Un modelo que expulsa aborígenes y campesinos

Año 3. Edición número 146. Domingo 6 de marzo de 2011
Una nueva Ley de Tierras permitiría frenar los desalojos de aborígenes.
La dècima parte de la argentina es de los terratenientes extranjeros

De acuerdo con los datos que maneja la Federación Agraria (FAA) en la Argentina 25 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras. El equivalente al diez por ciento del territorio nacional. El ingreso de la soja transgénica, en la década de los noventa, acentuó la expulsión de campesinos y comunidades indígenas.
En la apertura de sesiones ordinarias del martes pasado, el diputado radical y dirigente de la FAA Pablo Orsolini le pidió a viva voz a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “una ley que limite la venta de tierras a extranjeros”.
Un día antes, un grupo de pobladores originarios qom (tobas) marchó al Congreso Nacional por la restitución de sus tierras ancestrales en la provincia de Formosa, luego de que les fueran arrebatadas por la fuerza policial el pasado 26 de noviembre, en el paraje Laguna Blanca, donde murieron dos aborígenes.
Esta semana, el juez Omar Magallanes, del juzgado de Ejecución de Esquel, falló a favor del empresario italiano Luciano Benetton y ordenó el desalojo de la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque, de las más de 500 hectáreas que ocupan por generaciones.
Al respecto, Rosa Rua Nahuelquir, integrante mapuche, comentó que “el juez decidió valorar los títulos de propiedad por sobre los derechos ancestrales y la Ley 26.160 de suspensión de desalojos indígenas y relevamiento catastral de territorios".
Además, Rua Nahuelquir aseguró que “la Justicia mantiene estrechos vínculos con la Sociedad Rural chubutense”.
Durante el primer semestre del año pasado, en Salta se realizaron al menos ocho desalojos a comunidades indígenas, de los cuales cuatro fueron dictados por la jueza Ana María de Feudis. La misma letrada entiende en otra causa iniciada por Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño, en la que demanda el desalojo de cinco familias.
En la provincia de Santiago del Estero, el flagelo ocasionado por el monocultivo puede observarse en el suelo. “La extensión de la soja erosionó la tierra y es muy difícil para los campesinos frenar a los terratenientes con sus guardias armados. Esto requiere una solución concreta que otorgue escrituras a los pequeños productores, porque la lucha es muy desigual”, afirmó Nelly Veliz del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).
Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, en todo el país habría más de 30 mil pequeños productores en peligro de ser desalojados. A su vez, de acuerdo con los informes de las organizaciones campesinas y aborígenes, unas 200.000 familias ya fueron expulsadas de las zonas que habitaban.
Desafortunadamente, el censo agropecuario realizado en 2008 sufrió varios boicots luego de conocerse la Resolución 125 que aumentaba las retenciones a las exportaciones de soja y, como consecuencia, quedaron 25 millones de hectáreas sin censar.
De esta manera, la cantidad de explotaciones y productores, la tenencia y uso de la tierra, la distribución y tamaño(imprescindible para segmentar), los cultivos, la ganadería, no pudieron medirse en ese extenso territorio. Se tratan de datos esenciales para sentar políticas públicas correctas e imprescindibles a la hora de tomar decisiones.
Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (Mnci) sostuvo que “si bajan las retenciones, aumentan las hectáreas con soja, las tierras arrendadas, aumentan los desmontes, la contaminación y baja el trabajo genuino”.
En el país, el 70 por ciento de las tierras trabajadas son rentadas, mientras que la media internacional se ubica en el 30.
Desde el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) proponen una ley que paralice los desalojos por cinco años, para poder efectuar un relevamiento territorial en el que las organizaciones tengan participación, y como una manera de sostener la soberanía alimentaria de miles de campesinos, chacareros e indígenas.
En el Gobierno ya tomaron nota, por eso no sólo están analizando la situación de los contratos rurales (una nueva ley de arrendamiento), sino también la posesión de la tierra. Y en el Congreso Nacional se barajan varios proyectos de sectores vinculados a la FAA, Frente para la Victoria, Coalición Cívica, UCR, Proyecto Sur y socialismo, entre otros.
“Con el anuncio de la Presidenta se abre el debate no sólo a la concentración del suelo por parte de extranjeros, sino también de terratenientes nacionales y, además, se puede poner un freno a los desalojos de campesinos y comunidades aborígenes”, concluyó Fresneda.

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Otras notas

  • La frontera del negocio sojero se sigue expandiendo, principalmente en el norte argentino, a costa de la sangre de muchos campesinos indígenas. Esta semana un sicario de un empresario agropecuario mató de una cuchillada en el cuello a Miguel Galván. Sucedió en el Paraje Simbol, a 400 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, en el límite con Salta. Galván tenía 40 años, era de la etnia lule vilela e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC). Hace un año, en noviembre de 2011, otro miembro del Mocase murió asesinado: Cristian Ferreyra.

  • Necesitamos una norma de alcance nacional que funcione como escudo. Muchas de las mesas de diálogo que proponen las autoridades provinciales se revelan como estrategias para contener el conflicto y no desembocan en un freno a la expulsión de las comunidades campesinas y de los agricultores familiares”, asegura Avelino Valdés, delegado de la Regional NOA del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonaf).

  • En La Florencia, departamento Matacos, el Frente Nacional Campesino (FNC) tomó las acusaciones de los trabajadores de la tierra: punteros políticos y funcionarios locales estarían presionando a los pobladores para firmar una nota de apoyo a la decisión del gobierno provincial de expropiar 30.000 de las 90.000 hectáreas pertenecientes a los antiguos habitantes de La Florencia. Las denuncias por expropiación de tierras en Formosa crecen todos los días.

  • Ayer comenzó el Primer Congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena (Mnci), una organización que desde hace siete años congrega a movimientos representativos de las diferentes regiones del país que luchan contra los desalojos de sus propias tierras a cargo de las grandes empresas agrícolas, desmontes mediante. La reunión terminará el martes 14 con una movilización a Plaza de Mayo exigiendo una reforma agraria integral y por la soberanía alimentaria.

  • En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta anunció el envío de un proyecto de ley que regule la propiedad de la tierra en mano de extranjeros, la Presidenta Cristina Fernández abrió la posibilidad de generar un riquísimo y necesario debate en el que se juegan cuestiones tan significativas como la concentración de la tierra, el modelo de producción agrario, la soberanía alimentaria, el control de los recursos naturales y el acceso a la tierra de los pueblos originarios.

  • A la altura del kilómetro 1.798, sobre la Ruta Nacional 81, se encuentra la localidad de Fortín Dragones, departamento San Martín, en la provincia de Salta. En sus alrededores viven centenares de familias originarias y campesinos. Algunos, desde hace cien años que residen allí. En su totalidad se dedican a la producción de ganadería.