Tiempo argentino
A Uruguay por faso de los libres
Antes de partir hacia la ciudad brasileña de Río de Janeiro para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, el presidente uruguayo, José Pepe Mujica, anticipó las 15 medidas que pondrá en marcha, enfocado en el combate a la inseguridad. Tema que, aunque sus índices no hayan experimentado variaciones sensibles, un fuerte impulso mediático lo ha colocado como uno de los temas más preocupantes para los hermanos del otro lado del charco. Con una eficacia increíble, las medidas anunciadas lograron sacar de la agenda al asunto de inmediato. Al menos, una de ellas. Porque, desde el miércoles, no se habla de otra cosa que del proyecto del Frente Amplio (FA) de legalizar, monopolizar y controlar el comercio y la producción de marihuana en Uruguay por parte del Estado.
La producción, distribución, suministro, transporte y comercialización de marihuana están prohibidos allí, pero el consumo es legal, ya que es un acto personal que no involucra a terceros, y está protegido por el artículo 10 de su Constitución.
La iniciativa oficial tiene apenas la forma difusa de los anuncios, nadie conoce el texto completo y ni siquiera hay fecha para su ingreso en el ámbito legislativo pero, entre adelantos desordenados y conjeturas libres, hizo correr ríos de tinta, caudalosos como el De la Plata. Se supo que su venta será gravada con altos impuestos cuya recaudación se destinará a financiar tratamientos para adictos, que es parte de una avanzada contra el narcotráfico y el flagelo del paco, y que vendrá acompañada de una política exterior del Uruguay fijada en la convocatoria internacional por la liberación de la marihuana. Otras versiones, como la creación de un registro de consumidores o la que fija cantidades topes, fueron combustible para las especulaciones malintencionadas. Es que, a pesar de su fama vanguardista, el país oriental no está exento de las ignorancias y los intereses que aquí mantienen congelada la iniciativa despenalizadora.
De todos modos, no se trata de un proyecto sorpresivo o caprichoso. Hace tiempo que los uruguayos trabajan en ello. El pasado 31 de mayo, por ejemplo, se presentó en la Universidad de la República (Udelar) el libro Aporte Universitario a un Debate Nacional sobre Drogas, con los trabajos de ocho investigadores de diversas áreas del conocimiento, como resultado de la convocatoria de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (Csic) bajo el lema “Las drogas: problemas y potencialidades de la despenalización de ciertas prácticas”. Para los académicos “la prohibición, con sus estigmatizaciones, penalizaciones, persecuciones y las consecuencias de todo ello, junto a otros factores que envuelven a muchos usuarios y particularmente los de las posiciones sociales más relegadas, agrava su consumo y todo el ciclo que las envuelve, desde su cultivo o producción hasta el lavado de activos habidos a través de todo el ciclo”. En consecuencia, sostienen que el modelo punitivo “debe abandonarse drástica y paulatinamente ya que genera diversas consecuencias nocivas y contraproducentes para la convivencia pacífica”.
También la Comisión Especial de Adicciones y su Impacto en la Sociedad Uruguaya, creada en 2010 para estudiar el tema, afirma en su informe de fines de diciembre del año pasado que la estrategia persecutoria “ha demostrado a lo largo del planeta sus carencias y su más absoluta ineficacia: aumento del consumo, la violencia, la corrupción, sustancias sin control de calidad, estigmatización y criminalización de los consumidores, y pérdida de recursos de salud pública por parte del Estado”.
La estrategia del gobierno de Mujica, alineada con la posición adoptada por la misma ONU, no apunta tanto a regentear el, cada vez más numeroso en todo el mundo, mercado del cannabis. La preocupación central se ubica en el cruce del consumo mortal del paco que, como acá, no es significativo pero tiene consecuencias terribles, y la novedosa violencia delictiva relacionada, que en los últimos tiempos ha sido la estrella mediática de la tv charrúa. Saben muy bien que, a diferencia de lo que suelen sostener, aquí y allá, los opositores a cualquier despenalización, la marihuana no es ni la puerta de entrada ni el puente a las demás drogas. Sino que la prohibición lo es. Son conscientes de que la dinámica real del problema se funda en la familiaridad y cercanía con toda la gama de la oferta de drogas que conviven en las bocas de expendio, incluido el paco, a las que el consumidor de cannabis se ve obligado a recurrir.
Las protestas más genuinas contra el proyecto provinieron de los sectores de cultivadores. Al día siguiente del anuncio, el Movimiento por la Liberación del Cannabis emitió un comunicado reivindicando el autocultivo como “pilar fundamental de la legalización”, argumentando que no excluye a otras medidas, que asegura la calidad del consumo también a los sectores más pobres de la sociedad, impide el lucro de unos sobre las libertades de otros y quita clientes y dinero al narcotráfico, además de alejar a los jóvenes de las vías de acceso a otras drogas potencialmente más dañinas y adictivas.
El motivo por el que el FA desistió del autocultivo fue la previsión de los altercados que podrían generarle con los países de la región. Sin ir más lejos, desde el mismo Río+20 en que se encuentra Mujica, llegó la primera crítica. Su par colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió que la decisión del Uruguay “no es la mejor, porque las medidas unilaterales difícilmente van a solucionar problemas que exigen esfuerzos de varios países”. Por otro lado, la diputada nacional de Proyecto Sur Victoria Donda, lo celebró y llamó a “avanzar en una política regional con respecto a la problemática de las drogas”.
El prestigioso especialista argentino, ex titular del Sedronar y actual director de Adicciones de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud Pública de la Nación, Alberto Calabrese, le dijo a Miradas al Sur que le parece “una medida muy inteligente” la anunciada por las autoridades del país vecino y consideró que aquí “deberíamos seguirlos. Uruguay –agregó– siempre da muestras de mayor criterio, independencia, conocimiento de los ciudadanos y de mayores medidas prácticas”.
Al hacer el anuncio, el secretario de la Presidencia uruguaya, Alberto Breccia, pidió a los medios “no tinellizar” el debate que se viene, en referencia a la necesidad de “no banalizar la discusión”. Calabrese reniega de un artículo del diario Clarín en el que esta semana consideraba a la legalización como la amenaza de la banalización. “La banalización es un hecho –explica el especialista– que sucede en la medida en que la gente practica algo y se va olvidando de las prohibiciones primarias, lo mismo que ha pasado con las conductas sexuales. Pero eso no se arregla con prohibiciones, porque las prohibiciones, desde los mandamientos para acá, ya estaban. El tema acá es la contención, la educación, etc. Los mismos que se quejan, por ejemplo, en contra del ingreso de la educación sexual en los colegios, son los que después también se quejan por los embarazos tempranos o las enfermedades no deseadas.”
Como explicó la Comisión Especial en su anexo sobre la despenalización: “El mercado existe porque hay gente que consume y otro tanto que vende, la determinación si ese mercado es negro o legal depende de decisiones políticas. Prohibir una sustancia tiene como primer efecto el aumento del precio de la misma y se convierte en forma automática en un buen negocio. (...) Enriquecerse vendiendo productos ilegales parece una alternativa racional en determinados contextos de exclusión social, por lo que se desencadenan una serie de fenómenos socioterritoriales complejos que ponen en entredicho las funciones del Estado y la cohesión social”.
