamos.
Estado y gobierno. En el Proyecto Nacional, encaramos el doble desafío, entonces, de transformar el instrumento de cambio al mismo tiempo que transformamos la sociedad. Debe perfeccionarse su funcionamiento, que adolece de graves deficiencias, sobre todo después de la ola neoliberal (1976-2001). Vemos que no se trata entonces de una situación ideal del Estado, que a todos sirve por igual, sino que en su misma conformación histórica, en sus atribuciones y en sus funciones –y en la modalidad como las ejerce– nos va la política. El Estado siempre interviene, jamás es neutro –jamás lo fue–. Reconocer este hecho no significa partidizarlo, pero tampoco ignorarlo. Con la oleada neoliberal habían desaparecido las empresas públicas y ministerios, como obras públicas o planificación. Sin prospectiva, un Estado (más aún: una empresa) es ciego. En esa acción política de primera magnitud la estrategia es la recuperación de la soberanía, que, a su vez, es posible por el desligamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado en diciembre de 2005, así como por la política de desendeudamiento. El FMI ya no dicta más nuestra política económica.
El Estado tiene como función la salvaguarda de los bienes permanentes de una Nación, que, entre otros, son la defensa de la soberanía nacional, el mantenimiento de la democracia, la vigencia del orden dentro del derecho, el desarrollo económico y la justicia social. A su vez, el Gobierno debe asegurar el cumplimiento de esos objetivos, para lo cual administra y hace política. Más aún: hay que crear política donde antes no la había. Plantear la política es plantear los problemas: ninguna injusticia es más duradera que la que permanece en silencio (de allí la importancia de los medios de comunicación…). Reconocer y resolver un problema no es ser conflictivo, sino ejercer los derechos políticos ciudadanos, desde la militancia, y conducir el Estado en esa dirección cuando se ejerce el liderazgo. Aparicio Saravia decía: “la Patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo”.
