Tiempo de descuento

Año 5. Edición número 238. Domingo 9 de diciembre 2012
(TELAM).

El Grupo Clarín consiguió de los camaristas María Najurieta y Franciso de las Carreras lo que más anhelaba: tiempo adicional. Un triunfo pequeño que, al decir de los pronósticos, se podría tornar efímero a la luz de los últimos pasos de la Corte. La cuestión es fatigosa, por no decir opaca debido al intrincado lenguaje judicial y la trama de medidas procesales en danza. Sin embargo, es necesario fatigar los detalles para comprender los posibles caminos que se abren de ahora en más. Más aún desde el viernes al mediodía, cuando los supremos decidieron desestimar “por manifiestamente inadmisible” la pretensión del holding para que el tribunal rechazara “in límine” el recurso extraordinario por salto de instancia que esa misma mañana había presentado el Ejecutivo contra la extensión de la cautelar de los camaristas Najurieta y De las Carreras.
Puestas así las cosas, la Corte, si abre la instancia, deberá decidir si tiene fundamento el argumento del Gobierno que señala como una gruesa contradicción la existente entre la extensión de la cautelar y la resolución del 22 de mayo de los supremos, que estableció como tope de la cautelar el 7 de diciembre. En la práctica, y de cara a los que se viene –más allá de la postura que adopte la Corte con relación a la resurrección de la cautelar–, el reloj procesal aceleró sus tiempos. El 7/D quedó atrás, pero se acabaron las chicanas.
Para comprender la situación es necesario, primero, remontarse al martes 27 de noviembre. Ese día, con la firmas de Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Argibay Molina y Zaffaroni, el tribunal resolvió “ordenar la habilitación de días y horarios que fueran menester para el cumplimiento de todos los actos, incluyendo el dictado de sentencia”. La decisión –que borra del calendario del juzgado de Horacio Alfonso los sábados, domingos y feriados– requiere, además, al juez de primer instancia “el inmediato dictado de la sentencia definitiva”.
Conciente tal vez de la premura, la Corte, tras la presentación del Gobierno Nacional del viernes pasado hizo saber de inmediato que decidirá sobre el salto de instancia esta misma semana. Dicen que lo hará a más tardar el martes próximo. Antes, según se ocuparon en difundir sus propios integrantes, es imposible. La decisión la adoptará el pleno del tribunal cuando estén disponibles Fayt –ausente por problemas personales– y Zaffaroni –de viaje por Colombia–.
La cuestión, sin embargo, tiene ribetes que, una vez más, es necesario considerar. Está claro que nada es lineal en la biblioteca legal. En la práctica, como si se tratara de un fallo a medida, Najurieta y De las Carreras introdujeron nuevos elementos –casi se diría que desafiando a la Corte– que los supremos no podrán dejar de evaluar. Antes de ellos, unas pocas observaciones.

Apunte al margen. Puede o no ser menor, pero pinta la situación hacia el interior del Poder Judicial. En Tribunales es vox pópuli que, cuando arreciaban las recusaciones planteadas desde el Ejecutivo, Najurieta se reunió con Lonrenzetti. La reunión habría sido el disparador del comunicado sin firmas encabezado por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial que lideran Highton de Nolasco y Argibay Molina.
La cerrada defensa de la corporación judicial que encarna el comunicado difundido por el Centro de Información Judicial es sintomática de una concepción restrictiva y elitista de la tan mentada independencia de los jueces. En la práctica, el enfoque apenas subraya la imparcialidad que requieren los casos concretos, pero deja de lado que el Poder Judicial es una rama del gobierno y que sus decisiones pueden, como en el caso en cuestión, tener consecuencias políticas y sociales. No se trata de una cuestión académica.
Que la Justicia es un elemento necesario del sistema democrático para garantizar derechos básicos, tanto en el plano social, como político y civil, es una verdad de Perogrullo. De lo que se trata, entonces, es de asegurar la participación ciudadana. Menos evidente es que la profundidad democrática está condicionada, más allá de las formalidades, por el desigual goce de esos derechos. La idea encierra una concepción más robusta que el escuálido comunicado anónimo que niega la posibilidad de una Justicia con capacidad transformadora. Un Poder Judicial más democrático será, entonces, el que apueste a no reproducir las injusticias. El desarrollo de los Estados de Bienestar ha mostrado poderes judiciales que asumieron un lugar político importante en la vida social ante la creciente demanda de respuestas judiciales a nuevos conflictos.

