Una operación de bajo vuelo

Año 5. Edición número 219. Domingo 29 de julio de 2012
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y su antecesor, Alfonso Cortina, deberán dar explicaciones ante un juzgado español.
La Justicia española investiga la participación de Repsol-YPF en el turbio proceso de compraventa de la empresa Aerolíneas Argentinas, situación que derivó en el vaciamiento de la compañía. Brufau y Cortina, bajo sospecha.

El actual presidente de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau, y el ex titular de la compañía, Alfonso Cortina, dos viejos conocidos de la Argentina, deberán testificar ante la Justicia de Madrid, en una fecha a confirmar, si la Justicia española hace lugar al pedido realizado por el abogado Rafal Caro Moya, quien aportó pruebas concretas que dan cuenta de que la entonces Repsol-YPF fue partícipe necesaria en delitos cometidos en el proceso de compraventa de Aerolíneas Argentinas por parte de la entidad española Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y la compañía Air Comet, proceso sustanciado en el marco del concurso de acreedores de nuestra empresa aérea de bandera durante los años 2001 y 2002.

Los hechos. Según consta en la pericia presentada por la propia Air Comet –en su calidad de ex dueña de Aerolíneas Argentinas– en el procedimiento que se desarrolla en el Juzgado Número 35 de Madrid, Repsol-YPF se alzó el 5 de diciembre de 2001 con el monto total de un crédito por 54,7 millones de dólares, cuando sólo debió haber cobrado 24 millones en diciembre de 2002, fecha en la que se homologó el concurso de acreedores.
En otras palabras: la compañía que hoy comanda Brufau no sólo cobró indebidamente el dinero aportado por la Sepi –al incumplir los plazos establecidos y percibir toda la deuda sin quita–, sino que, además, una vez obtenidos los 54,7 millones, se mantuvo dentro de la convocatoria de la compañía hasta la homologación del concurso como si no hubiera cobrado.
Un delito que la Ley de Concursos y Quiebras argentina define como "simulación ilícita".

Más sospechas. Sin embargo, las irregularidades no terminan allí. Tras el proceso descripto, Air Comet adquirió los créditos de Repsol-YPF y se los cedió a la firma Royal Romana Playa, del empresario español Antonio Mata. Otro viejo conocido de los argentinos. De esta forma, Air Comet sustituyó a Repsol-YPF en el concurso, violando el contrato de compraventa, donde se especificaba en forma taxativa que el dinero de la Sepi –dueña de Aerolíneas Argentinas hasta octubre de 2001– se debía destinar al pago de deudas, y no a la compra de la compañía.
La maniobra, según los especialistas, constituye un claro desvío de fondos públicos en virtud del carácter mixto de la Sepi. En la práctica, y gracias a la maniobra, Air Comet vio incrementado su capital en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y, en consecuencia, del Estado argentino, que tenía en 2001 el 1% del paquete accionario de la empresa.

También aquí. Para que esta maniobra fuera posible, Air Comet debió pedirle a Repsol-YPF que le cediera los créditos en danza a Antonio Mata, socio de Air Comet, presidente de Aerolíneas Argentinas y propietario de la mencionada Royal Romana Playa. Hecho que quedó documentado en la presentación de Moya.
Los presuntos delitos cometidos en España, y por los que está imputado Mata, tienen su correlato en la Argentina. Quienes conocen el tema señalan que esto es así porque el concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas tramitaba en nuestro país, pese a que la mayoría del paquete accionario de la compañía era de capitales españoles.
En los hechos, la justicia Argentina comprobó que se falsifico una de las fojas del expediente concursal de la compañía de aviación. La maniobra la descubrió en 2005 el contador de la sindicatura Ricardo Muiños, quien se constituyó en denunciante en el juzgado madrileño.
Aquí, en Argentina, el delito es más grave que en España, porque para que esto fuera posible se falsificó un documento publico.
En declaraciones a este cronista, el abogado Moya explicó que su presentación ante la Justicia madrileña es consecuencia de la resolución de la Justicia argentina donde se subraya la existencia de documentos falsos.
Ahora, sólo resta esperar que, pasada la feria judicial en el país europeo, se conozca la fecha en que Repsol deberá testificar por las maniobras investigadas.
Obviamente, los medios de comunicación hegemónicos locales nada han informado sobre esta realidad. Por el contrario, con especial énfasis durante las últimas semanas, se han empeñado en establecer un cerco informativo para encubrir a Repsol.

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