Un debate que viene de lejos

Las altas tasas de rentabilidad que exhiben las empresas extranjeras y el creciente flujo de divisas que envían hacia sus casas matrices, acosadas por la complicada situación que atraviesan Europa y Estados Unidos, puso de relieve, en el marco del sostenido crecimiento de la economía local, la necesidad de atender un fenómeno que erosiona las reservas del Banco Central y resta recursos productivos al desarrollo económico.
En este contexto, resurgió el debate sobre el rol que juega y debería jugar el capital extranjero en la economía nacional, regulado por la Ley de Inversiones Extranjeras heredada de la dictadura cívico-militar y que fuera reformulada, mediante un decreto de la época menemista, para acoplarla al régimen de convertibilidad.
El debate viene de lejos y se inscribe en uno mucho más amplio, que hunde sus raíces en el empréstito asumido en 1824 por el gobierno de Bernardino Rivadavia con la banca británica Baring Brothers, atraviesa el esquema de valorización financiera que lideró Martínez de Hoz para arrasar con los gérmenes de una fallida burguesía nacional y que encuentra su punto culminante en el experimento neoliberal de la apertura indiscriminada y las privatizaciones de la época de Cavallo.
El trayecto tiene un hilo conductor, tan simbólico como real, en la deuda externa y la fuga de capitales. Hoy, cuando la globalización económica fragmenta los territorios nacionales y profundiza la pérdida de autonomía de los Estados, al compás de una racionalidad económica que redobla sus esfuerzos para bombear recursos desde la periferia hacia Europa y Estados Unidos, se hace necesario replantear algunas condiciones y supuestos.
Muy probablemente, no se trate de hacer tabla rasa con lo existente; sino más de bien de revisar los posibles aportes del capital extranjero, la necesidad o no de incentivar sus flujos y, según sea la posición que se adopte, el requisito de direccionar dichos flujos hacia los sectores productivos que puedan sumar al conjunto de la economía nacional las ventajas competitivas imprescindibles para alcanzar el postergado desarrollo social.
El tema es crucial y se relaciona con el elevado y creciente grado de concentración y extranjerización que exhibe el tejido productivo local, situación que genera empresas que operan en condiciones oligopólicas y que no necesiten reinvertir sus ganancias para competir. Fundamentalmente, porque tienen capacidad ociosa y mercados cautivos. Ambas cuestiones fueron planteadas desde este medio en más de una ocasión.
¿Cuáles deberían ser los sujetos colectivos que permitan la profundización del modelo y la reindustrialización? ¿Pueden ser las empresas extranjeras aliados estratégicos en el rumbo insinuado por la vigorosa recuperación y el posterior crecimiento que siguió a la implosión de la convertibilidad? ¿Están esos actores dispuestos a acompañar la recuperación del salario de los trabajadores y las políticas de inclusión social? ¿Y los grandes grupos nacionales, mayoritariamente recostados en la producción primaria? Los interrogantes son tan válidos como urgentes deben ser las respuestas.
No cabe duda. El país viene de un proceso de desindustrialización y extranjerización muy profundo. Tampoco caben dudas que desde 2003 a la actualidad la producción manufacturera viene aumentando, al igual que el empleo. Sin embargo, señalan los especialistas, eso sucede sobre las bases heredadas de los años ’90. Las industrias más fuertes están muy lejos de presentar ventajas dinámicas, como por ejemplo el sector productor de alimentos y bebidas, o el propio complejo agroexportador, que alimenta la balanza comercial asentado en las ventajas estáticas y en el alto precio de los commodities.
En este contexto, otros expertos apuntan la necesidad de repensar el modelo de sustitución de importaciones, cuyo diseño básico quedó configurado hacia la década del ’40. En este informe especial, Miradas al Sur propone un recorrido introductorio y parcial, pero no por eso menos trascendente, sobre el problema de la extranjerización y la concentración económicas. Apenas un punto de partida para repensar la Ley de Inversiones Extranjeras que, junto con su melliza que regula el sistema financiero local, se constituyó en la piedra basal de una arquitectura jurídica de neto corte neoliberal.