Todo lo que puede hacerse y se hace aunque renguee el 161

La presidenta Cristina Fernández cuando anunció la propuesta de la ley. Se sabía que habría judicialización. (TELAM)

Al actual escenario –y ya veremos que no es para tanto– se le temió desde el primer momento. El día en que Cristina Fernández anunció en el Teatro Argentino de La Plata el envío al Congreso de lo que entonces era la “propuesta” de una ley de servicios audiovisuales, más allá del clima de fiesta que se vivió, un político y abogado especializado en el tema comunicacional, impulsor histórico de la ley pero no kirchnerista puro, decía en la combi que llevaba de regreso a Capital que el artículo desmonopolizador (hoy 161) pintaba para una larga, compleja, muy árida judicialización. “Van a invocar los derechos adquiridos”, parecía lamentarse, quizá cuestionando alguna redacción que de haber sido cambiada no hubiera evitado la vasta contraofensiva de las corporaciones. Ahora que la Corte Suprema dijo lo que dijo sobre el artículo 161, es prudente señalar que el 161, aunque clave, no es toda la ley de medios y que la ley de medios, con toda su trascendencia, es sólo una parte de un proceso social formidable y de una batería de iniciativas oficiales en materia de políticas culturales y de comunicación que tienen un enorme potencial.
Antes de entrar en ese terreno, un párrafo destinado a la Corte Suprema. Hace muchos, muchos años, uno de sus actuales integrantes, de lo más progre, decía con esa suavidad que caracteriza a los realistas (pero no resignados) acostumbrados a los manejos del más alto poder que toda Corte Suprema tiende más a ser un factor institucional de moderación –tirando a conservación– antes que de rupturas. En ese marco, a juicio de quien escribe nuestros supremos son de lo mejorcito que puede tener la sociedad que realmente somos de un modo que espeja lo que sucede respecto del Ejecutivo que tenemos. Es bueno que, tras no pocos rezongos, el Gobierno haya aceptado con calma la decisión de la Corte. Si políticamente hasta le convendría decir “¿Vieron qué macanuda, qué independiente la Corte que tenemos? Lo conseguimos nosotros”.
Habrá que seguir esperando nuevos obstáculos judicial-mediáticos y más aún habrá que esperar a lo que suceda a partir del recambio presidencial del año que viene. Pero tal como están las cosas seguimos viviendo una época social y políticamente fértil a la hora de pelear por una mejor comunicación. Desde este mismo espacio escribimos que la ley –aunque valiosísima por sí misma– es sólo una arquitectura jurídica pero algo así como un plano en el aire: es la sociedad la que debe construir desde abajo y horizontalmente la dimensión física, material, social, de la ley. Desde la construcción del 30 por ciento de “comunicación social” al surgimiento y consolidación de la diversidad, mayor federalismo, más contenidos nacionales que necesitarán para su producción y para tener calidad programas de fomento y de capacitación. La vitalidad que requiere esa construcción comunicacional late en los magníficos procesos sociales abiertos, que no devienen exclusivamente del impulso de la ley, aunque ese haya sido un punto de inflexión crucial, sino del arrastre de dos décadas largas de pelea democrática para sancionarla.

Con 161, sin 161. La ley en sí misma está reglamentada y rige y no es poco lo que puede hacerse con ella sin el 161. Pero es cierto que ese artículo (cuya suspensión por ahora sólo beneficia al Grupo Clarín) condiciona por ejemplo la construcción del tercio de comunicación social dado que el espectro radioeléctrico es finito: lo que hoy sigue detentando Clarín, frecuencias a liberar, constituye precisamente parte lo que se pretende abrir para el surgimiento de las nuevas voces. Aun así, y en una tarea para cuya supervisión se requerirá de mucho y afinado control institucional, la comunicación concentrada a escala país o regional ya debería adaptarse a las reglas impuestas sobre producción y presencia de contenidos nacionales y locales. En ese punto resulta lamentable la actitud de la oposición parlamentaria. Por ser mayoría virtual, ese sector que habló pestes sobre la ley podría intentar derogarla, reformarla o mejorarla (¿no se trataba de una norma chavista?). A falta de certezas acerca de cómo la sociedad vería esa actitud, el Grupo A se limita a esconderse, guiñar y dejar que se desarrolle cada pequeña rosca entre las corporaciones y ciertos jueces. Hasta hoy (¡a un año de la sanción de la ley!) le esquivan el bulto a su participación en las instancias de control parlamentario, básicamente en la autoridad de aplicación cuya composición tanto parecía preocuparles. Sencillamente no designaron a sus representantes, son mera ausencia.
Más allá de la ley y lo que la sociedad haga con ella, hay otros elementos poderosos que tienen que ver con la batería de políticas desplegadas desde el Estado en los últimos tiempos. A Fútbol para Todos, la renovación de los medios públicos y la excelente calidad que sigue sosteniendo la señal Encuentro, se suma el despegue de la Televisión Digital Terrestre que implica en sí mismo un nuevo paradigma comunicacional, en alta definición. Se trata de un posible hito que recuerda, caramba, otro hecho histórico: la televisión abierta nació un 17 de octubre de 1951, con el peronismo, mediante aquella transmisión de un discurso de Evita.

Repartiendo TDT. Aun con las dificultades que fueron surgiendo en su implementación, hasta hace pocos días se habían repartido más de 120 mil decodificadores para la TDT (el horizonte arduo es 1,2 millón) en sectores más que significativos: beneficiarios de planes sociales y pensiones no contributivas, jubilados que cobran el haber mínimo, asociaciones sin fines de lucro y cooperativas, y desde hace poco escuelas e institutos de educación. En los poco más de cien días desde que se comenzó la distribución de los decos, el promedio de entregas diarias es de 1.448. Hoy existen 320.925 decos más (fabricación nacional, la pata desarrollista del proyecto) esperando a ser repartidos, y la distribución por ahora se concentra en las zonas técnicamente mejor cubiertas para la recepción (hay que recordar que no hace mucho se comenzó la construcción de 25 torres en distintas provincias). En Capital se trata de Liniers, Flores, Floresta, Barracas. En el conurbano se suma Avellaneda, Lanús, Florencio Varela, Lomas de Zamora, San Justo, Moreno y Quilmes.
Los que tienen el aparatito ya pueden ver en sus teles ocho canales: Encuentro, Pakapaka, Canal 7, C5N, CN23, GolTV, Telesur y Canal 9. Pronto se sumará Telefé y entre los próximos lanzamientos el más esperado y cercano es el de la señal del Incaa. La fecha prevista es el próximo 28 de octubre. Serán 24 horas diarias de películas, con cerca del 70 por ciento de la grilla destinada al cine nacional y el resto al mejor cine latinoamericano e internacional.
Si se trata del desafío de generar nuevos contenidos nacionales y locales, el Incaa se embarcó en un ambicioso programa de concursos vinculados al surgimiento de la televisión digital. El programa apunta a rubros y géneros diversos: desde 50 cortos y 50 documentales ya producidos pero “finalizados después del 31/01/2007” a seis series de ficción federales, seis de documentales federales (una por cada región del país), un unitario de 26 minutos por cada provincia, series de documentales para televisiones públicas y/o comunitarias, otras cinco series de ficción para productoras con antecedentes de 13 capítulos y nueve más para TV públicas o comunitarias.