Todas las voces todas, para que el Famatina no se toque
Vamos a ver si a los putos canadienses les encanta que vayamos a joderlos a ellos”, disparó León Gieco con bronca en la conferencia de prensa del Festival de Cosquín. De esta forma, el cantante también marcaba su postura en contra del proyecto minero que la firma Osisko Mining Corporation planea instalar en el cordón montañoso riojano del Famatina.
El autor de Sólo le pido a Dios señaló que la minería a cielo abierto mata a la gente con el cianuro, que la siembra intensiva deteriora la tierra y que promueve la explotación del campo sin campesinos. Además, Gieco aseguró que confía en los músicos de las nuevas generaciones, como Raly Barrionuevo, que están respaldando el reclamo.
“Esto de las minas viene enganchado a la época del menemismo y es muy difícil sacarlas”, sostuvo el cantante en la sexta jornada de Cosquín, espectáculo que inesperadamente se convirtió en una caja de resonancia de la protesta contra la instalación de la empresa canadiense. Durante el festival folclórico, el cantante santiagueño, quien adhiere a las luchas del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), expresó su rechazo a la explotación minera en el Famatina. Julio Paz y Roberto Cantos, integrantes del dúo Coplanacu, fueron otras de las voces que también se alzaron “contra la minería contaminante”.
Basta ya. Nicolás Pauls, Lalo Mir, Natalia Oreiro, Nacha Guevara, Julieta Díaz, Axel, Los Pericos, Soledad, Coti y Soledad Villamil son algunos de los artistas que grabaron el videoclip ¡Basta ya! en rechazo a la megaminería en Famatina.
Filmado por la ONG Conciencia Solidaria, el video ya recibió más de 150 mil visitas en YouTube. En defensa de la vida y el agua pura, la campaña se inició con una canción compuesta por Axel y Julieta Díaz, a la que luego se sumaron más artistas que aportaron su voz al reclamo.
“Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida Andalgalá, conciencia solidaria ya. Es el amor el que nunca se equivoca. El Famatina no se toca. Basta ya, es urgente ya no hay tiempo” reza la canción. El pedido es claro: la necesidad de una ley nacional de prohibición a la minería metalífera a cielo abierto y de radiactivos.
No se toca. Mientras las voces de apoyo cada vez son más, el pueblo de Famatina continúa de pie. Ante la presión social, el jueves pasado el gobernador de la provincia de La Rioja, Luis Beder Herrera, anunció que se tomará tres meses para “concientizar” y “explicar” a la población acerca de los supuestos beneficios que implicaría la explotación del cordón montañoso. “El común de la gente tiene miedo y no entiende bien el tema” fueron las exactas palabras del mandatario provincial. Al mismo tiempo, la firma canadiense divulgó que no comenzará con las obras.
Estos anuncios fueron interpretados como un éxito por parte de la población de esa ciudad riojana que el jueves se había movilizado en forma masiva en las principales calles de esa ciudad. Más allá de los anuncios, los famatinenses resolvieron mantener los cortes hasta que haya más certezas.
Efecto dominó. El retroceso de la megaminería en La Rioja entusiasmó a los manifestantes que desde hace dos años se movilizan para evitar que avance el proyecto de Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca. Sin embargo, la respuesta gubernamental fue una fuerte represión para desalojar los cortes y la detención de veinte personas.
En el departamento de Santa María, a poco más de 100 kilómetros de la mina, cortaban el acceso desde el miércoles pasado en apoyo al reclamo de los asambleístas de Famatina.
Bajo La Alumbrera, ubicada a 400 kilómetros al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca, está activa desde 1997 y alcanza a producir 150 mil toneladas de cobre más 450 mil onzas de oro. Los derechos de explotación están a cargo de una sociedad que integran esa provincia, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional. El consorcio a cargo de operar esas tierras es una sociedad con fondos suizos y canadienses.
La represión del viernes fue ordenada por el fiscal Esteban Landívar. En la comisaría a cargo del operativo señalaron que el desalojo no fue violento.
Los asambleístas indican que además del fuerte daño medioambiental las ganancias no quedan en la región.
