Una visita a los campesinos

Año 5. Edición número 196. Domingo 19 de febrero de 2012

El miércoles 15 de febrero, al cumplirse ya tres meses del asesinato de Cristian Ferreyra, arribó a Las Lomitas ( Boquerón), norte de Santiago del Estero, una comitiva de Diputados Nacionales y dirigentes de Movimientos Sociales con el objetivo de verificar las situaciones de violencia y despojo que ejercen los agronegocios sobre las comunidades campesinas indígenas.
Fueron recibidos por el secretariado del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina) y miembros de la secretaría operativa del Movimiento Nacional Campesino Indígena. El primer momento fue un acto realizado en la Central Campesina de las Lomitas, donde funciona la FM Pajsachama, que sufriera dos atentados tiempo atrás y desde donde llevaron detenido al dirigente Ricardo Cuéllar. En la misma central funcionan una fábrica de conservas, un galpón de acopio y casa campesina; la región no dispone de energía eléctrica y todo funciona con energía solar, equipos que fueron adquiridos por la propia organización, sin ninguna financiación del Estado.
En la reunión los visitantes escucharon en la palabra de varios voceros del Movimiento, las principales líneas de acción que se desarrollan en producción, comercialización, formación y educación para fortalecer el desarrollo rural, pero también se detalló cómo opera la violencia de los agroempresarios en la zona: grupos armados, detenciones y allanamientos ilegales, jueces corruptos; todo un mecanismo para que el agronegocio se apropie de la tierra campesina.
También se pronunció Mirta Salto, la mamá de Cristian Ferreyra, quien luego de describir cómo asesinaron a su hijo, dijo que sólo están presos el empresario y uno de los asesinos, pero que soltaron a varios de los matones que también son responsables. Esos matones al volver a la comunidad han continuado amenazando de muerte a varios campesinos y campesinas. Mirta también reclamó para que se terminen los desalojos de campesinos, porque sin la tierra no es posible vivir.
Los diputados y referentes expusieron su solidaridad y compromiso para establecer una comisión de seguimiento de la problemáticas planteadas así como de los pasos que vaya dando el gobierno provincial para garantizar avanzar en la justicia. También se comprometieron a impulsar la aprobación de la Ley contra los desalojos campesinos y profundizar el debate sobre la función social de la Tierra por medio de acciones políticas conjuntas.
Por la tarde, la comitiva se dividió en dos para recorrer las zonas de Monte Quemado y Villa Matoque, lugares donde pudieron escuchar de parte de los pobladores los hechos de grupos armados y violencia permanente contra campesinos, la estrecha relación entre gobierno local y agroempresarios, y los métodos por los cuales éstos se apropian de la tierra campesina.
El jueves por la mañana, ya en Santiago Capital, se realizó una reunión con el jefe de gabinete del gobierno de Zamora, Elías Suárez, y el ministro de justicia, Dr. Ricardo Daives, en la cual los dirigentes campesinos volvieron a expresar sus denuncias, reclamos y propuestas, y los diputados pidieron informes sobre los mismos hechos, solicitando al gobierno que se agilice el desarme de los grupos armados y que los mantenga actualizados sobre los avances y dificultades para que se haga justicia sobre los crímenes, y para resolver definitivamente el problema de la tierra campesina en la provincia. Uno de los temas en que se está avanzando es en la creación de juzgados de Tierra.
La agenda continuará con reuniones en Buenos Aires, donde se continuará evaluando y monitoreando cómo siguen los conflictos y las acciones que sean necesarias para terminar con los grupos armados y las violaciones sistemáticas a las tierras comunitarias campesinas. También trabajar para que las organizaciones campesinas tengan acceso y participación en los debates de la reglamentación y puesta en marcha de la ley para limitar la extranjerización de la tierra y otros instrumentos que hacen a la política de tierras y agraria.
La delegación nacional estaba integrada por Marcelo Santillán (FpV), de Tucumán; Julia Perié (FpV), de la provincia de Misiones; Leo Grosso (FpV), por la provincia de Buenos Aires; los dirigentes sociales Jorge Quito Aragón, de la Corriente Nacional Martín Fierro; Juan Pablo Cusa, de La Cámpora; Claudio Casparrino, de Carta Abierta, y el secretario de organización del sindicato de prensa de Tucumán (ATP), Walter Alú; también los Dirigentes Victorio Paulón, secretario internacional de la CTA; Pablo Reyner, secretario de Derechos Humanos, y Silvia Almazán, secretaria de investigación y formación de la CTA provincia de Buenos Aires.

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Otras notas

  • La semana pasada presentó su renuncia el juez Alejandro Sarría Fringes, el magistrado que dirigía el juzgado de Monte Quemado y tenía en sus manos la investigación por el crimen del campesino Cristian Ferreyra. El lunes dio a conocer su decisión durante una auditoría del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. Los campesinos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) lo acusaban obstruir la causa que investiga el asesinato del joven baleado el 16 de noviembre y habían hecho un pedido de juicio político en su contra.

  • La frontera del negocio sojero se sigue expandiendo, principalmente en el norte argentino, a costa de la sangre de muchos campesinos indígenas. Esta semana un sicario de un empresario agropecuario mató de una cuchillada en el cuello a Miguel Galván. Sucedió en el Paraje Simbol, a 400 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, en el límite con Salta. Galván tenía 40 años, era de la etnia lule vilela e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC). Hace un año, en noviembre de 2011, otro miembro del Mocase murió asesinado: Cristian Ferreyra.

  • De acuerdo con los datos que maneja la Federación Agraria (FAA) en la Argentina 25 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras. El equivalente al diez por ciento del territorio nacional. El ingreso de la soja transgénica, en la década de los noventa, acentuó la expulsión de campesinos y comunidades indígenas.
    En la apertura de sesiones ordinarias del martes pasado, el diputado radical y dirigente de la FAA Pablo Orsolini le pidió a viva voz a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “una ley que limite la venta de tierras a extranjeros”.

  • Creyeron que te mataban con una orden de fuego. Creyeron que te enterraban. Y lo que hacían era enterrar una semilla. Ni un metro más. La tierra es nuestra.” Así se leía en las banderas que agitaban los familiares y amigos de Cristian Ferreyra (23), que a diez días del crimen marcharon en Monte Quemado, Santiago del Estero. Lo mismo hicieron en la ciudad de Buenos Aires organizaciones sociales y campesinas: se movilizaron hasta el Congreso para presentar un proyecto de ley. El texto pide que se suspendan los desalojos de tierras rurales porcinco años.

  • Ayer comenzó el Primer Congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena (Mnci), una organización que desde hace siete años congrega a movimientos representativos de las diferentes regiones del país que luchan contra los desalojos de sus propias tierras a cargo de las grandes empresas agrícolas, desmontes mediante. La reunión terminará el martes 14 con una movilización a Plaza de Mayo exigiendo una reforma agraria integral y por la soberanía alimentaria.

  • Organizaciones campesinas e indígenas de todo el país, junto a técnicos de diferentes instituciones, serán protagonistas de un nuevo encuentro nacional que buscará hacer visible el aporte de la agricultura familiar al fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
    A pocos días de su comienzo, más de 3.000 agricultores sumados a decenas de organizaciones campesinas e indígenas ya confirmaron su participación en la Segunda Feria Nacional y Decimosegunda Feria Provincial de Semillas, a realizarse el 4 y 5 de agosto en el Complejo Ñú Porá, de Resistencia, Chaco.