Una injusta distribución del espacio urbano

Hace un año atrás, pobladores que demandaban “un lugar donde vivir” ocuparon el Parque Indoamericano conmocionando a la sociedad Argentina la secuela de hechos violentos con represión, muertes y heridos.
Ni el tergiversante tratamiento mediático ni la habitual intervención de punteros o activistas en los incidentes, pudo distraer la atención de un hecho, que sin duda significa todo un hito en la extendida lucha popular por el acceso al suelo y el derecho a la Ciudad.
Pues, en el Indoamericano se dio la particularidad que quienes ocuparon eran mayoritariamente “inquilinos” de las villas, lo cual denotaba un fenómeno nuevo (por su masividad) que es consecuencia directa del crecimiento del mercado especulativo (informal) en las villas porteñas. Donde los pobladores que no acceden al mercado formal de alquileres, son desplazados también del mercado informal por los altos precios (de los cuartos en villas) lo que conlleva la presión en tomas de suelo urbano. Lo cual, más allá de las intenciones reales de ocupación constituyen una forma de protesta social –como pasó en este caso– que busca precipitar soluciones desde el Estado.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no esta exenta del crítico problema social que afecta a todo el país a causa de la presión sobre el suelo que ejerce el desarrollo económico y el creciente bienestar de sectores medios y medios bajos, paradójicamente provocado
por el rol positivo del Estado en lo social, pero también por su pasividad ante la especulación del suelo.
En el distrito más rico del país, el problema habitacional se agrava, afectando en forma crítica a unos 450 mil habitantes, es decir, a 130 mil hogares. Lo cual no deja de sorprender, pues si su población es la misma desde hace mas de 60 años, el aumento de la penuria habitacional no se debe a una presión demográfica, sino simplemente a una distribución crecientemente injusta del espacio construido entre la población. Ciudad que además transita un boom de construcción –es decir, de aumento de los metros cuadrados residenciales– por
lo que ello no debería suceder.
Pero sucede, porque lo que se construye mayoritariamente es lujoso o suntuario y según los desarrolladores inmobiliarios, permanece un 70% sin ocupar, porque es “ahorro en ladrillos”.
Lo cual reconfirma un adelanto de los datos del Censo 2010: en la Caba hay 341.000 viviendas vacías. Es decir, dos veces y medio el déficit crítico.
Es evidente que para afrontar la demanda social de espacio habitable en la Caba no sería necesario construir más viviendas, sino distribuir mejor el espacio construido. Con seguir los sabios mandatos de su Constitución bastaría. Desde la preferencia ante la desigualdad que expresa el Art. 11, sobre planeamiento del Art. 27 y hasta lo que regula el Art. 31 en instrumentos, prioridades y formatos habitacionales, o hasta el auspicio para la incorporación de los inmuebles ociosos, es más que suficiente para mejorar las condiciones de acceso al espacio habitable y avanzar en términos de justicia espacial. Pero en un año nada cambió.