Un Sarmiento sin nada de prócer
Cuando acaban de cumplirse 122 años de la muerte del “padre de las aulas”, hay un Sarmiento, también sanjuanino y también docente, que hizo del culto a la muerte la fuente de su pedagogía. Preside por tercera vez el Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, pero no han sido sus forzosas pretensiones intelectuales las que lo han puesto –aún lo ponen, de tanto en tanto– en la escena pública. Rafael Sarmiento fue juez federal de Capital Federal hasta 1979 y, como tal, rechazó sistemáticamente el torrente de recursos de hábeas corpus presentados por las familias de los desaparecidos.
El caso de Ramón Miralles, ministro de Economía de la provincia hasta la intervención militar, fue más dramático. Estaba de viaje en Brasil cuando le avisaron que la policía bonaerense había chupado a sus hijos, dos hermanos, su mujer y la empleada doméstica. Decidió presentarse ante Sarmiento con un hábeas corpus y pedir por su familia. Fue dos o tres días al juzgado para ver si avanzaba el trámite. La última vez se encontró con una sorpresa: Ramón Camps, entonces jefe de la Bonaerense, había llamado y debía presentarse a declarar por un expediente. Sarmiento llamó a un tal Ferranti, jefe de la Brigada de Avellaneda, que había sido alumno suyo en la Escuela Superior, y se lo llevó. Miralles, luego de un cambio de custodia, terminó torturado en el centro clandestino COT I Martínez, que dependía de la policía.
Hoy el ex juez encabeza la defensa de Genaro Díaz Bessone, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército desde septiembre de 1975 a septiembre de 1976, que está siendo juzgado por 93 secuestros y torturas y 17 homicidios. Aparte de sus labores profesionales, Sarmiento cultiva un perfil académico marginal pero coherente, con la publicación de tres libros apologéticos y las horas cátedra de Derecho Penal en la Escuela Superior de Policía. También da conferencias sobre Domingo Faustino en reductos distinguidos, como el Rotary y el Jockey Club, de los que también es socio. Sarmiento pugna por restablecer la Constitución de 1853, y por enaltecer a la Revolución Libertadora, que a pesar de haber asesinado a más de trescientos paseantes bajo el bombardeo rasante de la aviación naval y haber derrocado un gobierno elegido por una abrumadora mayoría, lo califica como “el acontecimiento cívico moral más importante del siglo veinte”. Su antiperonismo visceral sigue vigente: es vicepresidente de la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora que, hasta su muerte en 1994, fue presidida por el propio almirante golpista Isaac Rojas.
Sarmiento es actualmente vocal de la Fundación Emilio J. Hardoy. El presidente honorario es Carlos Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma del que desaparecieron 32 obreros. El vice es Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia de Rafael Videla. La fundación no es otra cosa que el sello civil y esterilizado del Partido Demócrata de Buenos Aires. Ese partido –que en uno de sus textos políticos celebró el último golpe de Estado– fue presidido desde el ’94 al ’96 por Federico Pinedo, actual diputado del PRO, y sigue siendo una de las canteras de donde el macrismo echa mano para promocionar sus “nuevos valores”, como el efímero titular de la Agencia de Control Gubernamental, Federico Young. Hoy el partido ofrece conferencias sobre las bondades del agronegocio con exponentes de Carbap, CRA y la Sociedad Rural, y moderadores de la talla de Vicente Massot, director del diario bahiense La Nueva Provincia.
El ex juez, en su compulsión por edificar una “trayectoria respetable”, integra además la Asociación Sarmientina, el Colegio de Abogados de Capital Federal, la Asociación de Abogados Penalistas –donde se nuclean ex funcionarios y conspicuos apologistas del terrorismo de Estado– y la Asociación de Magistrados. También es miembro de la “Fundación Los Libres del Sur, el Instituto O Higgins, y el Instituto Iriarte, entre otras”. La mayoría son sellos fantasmales: ni siquiera tienen página web. El propio Instituto Sarmiento, que avala su presunta trayectoria académica, navega en las aguas grises de la fabulación. En una página web árida, sin diseño ni signos vitales recientes, se publica un mail inactivo y un domicilio y un teléfono que son los de su estudio jurídico. Así lo anuncia el contestador con el que se comunicó Miradas al Sur para debatir sobre los quiebres y las continuidades de Domingo Faustino Sarmiento y Jorge Rafael Videla.
Hay otros temas del pasado sobre los que el ex juez debería disertar. Un tramo de la causa por el circuito Camps ya fue elevada a juicio oral. Sin embargo, si el juez platense Arnaldo Corazza se decidiera a seguir el temperamento de su par mendocino Walter Bento –que imputó a jueces y camaristas por complicidad con el Terrorismo de Estado–, debería citar al pariente lejano del prócer que, más allá de su inacción como juez durante la dictadura militar y su defensa judicial y discursiva del genocidio, tiene alguna explicación que dar sobre su responsabilidad en el secuestro ilegal de Miralles en su propio despacho, y ese afán de colaboración tan solícito con el máximo matarife de la Policía Bonaerense, Ramón Camps.