Un fallo a medida. ¿Cuáles serán los ribetes del fallo que reavivó la cautelar que los supremos no podrán dejar de considerar? Al decir de los especialistas, dos temas. El primero, poner limite a las imprecisiones de Najurieta/De las Carreras. El fallo dice que “alejada la hipótesis inicial que fundó la decisión del Alto Tribunal” de ponerle limite a la cautelar “corresponde admitir lo solicitado (por el Grupo Clarín) prorrogando la vigencia (…) hasta que se dicte sentencia definitiva”.
Lo que no precisan los camaristas es que hechos nuevos alejan la situación de la hipótesis inicial. Mucho menos explicitan qué entienden por “sentencia definitiva”. ¿Se trata de la sentencia de primera instancia, o de un fallo imposible ya de recurrir? La cuestión, una vez más, es importante. Si se tratara de la primera de las opciones, como sugiere su redacción, sería un traje a la medida del Grupo Clarín. Najurieta y De las Carreras se inclinarían por extender la cautelar hasta que el caso esté definitivamente terminado. La sentencia de Alfonso –que descuentan los expertos dará por constitucional la ley– no significará –según el criterio de los camaristas– la caída de la cautelar.
La opción no parece estar en los planes de la Corte. De hecho, sus integrantes ya enfatizaron, cuando pusieron límite a la cautelar, que una extensión sine die del instrumento sería, en la práctica, equivalente a una sentencia definitiva. Es más: dejaron entrever que lo que esté en juego es una cuestión meramente económica y que, llegado el caso, el Grupo Clarín tendría la posibilidad de reclamar por la vía judicial correspondiente el supuesto perjuicio patrimonial que según alega le causaría la adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales.
Por último, el fallo de Najurieta/De las Carreras tiene una perlita. Casi un ofrenda a Magnetto. Dicen los camaristas: “(…) las actoras (el Grupo Clarín) no tiene la obligación de adecuar su conducta al artículo 161 ni a los plazos previstos en las normas reglamentarias y complementarias (…). Ello significa que las actoras tienen en suspenso tanto su obligación de desinvertir (…) como el curso del plazo de un año que la norma estableció”. La consideración excede largamente el reclamo de los abogados del holding y la competencia de los camaristas, quienes parecen interpretar que, llegado el caso, el plazo de adecuación a los estándares que estipula la norma comenzaría a correr una vez concluida la cuestión de fondo.
Como se señaló al inicio de esta nota, la decisión de la Corte de aceptar el salto de instancia reclamado por el Ejecutivo parece acelerar los tiempos y está en línea con la determinación de los supremos de tachar sábados, domingos y feriados para que el juez Alfonso ponga fin al laberinto judicial. Quienes transitan los tribunales interpretan que muy difícilmente la Corte esté dispuesta a avalar la extensión de una cautelar que ella misma criticó y a la que puso fecha de caducidad. De hacerlo contribuiría a las maniobras dilatorias que benefician a quienes se niegan a cumplir con una ley sancionada por amplia mayoría en el Congreso.

Una buena oportunidad. La independencia del Poder Judicial es materia de discusión desde el fin de la última dictadura militar. El debate, sin embargo, se ha visto sistemáticamente oscurecido por quienes hacen del peligro de la manipulación política un argumento que, en la práctica, alienta la defensa de intereses corporativos. El atajo es transitado por quienes eluden una cuestión esencial: el carácter de los jueces como actores del sistema político. La independencia de los magistrados no es un fin en sí mismo. Ni puede significar una autonomía total. En definitiva, el Poder Judicial será realmente independiente cuando, además de mostrarse impermeable a las presiones del poder político, sino lo sea ante las presiones de los grupos económicos que apuestan al status quo.
En los hechos, el Poder Judicial nunca se plantó frente a los poderes fácticos concentrados. En su genética siempre predominó el instinto de conservación. Tal es así que convalidó –mediante acordadas de la Corte– como legítimos a los gobiernos de facto surgidos de los golpes de Estado del ’30, ’43 y ’62. Su bajo perfil lo llevó a convivir sin problemas, salvo honrosas excepciones, con el plan sistemático de exterminio aplicado por la última dictadura. Alejado de las demandas sociales, se escudó en tecnicismos y en un lenguaje oscuro.
En este contexto, el “caso Clarín” se presenta como una buena oportunidad para profundizar una línea de trabajo que los actuales integrantes de la Corte exploraron con fortuna en materias complejas, y por mucho tiempo relagadas de la agenda del Poder Judicial, como los delitos de lesa humanidad, las cuestiones ambientales y los derechos de los pueblos originales.

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  • El recorrido aparentemente inocente que va de la expresión “dentro de la brevedad posible” a la orden “¡De inmediato!” es un modo de aproximarse al último fallo de la Corte Suprema en relación con la ley de medios. “De inmediato” había sido la fórmula imperiosa con que los supremos instruyeron al juez de primera instancia para que dictara sentencia, prohibiéndole, incluso, saltarse los días inhábiles a la hora de trabajar en la causa.

  • Como máximo responsable de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella ya pidió formalmente, tanto a los integrantes de la Corte Suprema como a los de la Cámara Federal Civil y Comercial, que se habilite la feria judicial de enero de manera que el análisis que se haga sobre la causa Clarín/ley de medios no vuelva a sufrir más demoras de las que viene padeciendo, hace ya más de tres años.

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  • La decisión de la Corte, que puso fecha de vencimiento a la cautelar que dictó el ex juez Edmundo Carbone y convalidó la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sacó del congelador el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Es una fallo que deja en claro que el artículo cuestionado por el Grupo Clarín no afecta derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión y de prensa.